Las leyes para girar más recursos a las provincias quedaron frenadas por el receso del Congreso. El entorno de Milei le aconseja no llevar la pelea hasta un punto de no retorno.
En la inauguración de la Exposición Rural 2025, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos se fotografió con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Carlos Sadir (Jujuy); Raúl Jalil (Catamarca); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Sergio Ziliotto (La Pampa); Marcelo Orrego (San Juan); Ignacio Torres (Chubut); y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.
El receso invernal en el Congreso de la Nación abrió una tregua obligada entre la Casa Rosada y los gobernadores, enfrentados por la discusión de dos proyectos de ley que, de aprobarse, establecerán un esquema de mayor reparto a las provincias de recursos coparticipables que retiene la Nación.
El presidente Javier Milei anticipó que vetará ambas iniciativas por considerar que vulnerarían el equilibrio fiscal, aunque los sectores dialoguistas del oficialismo advierten sobre la inconveniencia de una escalada en el conflicto.
En efecto, en el gobierno libertario no son pocas las voces que le aconsejan al presidente no llevar el enfrentamiento a un punto de no retorno. Sostienen que, aún ganando las elecciones de octubre próximo, el oficialismo estará lejos de tener mayoría en ambas cámaras, por lo que necesitarán de los mandatarios provinciales –y de sus legisladores– para aprobar las leyes estructurales que el Gobierno pretende impulsar durante la segunda etapa de su mandato. Se trata de las reformas previsional, tributaria y laboral, todas ellas comprometidas con el FMI.
LEER MÁS ► El Gobierno apelará el fallo que suspendió la disolución de Vialidad Nacional
En la línea dialoguista se enrolan el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el principal nexo con los gobernadores. También el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los tres integrantes del “triángulo de hierro” junto al propio Milei y su hermana Karina. Incluso Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dejó trascender que no conviene llevar al extremo los conflictos con los gobernadores aliados, menos aún en vísperas electorales.
Los mandatarios provinciales aseveran que no bajarán sus banderas e insisten en que los proyectos en cuestión no alterarán el equilibrio fiscal de la Nación. Una de las iniciativas propone la coparticipación diaria y automática de la totalidad del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que este año recaudaría alrededor de un billón de pesos.
En la actualidad la Nación reparte un pequeño porcentaje de ese fondo, pese a que se nutre de recursos coparticipables; el resto lo retiene. El proyecto de los gobernadores propone un nuevo esquema por el cual a la Nación le correspondería el 41,2% de lo recaudado mientras que el 58,8% se repartiría entre las provincias.
Según un informe de la Fundación Mediterránea, se trata de una masa de recursos que, solo durante el segundo semestre de este año, alcanzaría los 334.563 millones de pesos.
De acuerdo a ese mismo informe, Buenos Aires, por ser la provincia con mayor índice de coparticipación (21,2%), recibiría la mayor tajada del fondo de los ATN con 70.971 millones de pesos adicionales durante el segundo semestre de este año.
En el podio les siguen Santa Fe y Córdoba: a esta última provincia, de no recibir un peso de ATN desde que asumió Milei, pasaría a cobrar 28.697 millones de pesos de aquí a fin de año. Santa Fe, en cambio, ya recibió 4.236 millones de pesos, pero con la ley recibiría siete veces más: 28.883 millones.
El otro proyecto en debate propone un nuevo esquema en el reparto de lo producido por el impuesto a los combustibles al aumentar al 57,07% la participación de las provincias del total de lo recaudado.
LEER MÁS ► Cómo sigue la negociación entre Santa Fe y Nación por la deuda previsional
Según la Fundación Mediterránea, si se estiman los montos a recibir por cada provincia con el proyecto de ley en el segundo semestre de 2025, todas las jurisdicciones subnacionales se verían favorecidas, desde un 38% en el caso de Neuquén, hasta un 725% cuando se trata de CABA, y una suba promedio del 124% para el consolidado de provincias. Para el total de las provincias implica el equivalente a incrementar un 2,5% los envíos automáticos por coparticipación.
Aunque los gobernadores lo nieguen, ambos proyectos impactan negativamente en las arcas públicas por cuanto la Nación cuenta con esos recursos para sostener el superávit fiscal. Los mandatarios provinciales insisten en que se trata de fondos que, en buena parte, les corresponden a sus distritos. Advierten que, de no mediar una negociación con la Casa Rosada –por ahora no hay reuniones previstas–, irán a todo o nada en el Congreso para que las iniciativas sean convertidas en ley en la Cámara de Diputados el mes próximo.
Te puede interesar
