Según un promedio de encuestas, Juntos por el Cambio gana por tres puntos, pero la diferencia se achica y Sergio Massa sería el precandidato más votado el 13 de agosto.
En la sede del Banco Central, entre miembros del Directorio se repite una frase que impuso su vicepresidente segundo, Lisandro Cleri: “Podemos tensar las relaciones al máximo, pero hay que hacer foco en la herencia del macrismo, no podemos hacer campaña contra el FMI”… aunque el FMI la haga en contra de Unión por la Patria, podríamos agregar.
Tal como anticipáramos a principios del mes pasado, primó la postura que aconsejara públicamente un sobreviviente de la última dictadura militar argentina y ex director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI: no anticipar desembolsos para el salvataje de un gobierno “populista” y sin capital político, que no muestra “un programa más sensato”.
Lo dice el mismo tecnócrata que en 2018 acompañó el disparate de prestarle 57.000 millones de dólares a un gobierno que “sí tenía un programa de políticas públicas consistente”. Pasando en limpio, no importa cuánto se esmere Sergio Massa (y Cristina Kirchner consienta) en agradar al FMI, está resuelto que los 7.500 millones de dólares no llegarán sino hasta después de las PASO y puede que tampoco antes de octubre, para negociar directamente con el gobierno que asuma en diciembre.
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Este panorama ha generado opiniones divididas en Unión por la Patria acerca de la conveniencia de que Sergio Massa siga sosteniendo la doble condición de ministro y candidato. Cristina ya le había aconsejado en marzo (cuando su candidatura era un hecho acordado y el FMI presionaba por lo mismo de siempre) que renuncie a la cartera económica y se dedique a recorrer el país, sin esperar mejoras en los indicadores económicos.
Excepto por el anuncio de la fórmula “oficial”, nada ha cambiado; luego de un descenso de 1,8 puntos para redondear un 6% de inflación promedio en junio, y a la espera de la publicación oficial de mediados de agosto, el REM (Reporte de Expectativas de Mercado) anuncia un índice con un piso del 7% para julio y un techo que se acercaría al 8%.
El acuerdo con el FMI es inflacionario desde siempre: con o sin guerra, con o sin sequía. Ya no hay tiempo de medidas con impacto generalizado e inmediato, tampoco es posible evitar que la performance del ministro afecte las chances del candidato, pero seguir con una campaña espasmódica a una semana de “la primera vuelta real y mejor encuesta nacional”, impide lograr mejores efectos.
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“Tiene que renunciar ya, los focus demostraron que ninguno que los no peronistas que está decidiendo si va a votar o a quién, valora un esfuerzo que llevó la inflación del 78% al 115% en menos de un año y que no logra recuperar el poder adquisitivo de los salarios”, asegura el encuestador Raúl Timerman.
El español Alfredo Serrano Mancilla (que elabora un promedio de encuestas que se acercó bastante al resultado de las PASO 2021) asegura que Juntos por el Cambio sigue ganando por tres puntos, pero la diferencia se achica y Massa sería el precandidato más votado (23,1%); “eso podría mejorar si se plantase exclusivamente como candidato”.
Pero la clave sigue siendo el problema de los salarios contra inflación, un maridaje de variables que analizan los Informes de MATE (Mirador de la Actualidad, del Trabajo y la Economía) y cuyos resultados ya configuran una característica de la gestión del Frente de Todos.
Según el Informe de julio de 2023 de MATE y exceptuando el breve efecto de la aplicación de sumas fijas en enero 2020, el nivel real del salario de los privados registrados estuvo siempre por debajo del valor promedio del último año de Cambiemos.
A junio 2023, ese valor alcanzó los $296.472 contra $314.170 de 2019, mientras que en mayo 2023 –si bien estaba levemente por encima del valor registrado por MATE– seguía por debajo de los que dejaba un gobierno que produjo una pérdida de 20 puntos para los formales y los consideraba el principal costo a bajar. Veamos dos cuadros elocuentes.
Como puede verse en el segundo gráfico, existe una pérdida acumulada desde 2015, que asciende a $87.250, que también lo sitúa por debajo del promedio salarial de la década de 1990. Sin mucho margen para revertirlo de aquí a diciembre, puede afirmarse que el salario bruto real cayó en los cuatro años de mandato del Frente de Todos, un dato que está preso de las condicionalidades que impone el acuerdo con el FMI y las limitaciones (sino la renuncia manifiesta) de la coalición gobernante para enfrentar una correlación de fuerzas desfavorable.
La pregunta que cabría hacerse a estas alturas es qué cosa le están reprochando los gobernadores, intendentes y referentes de La Cámpora al catalán Antoni Gutiérrez Rubí y si efectivamente creen que las razones por las que la campaña no termina de desplegarse, ni parece surtir el efecto deseado, son “la kirchnerización del discurso”, las dificultades para movilizar militancia por parte de los aparatos provinciales, las estocadas de Juan Grabois (que ya contestan con igual dureza desde Amado Bodou hasta Malena Galmarini) y no esta realidad demoledora: que el Frente de Todos no consiguió devolverles a los trabajadores –muchos de los cuales son votantes tradicionales del peronismo– ni siquiera uno de los 20 puntos perdidos durante el macrismo y les produjeron una caída adicional del 2,9% a los formalizados y del 19,2% a los informales.
Pero MATE presenta otros datos impactantes cuando analiza quiénes perdieron con la caída persistente del costo salarial.
De tal modo, el bolsillo de cada trabajador perdió sin remedio más de 4,5 millones de pesos desde 2016 y el Estado dejó de recaudar de manera directa 1,8 millones por cada uno de los 6 millones de empleados privados registrados, lo que suma un monto equivalente a 12 impuestos a las grandes fortunas.
Lo que nos lleva a una segunda pregunta para los que –como Dante Sica, en nombre de Patricia Bullrich– impulsan abiertamente una suspensión de la ultra actividad de los convenios colectivos “para ponerlos en condiciones modernas” (es decir de esclavitud): ¿realmente creen que se pueden pagar peores salarios que los actuales?
Sin dudas lo creen, con la complicidad de dirigentes sindicales como Jorge "Loma" Ávila (secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut), que ya sufrió los efectos de la adenda al Convenio Colectivo de 2017 –no él sino los trabajadores que representa– pero “arregló” con el flamante gobernador de Juntos por el Cambio Ignacio Torres.
Se convirtió en diputado nacional de una expresión que les dijo a los directivos del Wilson Center (y a todos los trabajadores que sepan leer y entiendan español) que “cuando ganemos, la única reforma que podría causar fricciones es la laboral, pero no nos va a pasar lo que ocurrió durante el gobierno de Macri con la reforma jubilatoria”.
Es decir que la resistencia popular no será un obstáculo para seguir precarizando a los trabajadores, ya sea porque “existe un consenso para ajustar que se notó en elecciones como las de San Luis, San Juan y Santa Fe”, según sostuvo Luciano Laspina, o porque habrá un uso de la fuerza represiva mucho mayor.
El electorado desilusionado con la performance del Frente de Todos hace cuentas elementales (la plata no alcanza, con la suma fija anunciada veremos) y no parece registrar que el cambio que les promete la oposición, lejos de mejorarles el salario y las condiciones laborales, solo puede empeorarlas dramáticamente.
Sin un salariazo que mejore el humor predominante, la “insatisfacción democrática” hoy parece conducirnos a un país pre-peronista, algo que muchos apenas pueden dimensionar, y que pese a todas las profecías aún puede fallar.
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