Aprobada la media sanción en la Cámara de Diputados, el debate está instalado en el Senado de la Nación, donde los bloques opositores dialoguistas anticiparon que incluirán modificaciones a ambos textos. Ante esta circunstancia, las iniciativas retornarán a la Cámara de origen, lo que demorará la sanción definitiva de ambas leyes.
La Casa Rosada intenta desdramatizar esta situación. El ministro del Interior Guillermo Francos admitió que se evalúan cambios en la redacción de algunos artículos claves –particularmente en la reversión del impuesto a las Ganancias y en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)– para destrabar la firma de los respectivos dictámenes la semana próxima, paso previo al debate en el recinto.
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Francos descuenta que el oficialismo contará con la mayoría de los votos para la aprobación en general del proyecto y espera que aquellos cambios que la oposición incluya en los textos, sin aval del Poder Ejecutivo, sean rechazados por la Cámara de Diputados, que aprobó ambas iniciativas con 142 votos positivos.
El Gobierno peca de optimista. En la Cámara de Diputados, tanto los bloques de la UCR como de Hacemos Coalición Federal –entre ambos reúnen 50 voluntades– anticipan que no necesariamente ratificarán la media sanción original y que podrían aceptar algunos de los cambios que introduzca el Senado, aunque no obtengan el aval de la Casa Rosada.
Apuntan, en particular, al RIGI, que es el corazón de la Ley Bases. Si bien la mayoría de ambos bloques apoyó este capítulo cuando se lo discutió en la Cámara de Diputados, ahora admiten que el nuevo régimen, así planteado, es por demás concesivo en términos de beneficios fiscales para las empresas extranjeras que pretendan invertir en la Argentina.
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El gobierno nacional intentó negociar con los senadores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), pero no tuvieron éxito.
En efecto, el RIGI ofrece una gran baja del costo de capital a las inversiones mayores a los 200 millones de dólares, estabilidad tributaria con muy bajos impuestos, acceso libre a los dólares y preferencias aduaneras para las importaciones.
La oposición en el Senado planteó que esas condiciones no solo son excesivas, sino que también significan una discriminación para las compañías locales.
“Mientras este capítulo se negoció en la Cámara de Diputados con los delegados del Gobierno logramos morigerar varios aspectos de este régimen que resultaban, francamente, inaceptables. Las empresas no pretenden tanto. Pero si el Senado incluye modificaciones para atemperar todavía más estas concesiones, nosotros las aceptaríamos”, anticipan en el radicalismo.
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Así las cosas, la Casa Rosada todavía tiene un tramo complejo por negociar con los legisladores. Con el agravante de que, en el Senado, el conglomerado peronista-kirchnerista, con 33 miembros, ratificó que votará en contra del proyecto.
La Casa Rosada intentó quebrar la bancada peronista a través de algunos gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Jalil intentó disuadir a que los dos senadores peronistas de su provincia votaran a favor, pero no pudo. Chocó con la resistencia de su antecesora en el cargo, Lucía Corpacci.
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El tucumano Jaldo se topó con el mismo obstáculo frente a los senadores Juan Manzur y Sandra Mendoza.
Por su parte, Zamora, que controla a los tres senadores de la provincia de Santiago del Estero, tampoco aflojó.
Con 33 votos firmes de rechazo, el kirchnerismo se ilusiona con reunir las cuatro voluntades que restan para alcanzar la mayoría en el recinto y sentenciar de muerte a ambos proyectos. Sin embargo, por ahora, este escenario aparece improbable.