Cristina Kirchner no cree en la viabilidad de la política económica que comanda el ministro Martín Guzmán quien, por ahora, resiste en su cartera gracias al respaldo del presidente. Lo expresaron sin tapujos los legisladores kirchneristas que, al finalizar la sesión del Senado, hicieron público un documento por el cual explicaban sus razones del rechazo al acuerdo con el FMI. Hablaban por boca de la vicepresidenta.
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Luego de la sesión en el Senado, los legisladores kirchneristas hicieron público un documento con fuertes críticas al acuerdo con el FMI.
Ese documento podría resumirse en los siguientes ejes:
- Las metas de reducción del déficit fiscal pactadas con el FMI inducirán, sostienen, a un ajuste del gasto público. “A pesar de nuestra voluntad de honrar las deudas, sabemos que ajustar a los sectores de ingresos medios y bajos es por definición contraproducente con los propios objetivos de crecimiento económico”, advirtieron.
- La suba de las tasas de interés para lograr una tasa real positiva (por encima de la inflación) “traerá un desincentivo directo al consumo, a la inversión productiva y al crecimiento económico”, sostienen.
- “La meta de reducción de inflación nunca podrá ser cumplida”, señalaron los legisladores cristinistas. Argumentaron que la reducción del financiamiento monetario, la quita de subsidios energéticos, el congelamiento del tipo de cambio real y los precios al alza generarán “inflación por aumento de costos”.
Así planteadas las cosas, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner hay dos visiones antagónicas de cómo encarar el rumbo económico en los próximos dos años que queda de mandato. La puja entre ambos, lejos de fortalecer a uno o a otro, los debilita: Fernández podrá aducir que el kirchnerismo quedó reducido a una fuerza testimonial compuesta de un tercio de los legisladores en ambas cámaras, mientras que él cuenta con el apoyo de los gobernadores, de las principales centrales obreras y de las tres cuartas partes de los bloques legislativos.
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El ministro Martín Guzmán está en la mira del kirchnerismo, que no comparte el rumbo de la gestión económica.
Sin embargo, con la coalición oficialista quebrada, el jefe de Estado tiene menos de cien diputados y apenas veinte senadores para lograr que sus iniciativas atraviesen las dos cámaras del Congreso. Debilitado y con su palabra devaluada, Fernández deberá gobernar los próximos dos años bajo el fuego cruzado de la oposición y la compleja interna palaciega que protagonizarán la vicepresidente y Máximo Kirchner.
En el Gobierno señalan que los anuncios de “guerra contra la inflación” son la “bala de plata” que le queda al Presidente para recuperar a su gobierno de una derrota electoral en 2023. Los anuncios comprenden una suba de retenciones de 31% a 33% de las exportaciones de harinas y aceite de soja; una ampliación de fideicomisos para subsidiar el precio interno de los productos locales, una profundización de congelamientos de precios y Precios Cuidados y más intervenciones estatales en la economía.
Con un índice de inflación del 4,7% el mes pasado y la posibilidad de que trepe a 5% este mes, economistas, empresarios y dirigentes políticos descreen que estas medidas sean efectivas para aliviar el flagelo de la inflación, al menos en el primer semestre.
Guzmán está en la mira: apuntado por el kirchnerismo, cuestionado por Sergio Massa y desconfiado por los propios albertistas será hostil todo lo que venga para el ministro a partir de ahora. La cuestión energética promete ser la próxima crisis que afrontará el joven ministro; sin divisas suficientes, con los precios en alza por el conflicto en Ucrania, Guzmán enfrenta el dilema de abastecer el mercado interno durante el próximo invierno y, al mismo tiempo, reducir los subsidios para cumplir con las metas pactadas con el FMI.
¿Sobrevivirá al desafío?
