Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, indicó que, a través de este monitoreo, quedaron vigentes sólo 4 “de las 50 políticas de cuidados existentes” a nivel nacional.
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“Las (políticas de cuidado) que quedan son vinculadas a transferencias directas de ingresos, como es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, reforzándose el modelo del individualismo. Lo que resulta sumamente insuficiente, a pesar de que la AUH ha tenido un incremento en su valor, pero que no alcanza para cubrir las demandas de cuidados en las familias”, expresó.
Según los datos del informe, que se refleja también en los reclamos de todos los miércoles en la marcha de los jubilados, los adultos mayores “deben elegir entre comer o medicarse”.
“Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan otros $45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobres. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI se redujo de 4,6 millones a 3,8 millones”, sostiene el texto.
Por otra parte, el CELS hace una mención particular en la situación de las personas con discapacidad que tienen “más trámites y menos prestaciones”, que dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sufre un recorte presupuestario, desde diciembre de 2023, al igual que todas las dependencias estatales.
El informe asegura que el porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad “creció del 40% al 75% y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes”.
“Hemos visto que no solo se han puesto más trámites para obtener pensiones y algunas prestaciones por parte del Estado, sino que, inclusive, las pensiones por discapacidad han sido rechazadas en mayor medida y sin mucha fundamentación. Otra de las cuestiones que traemos en el informe es que se afecta la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres”, explicó de la Vega.
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Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, indicó que, a través de este monitoreo, quedaron vigentes sólo 4 “de las 50 políticas de cuidados existentes” a nivel nacional.
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En esa línea, explicó que las transferencias de ingresos a las infancias, se sostienen “con límites”, sin embargo, paralelamente, “se desfinancian todas las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil” en sus distintas formas y se “desarman” las políticas de educación sexual, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo y métodos anticonceptivos: “A largo plazo se reproduce desigualdad”, asegura el informe.
“Lo que también mostramos es que se han dejado de lado todas las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. No hay cupos vinculados al cupo travesti - trans, que ya no se encuentra vigente y que la única condición para ingresar es la idoneidad. Las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde el mes de enero. Y también es muy grave la situación de las mujeres rurales que se encuentran en emergencia”, concluyó de la Vega.
