La semana que comienza será decisiva para el Gobierno de Javier Milei. Arrancan las sesiones extraordinarias en el Congreso y, con ellas, el desafío del oficialismo de aprobar la ley de presupuesto 2026 y reunir los consensos para avanzar en la ambiciosa reforma laboral que el presidente envió al Senado.
Patricia Bullrich, devenida en la “mujer fuerte” del Senado en su rol de jefa del bloque libertario, cree que podrá aprobar la media sanción del proyecto laboral en tiempo récord, antes de fin de año. Difícil que eso suceda. La iniciativa del Gobierno es por demás compleja porque no solo propone modificaciones a la ley actual en lo que respecta a las condiciones laborales (indemnizaciones, despidos, horas extra, etc.), sino que también se inmiscuye en el financiamiento de los gremios y, como si fuera poco, incluye un capítulo tributario que, en líneas generales, busca beneficiar a las empresas.
La CGT convocó para la semana próxima a una movilización en Plaza de Mayo para protestar contra la reforma laboral y activó contactos con los bloques peronistas de ambas cámaras para que se rechace el proyecto.
El oficialismo, robustecido en ambas cámaras con la renovación parlamentaria, confía en sortear las dificultades con sus aliados del PRO, de la UCR y de algunas provincias aliadas. Empero, al no tener mayoría propia nada está garantizado hasta el instante final de la votación.
Las contingencias de la política y la economía, que suelen afectar el humor social de un día para el otro, son variables que el Gobierno no puede manejar. La moneda está en el aire.
Los gobernadores cercanos al Gobierno, por lo pronto, no aseguraron su apoyo ni mucho menos se comprometieron a colaborar para que el proyecto tenga una sanción exprés, como pretende Bullrich. “Hay acuerdo en discutir una reforma, pero lo que mandó el gobierno es difícil. Muchos títulos, muchos puntos y se pierde el foco”, deslizan desde Provincias Unidas.
Flavia Royon
“Es un error tratar un proyecto de esta magnitud con apuro e improvisación”, advirtió la senadora Flavia Royón, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, respecto a la reforma laboral.
“Es un error tratar un proyecto de esta magnitud con apuro e improvisación. Si no damos una discusión seria, técnica y responsable, podemos perder una oportunidad histórica para generar trabajo formal, atraer inversiones y proteger tanto a trabajadores como a empleadores”, advirtió la flamante senadora Flavia Royón, la voz que representa al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
La urgencia de los mandatarios provinciales está puesta, en cambio, en el presupuesto 2026. Es una certeza que este año habrá ley porque tanto la Nación como los gobernadores la necesitan: el gobierno de Javier Milei ya no tiene margen político para una tercera prórroga consecutiva de la norma actual y los mandatarios provinciales, por su parte, requieren una hoja de ruta para ordenar las cuentas en sus respectivas administraciones.
El trámite parlamentario se iniciará este mismo martes en la Cámara de Diputados y se espera que, para el viernes, el proyecto ya tenga media sanción.
El Senado se convocaría el 29 para la aprobación definitiva. Con el apoyo de los gobernadores aliados –los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) y los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca)– los votos estarían asegurados para la sanción en general.
El desafío será la discusión en particular de los artículos y el riesgo de que la oposición logre meter la cola con la inclusión de algún gasto fuera del libreto oficialista.