Este miércoles, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se refirió a la polémica que se generó luego de que el presidente Alberto Fernández dijera en el Congreso de la Nación que había que ejercer un "control cruzado" del Poder Judicial. El debate se puso en llamas cuando el senador kirchnerista Oscar Parrilli dijo que impulsaría la creación de una comisión bicameral para que ejerza este control.
“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento", dijo la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
“La comisión bicameral es un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribuciones de otros poderes como son las cuestiones disciplinarias y sancionatorias porque eso sería inconstitucional”, afirmó Losardo en El Destape.
La funcionaria explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funcionamiento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar magistrados y eventualmente destituirlos.
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Este lunes, Parrilli había reconocido que pretendían poder citar a jueces y fiscales para que den explicaciones por sus decisiones. La abogada Graciana Peñafort, integrante del equipo de Cristina Kirchner en el Senado, había ido más allá y había planteado la posibilidad de “remover” jueces.
Sobre esto, Losardo dijo: “En realidad lo que planteó el presidente es que el Congreso asuma el rol cruzado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son facultades que tienen otras instituciones”.
El rechazo de los magistrados
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que rechaza esta iniciativa del Gobierno. A través del escrito publicado en su sitio web, afirmó que "la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático".
"La Asociación de Magistrados se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que degraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que todos debemos construir", señaló.
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