El gobierno argentino promulgó la "Ley Antimafias" que fortalece la lucha contra organizaciones criminales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
La norma legal fue aprobada por el Congreso durante las recientes sesiones extraordinarias y apunta a desbaratar e impedir el accionar de bandas del crimen organizado.
El Poder Ejecutivo de Argentina promulgó hoy la Ley 27.786, conocida como la "Ley Antimafias", mediante su publicación en el Boletín Oficial.
Esta nueva normativa, sancionada por el Congreso durante las recientes sesiones extraordinarias, entra en vigencia con el objetivo de endurecer las penas contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la extorsión.
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La ley establece que se considerará como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que, a lo largo del tiempo y en áreas geográficas específicas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos graves.
A partir de ahora, las fuerzas de seguridad federales y provinciales tendrán la posibilidad de declarar ciertas zonas como "sujetas a investigación especial", lo que permitirá realizar operativos coordinados, intervenir comunicaciones y confiscar bienes vinculados a actividades ilegales.
Entre los puntos más destacados de la ley se encuentra la modificación en los criterios para identificar a los miembros de bandas criminales.
Se prioriza la reiteración de hechos delictivos en un mismo territorio y el intento de controlar determinadas áreas. Además, se endurecen las penas para aquellos que formen parte o colaboren con organizaciones criminales, con condenas que van de 8 a 20 años de prisión.
Un cambio importante es que, a partir de ahora, todos los integrantes de estas bandas serán penados de igual manera, sin importar su rol dentro de la estructura criminal. Desde el líder de la organización hasta el miembro más reciente serán castigados con las mismas penas, sin distinción.
La Ley Antimafias también habilita la posibilidad de detener a una persona hasta por 48 horas durante una investigación, siempre bajo autorización del Ministerio Público Fiscal y con urgencia fundada.
Esta nueva legislación fue aprobada unánimemente en el Senado, aunque la bancada kirchnerista no estuvo presente en la votación.
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