En Rosario se juzga en estos momentos al líder de la Banda de Los Monos, por ordenar balaceras desde la cárcel.
Gentileza
"Mi oficio es contratar sicarios para tirotear a jueces", les dijo en la cara el líder de la banda de Los Monos, Máximo "Guille" Cantero, a los integrantes de la Justicia que comenzaron a enjuiciarlo por organizar desde su celda algunas de las tantas balaceras que asolan a la ciudad de Rosario.
Como pocas veces, un acusado confesó ante los mismos que lo juzgan el delito que se le atribuye. Lo dijo sin vueltas y con total desparpajo, ante la perplejidad de todos. Si no fuese porque el Estado debe probar el delito cometido por el acusado, el juez podría haber bajado el martillo y dar por terminado el proceso.
Para cometer el delito que abiertamente reconoce, Máximo "Guille" Cantero necesitó irremediablemente de una herramienta para comunicarse con el exterior del penal, ubicar a esos sicarios y contratarlos para tirotear jueces. Para lograr su objetivo, Máximo "Guille" Cantero necesitó de un teléfono.
Durante los primeros siete meses de 2021, el Servicio Penitenciario de Santa Fe detectó 3.656 celulares en las cárceles de la provincia. Todos ingresados de manera irregular a los penales.
Leer más ► Las cárceles de la provincia de Santa Fe se convirtieron en verdaderos "call centers"
Pero Cantero ni siquiera necesitó esforzarse por ingresar ilegalmente un aparato a la celda de la cárcel federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Dos días después del inicio del juicio y de aquella temeraria frase del líder de Los Monos, se supo que el detenido se encuentra en un pabellón pequeño, que cuenta con un teléfono público y que el aparato tiene un cable lo suficientemente largo como para que el preso lo lleve hasta su celda y pueda hablar desde ese lugar de privacidad.
Otra vez la perplejidad general. El Estado juzga a un preso por organizar y ordenar delitos desde las cárceles. Y el mismo Estado le suministra la herramienta indispensable para que pueda cometer ese delito. Salvando la distancias, a nadie se le ocurría entregarle un arma de fuego a un preso acusado de homicidio. En este caso, el teléfono que se pone a disposición de Cantero termina convirtiéndose en el nexo imprescindible con el sicario que mata en las calles de Rosario. Sin teléfono, no hay disparos. En este caso, el teléfono se convierte en un arma.
Leer más ► Ariel "Guille" Cantero y Armando Traferri: el hilo que los conduce a la misma trama
Pero había más. Un día después de que trascendiera la información de que Cantero tiene la posibilidad de hablar telefónicamente desde su celda, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, dijo que los presos están privados de su libertad, pero esto no significa que estén incomunicados.
Y adelantó: “En este momento no hay más teléfono en ese pabellón, lo que tengo que hacer inmediatamente es conseguir que la empresa telefónica coloque un teléfono nuevo porque si no voy a tener planteos por vía de habeas corpus por negar la comunicación a la personas de ese pabellón”.
En definitiva, todo indica que por estas horas el Estado trabaja para que el acusado de ordenar balaceras desde la cárcel vuelva a contar con la herramienta imprescindible para cometer ese delito. "En otras prisiones usan el teléfono celular”, pero en Marcos Paz no hay señal, agregó la funcionaria nacional.
Es cierto que Máximo "Guille" Cantero tiene el derecho a estar comunicado con el exterior. Pero también es verdad que los habitantes de la ciudad de Rosario tienen el derecho de transitar las calles sin temer que alguna de las balas ordenadas por Cantero termine acabando con sus vida.
"Ningún derecho es absoluto", advirtió el abogado penalista y profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, Néstor Oroño, en el programa Creo, que se emite cada mañana por Aire de Santa Fe.
La colisión de derechos se produce de manera permanente y en todos los ámbitos de la convivencia. Los ejemplos en este sentido abundan: cada vez que se realiza un piquete que impide el tránsito por calles o rutas del país, colisionan el derecho a protestar y el derecho a circular libremente. En pandemia, cuando se ordenó un estado de aislamiento general, colisionaron el derecho a transitar y trabajar, con la necesidad de preservar la salud pública y proteger la vida.
Es cierto que siempre existen miradas distintas sobre una situación en particular. Las famosas "dos o más bibliotecas" son reales y afortunadamente no solo hay una manera de ver y de hacer las cosas.
La única forma de garantizar la coexistencia y armonía de una sociedad pasa por establecer una serie de normas generales. Y frente a determinados casos en particular, se deben tomar decisiones que permitan que, ciertos derechos, prevalezcan sobre otros.
Ese rol clave e imprescindible corresponde a los integrantes del Poder Judicial. Quizá pueda parecer algo naif o poco sofisticado decirlo de esta manera, pero por momentos crece la sensación de que algunas decisiones de la Justicia colisionan contra el sentido común.
Equiparar el derecho del líder de la banda más sanguinaria de la provincia de Santa Fe a estar comunicado, con el derecho de que el resto de los ciudadanos transite las calles sin temor a perder sus vidas, parece una postura que atenta contra toda lógica.
"Si algún juez decide intervenir ese teléfono público puede estar intervenido y se escuchará. Pero el Servicio Penitenciario no puede hacer eso sin orden judicial”, dijo Garrigós de Rébori. Y tiene razón.
Mientras nadie ordene lo contrario, el Estado continuará garantizando que un delincuente encerrado en una cárcel federal de la Argentina, acceda al arma que necesita para seguir delinquiendo. Incluso, cuando este mismo delincuente reconoce su delito en la cara de los jueces.
Escuchá la entrevista al docente de la UCSF, Dr. Néstor Oroño.
Te puede interesar
Dejá tu comentario