Dos integrantes de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe dieron sus primeras impresiones sobre el proyecto que busca garantizar derechos gremiales a la policía de la provincia.
Algunas voces advierten que la sindicalización policial puede acarrear protestas que pongan en riesgo la paz social, como ocurrió en diciembre de 2013.
La comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe tiene en agenda dos proyectos de ley que generarán un intenso debate legislativo en los próximos meses: la sindicalización de la policía de Santa Fe e integrantes del Servicio Penitenciario.
Las iniciativas fueron impulsadas por la diputada de Somos Vida, Beatriz Brouwer, quien en diálogo con AIRE explicó que “el objetivo es darle un marco legal a un sindicato que defienda al trabajador de la policía”, y aclaró: “Planteamos que tengan derechos a defender su posición de trabajador, pero sin derecho a huelga”. La legisladora precisó que los proyectos ya están en la comisión de Asuntos laborales para su tratamiento.
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En cuanto a las principales quejas de los integrantes de la policía y del Servicio Penitenciario, Brouwer señaló que “consideran que la salud mental es prioridad, porque les afecta la exposición”.
Vale recordar que en diciembre de 2013 se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe una violenta protesta policial –en reclamo de mejoras salariales– que incluyeron ruidosas manifestaciones con personal frente a la Casa Gris y a la Unidad Regional I, que generaron momentos de incertidumbre y zozobra en la ciudadanía santafesina.
La Justicia Federal de Santa Fe decidió en junio de este año absolver a los tres sargentos de policía acusados por el hecho. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Elena Dilario.
Para conocer las primeras opiniones sobre los proyectos, AIRE dialogó con dos legisladores que integran la comisión de Asuntos laborales, encargada de analizar las propuestas y de dictaminar –si así lo consideran– para su posterior tratamiento en el recinto.
Para el diputado del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Carlos Del Frade, el debate sobre la sindicalización policial es una oportunidad para generar conciencia de trabajadores públicos y desterrar los nichos de corrupción policial.
“La idea de generar un sindicato policial siempre es una idea muy importante en la medida que definamos una conciencia de trabajadores públicos en pos de la construcción de una seguridad democrática y ciudadana”, dijo el legislador, aunque supeditó esa posibilidad a una reforma orgánica de la policía.
Siguiendo el mismo concepto, Del Frade lamentó que dicha reforma no esté en agenda del gobierno provincial y remarcó que “es allí donde tenés que dar un amplio margen para la discusión de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y generar la construcción de una conciencia trabajadora”.
Por otro lado, el diputado calificó de “interesante” que los proyectos hablen de ámbitos de discusión paritaria y de profundizar los Consejos tripartitos para discutir cuestiones laborales. “Especialmente para eliminar los nichos de corrupción que nos ha costado mucho en la provincia de Santa Fe”, sostuvo.
Por su parte, el diputado de la UCR, Martín Rosúa, se mostró completamente en contra de sindicalizar a la policía. “Estoy en contra de estas cuestiones de legislar copiando realidades que no tienen nada que ver con Argentina. Toman ejemplos de países nórdicos porque funciona bien y lo quieren aplicar acá”, cuestionó.
Según Rosúa, “primero hay que analizar la realidad social sobre la que se legisla” y advirtió que “la policía de Santa Fe tiene tendencia al autogobierno, a escaparse del control político y con rupturas de la verticalidad y la cadena de mandos. Esas cuestiones hay que solucionar y no complicarla”.
Además, el diputado explicó que la idea de reconocer derechos gremiales a la policía “es ir en contra de la propia naturaleza de la fuerza, cuyas funciones están vinculadas a la verticalidad y a la cadena de mandos”, y precisó: “Si le damos la facultad de usar la fuerza en representación del Estado para mantener la paz social, le vamos a tener que poner límites. Y eso es la verticalidad y la cadena de mandos, sumado al estricto cumplimiento de las órdenes. Eso choca con la idea de un sindicato”.
“Hay buena intención, hay buena voluntad, pero choca contra la realidad”, dijo Rosúa y apuntó: “Una vez que abriste la caja de pandora porque les permitiste sindicalizarse, ¿cómo hacés para no darles derecho a huelga? El conflicto aparece solo”.
En la misma dirección, el legislador de la UCR adelantó que este tipo de iniciativas podrían acarrear “resistencias colectivas a posibles reformas, la protección corporativa y generar la cultura de la impunidad”.
Rosúa sostuvo que la idea es promover mejoras en las condiciones laborales de la policía, pero no sindicalizarla. “Si creemos que hay derechos laborales que deben mejorarse, valorémoslo. Generemos mejores condiciones de trabajo, defendámoslos cuando tengan problemas judiciales por el cumplimiento de su deber, creemos planes de viviendas, pero no tomemos medidas como la sindicalización que terminará con medidas de fuerza que pongan en riesgo la paz social”, advirtió.
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Por último, hizo referencia a un fallo de la Corte de la Nación de 2017 que dice que la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene el derecho de representarse colectivamente y rechazó el derecho a huelga.
Al ser consultado sobre las iniciativas, el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, dijo a AIRE que no estaba al tanto de los detalles de los proyectos, aunque remarcó que “no forma parte de nuestro programa inicialmente”.
El artículo 1 de las iniciativas plantean que los empleados del personal dependiente de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario “gozan del derecho de ejercer la libertad sindical, constituir organizaciones y afiliarse en el marco de los derechos consagrados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y conforme lo establece la Ley Nacional Nº 23.551”.
Luego, los proyectos advierten que el personal policial y de guardiacarceles solo podrá afiliarse a organizaciones sindicales formadas exclusivamente por policías y guardiacarceles provinciales. Además, establece que “dichas organizaciones no podrán federarse o confederarse con otras”.
En otro tramo del proyecto, se aclara que la participación de estos trabajadores en organizaciones gremiales no podrá ser motivo de falta disciplinaria alguna, sanciones, traslados y hostigamientos o cualquier medida que provoque perjuicios a los mismos.
Concretamente, la policía y el Servicio Penitenciario estarán facultados a la sindicación y a la acción sindical, en la forma y con los límites normativamente previstos, a la negociación colectiva, entendida, a los efectos de esta Ley, como la participación a través de las organizaciones sindicales representativas, en el marco de negociaciones paritarias con el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Seguridad o el organismo que corresponda, a ser informados, a través de las organizaciones sindicales, de los datos que facilite el Ministerio de Seguridad o el organismo que determine el Poder Ejecutivo respecto de las materias que sean objeto de estudio y al planteamiento de conflictos colectivos generados con el cumplimiento de sus tareas.
En cambio, quedará totalmente prohibido realizar acciones o medidas de fuerza que resientan el servicio de seguridad pública o sus funciones específicas, ocupar dependencias policiales o edificios públicos en oportunidad de sus reclamos, utilizar bienes, móviles, uniformes o equipos de comunicaciones o elementos propios de sus funciones en momentos de realizar reclamos del tipo sindical, portar y/o el utilizar sus armas de fuego reglamentarias asignadas con motivo de sus funciones ocasión de sus reclamos y hacer movilizaciones o reclamos colectivos estando de servicio.
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