La reforma del Código Procesal Penal otorga más poder a fiscales del MPA y a la Policía de Santa Fe para detener, allanar y extender prisiones preventivas en situaciones específicas. Sin los controles adecuados, el nuevo escenario puede generar situaciones de riesgo. La historia reciente sirve de ejemplo.
Con los cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe, en ciertas circunstancias y por determinado tiempo, se amplía la posibilidad de que la policía realice detenciones sin orden judicial.
La Legislatura de la Provincia acaba de aprobar un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo considera esencial en la lucha contra el crimen organizado y la violencia extrema en ciudades como Rosario: se trata de la reforma del Código Procesal Penal que, en definitiva, significa otorgar mayor poder de acción a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y a la Policía de Santa Fe.
En algunos casos específicos, la reforma amplía las posibilidades de realizar allanamientos sin autorización de un juez, detener a personas y mantenerlas durante más tiempo en prisión preventiva.
La mutación de las bandas criminales, los crecientes niveles de crueldad que aterran a la gente y la complejización de los procesos delictivos; plantean la necesidad de adaptar el marco jurídico para hacer más eficiente y dinámica la acción del Estado. No parecen existir demasiadas dudas de que, un nuevo escenario, requiere de nuevas herramientas.
Sin embargo, la decisión de otorgar mayor poder a los fiscales del MPA y a la Policía de la Provincia implicará el fortalecimiento imprescindible de los mecanismos de control institucional y del máximo compromiso de ciertos actores fundamentales del sistema, que hasta ahora no parecen haberse involucrado lo suficiente.
Los motivos de esta advertencia resultan irrebatibles, ya que el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación está envuelto de dudas y sospechas: exfiscales detenidos -como Patricio Serjal, exjefe de los fiscales de Rosario-, fiscales suspendidos por irregularidades -como Cristina Ferraro en Santa Fe o Matías Edery en Rosario-, otros apartados de sus cargos e, incluso, áreas claves intervenidas por decisión de la fiscal general María Cecilia Vranicich.
Tres ejemplos cercanos permiten entender el riesgo que implica la deficiencia en los controles y el trabajo ineficiente por parte de los investigadores:
La acusaron por un supuesto caso de grooming a un alumno -acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet-. Recién un año después, el fiscal archivó la causa, ya que se había tratado de un error.
Sadonio terminó en una celda de aislamiento de la cárcel de Las Flores, donde permaneció durante diez días. Durante las primeras 48 horas de detención, ni siquiera sabía por qué lo habían apresado. Luego supo que estaba en prisión como sospechoso de haber organizado el asalto que terminó con el asesinato del empresario Hugo Oldani, el 11 de febrero de ese año.
El tiempo reveló que todo se había tratado de una equivocación generada por los mismos investigadores. A Sadonio lo sobreseyeron definitivamente recién en abril de 2023, pero su vida y la de su familia habían cambiado para siempre.
Estuvo dos meses preso, acusado del copamiento de la subcomisaría de Arroyo Leyes. Finalmente, se dieron cuenta de que se habían equivocado y que el delincuente era otro hombre, con el mismo nombre.
Las historias de policías corruptos se multiplican. Más de la mitad de los condenados en 2018 durante el primer gran juicio a la banda de Los Monos eran efectivos policiales.
Hace apenas cuatro semanas, cinco policías fueron imputados y pasados a disponibilidad en Rosario nada menos que por haber “plantado” las armas que fueron utilizadas en distintas balaceras y amenazas contra gobernador Maximiliano Pullaro; mientras que al menos dos de los últimos cuatro homicidios más resonantes en esa ciudad fueron cometidos con balas policiales.
Entre 2019 y 2023, un total de 357 policías fueron expulsados de la institución por situaciones irregulares o por corrupción.
Ahora, fiscales y policías tendrán más poder para allanar inmuebles, para detener a personas sospechosas y para mantenerlas durante más tiempo privadas de su libertad en casos específicos y bajo ciertas circunstancias.
La nueva ley es mucho más que un simple retoque en la letra de un Código.
Ante un MPA poco confiable y esta policía sospechada y con escasos niveles de formación; los cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe implican mayor responsabilidad para cada uno de los actores del sistema.
Para la Fiscalía General, los fiscales regionales y, sobre todo, para los jueces; quienes hasta ahora no siempre pudieron, supieron o se esmeraron por actuar con el cuidado necesario para controlar el trabajo de los fiscales.
Quizá se trate de cambios absolutamente necesarios. Sin embargo, si los mecanismos de control no funcionan adecuadamente, las consecuencias pueden ser nefastas.
El fin trascendental del andamiaje jurídico debe ser, en definitiva, que ningún inocente termine siendo injustamente condenado.
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