El legislador peronista se quedó sin los argumentos que planteó durante todo este tiempo: que había una animosidad en su contra de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes habían pedido su desafuero en diciembre de 2020.
Casi cuatro años después, los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina esgrimieron en la audiencia que presidió la jueza Eleonora Verón una batería de detalles que dejan a Traferri en una situación delicada, porque su defensa deberá rebatir acusaciones de peso en su contra.
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Los fiscales colocaron al senador como el jefe de una asociación ilícita, en “el escalafón más alto de esta estructura delictiva, cuyo principal objetivo estaba destinado a dar cobertura al juego clandestino en Santa Fe y ocultar y beneficiarse ilegítimamente de las ganancias del mismo, encargándose de asegurar tal actividad, como así también a los miembros de la organización, protección tanto política como judicial".
"Esto último fundamentalmente en materia de justicia penal -continúan- , logrando para ello infiltrarse en el MPA a través de la participación delictiva endilgada a Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson Ugolini con el exclusivo fin de favorecer la actividad ilegal aludida y generar acuerdos de impunidad a favor de Leonardo Peiti, quien estaba a cargo de la organización de los sistemas de captación de juegos de azar y era la figura más relevante en materia de recaudación, y por lo tanto desde donde se iniciaba el reparto del dinero producido por la organización criminal”.
Los puntos centrales de la acusación se centran en que Traferri se “aprovechó” de su condición de senador provincial para, por un lado, “recibir dinero”, tanto a través de terceras personas, como ser del exsecretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco, como también personalmente, que tenía origen en el juego clandestino. Principalmente recibió dinero de parte de Peiti.
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De acuerdo a la mirada de los fiscales, Traferri hizo otra maniobra clave. Vinculó a Peiti con el exfiscal Regional, Patricio Serjal, y con su adjunto, Gustavo Ponce Asahad, para “lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal”.
En el plano político, según la acusación, el senador del PJ “procuró tener bajo su control una comisión bicameral a los efectos de reglamentar la regulación del funcionamiento de casinos y bingos locales en Santa Fe”.
Además, Traferri, de acuerdo a lo que se expresó en la audiencia, “ordenó a Peiti transferir su acervo de cuotas societarias de la empresa “Wildar Gaming SA” en favor de otro miembro de la asociación ilícita, concretamente en favor de José Francisco Fernández Chemes, instándolo a que haga lo mismo en relación a la empresa Southgame S.A en favor del expiloto Oscar “Popi” Larrauri, a fin de que ya Peiti no figurase como titular y para que se pudiese gestionar exitosamente la concesión de la tecnología VLT (Virtual Lottery Terminal) en la Legislatura provincial.
Los fiscales señalaron que el senador mintió a la Justicia al declarar que había conocido a Peiti en 2020. Según las pruebas, ambos se comunicaban desde 2017, aunque en realidad se habían conocido en 2015 y que los presentó el entonces secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco.
Los fiscales señalaron que Traferri se encargó de gestionar para Peiti, cuando estaba en prisión preventiva, una internación en una clínica psiquiátrica. Adujeron que destinó subsidios que tenía como senador a pagar a dos psiquiatras para dictaminar la necesidad de que quedara internado en una clínica. "En base a esos informes se concedió una morigeración de prisión para Peiti en la clínica residencial Mendoza", indicaron los acusadores.
Traferri no sólo fue acusado como jefe de una asociación ilícita, sino además se sumó un hecho de tráfico de influencias hacia el Ministerio de Seguridad y otros cuatro ante funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación.
Lo acusaron también de delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo en calidad de autor y peculado de caudales públicos. La imputación quedó en consideración de la jueza, quien al cabo de la audiencia decidirá si le da curso. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9.
