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En un extenso descargo titulado "No más impunidad", Arrieta compartió detalles sobre cómo estos grupos de WhatsApp se crearon para organizar encuentros con militares condenados durante la dictadura militar de 1976. Entre los involucrados, menciona a diputados como Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo, quienes habrían participado en reuniones secretas y reservado en la calle Montevideo de Buenos Aires.
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la implicación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según Arrieta, Bullrich habría facilitado las visitas al penal a través de contactos con el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. La legisladora también menciona que la abogada Laura Olea y otros integrantes del grupo compartieron documentos para modificar leyes y beneficiar a los militares encarcelados.
A medida que se acercan cambios dentro del bloque, surgen rumores sobre la posible expulsión de Arrieta y el senador Francisco Paoltroni, quienes fieron catalogados como "librepensantes" dentro del grupo. Esta decisión, según trascendidos, se basaría en la tensa relación interna y las diferencias con la agenda oficial de Milei.
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La depuración de los bloques de La Libertad Avanza
En el Gobierno evitan confrontar con “los librepensantes”, pero cobran fuerza los trascendidos que aseguran que el martes habrá una reunión donde se les notificará la expulsión del bloque a la diputada Lourdes Arrieta y al senador Francisco Paoltroni. Según argumentan, ninguno de los dos responde al Poder Ejecutivo y transitan su propio camino político.
La decisión se tomó a raíz de la tensa reunión que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso y que culminó con una denuncia de violencia de género labrada por Arrieta contra el diputado Guillermo Mayoraz, tras un cruce por la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza.
“¿Me quieren expulsar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, contrapuso la diputada, y concluyó: “Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del Presidente la reivindicación de condenados por lesa humanidad. Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de quienes organizaron y con qué intenciones”.
