Santa Fe impulsa una Ley de Derechos del Consumidor a partir de un trabajo de articulación institucional

El proyecto enviado por Maximiliano Pullaro a la Legislatura prevé reclamos gratuitos, audiencias virtuales en 15 días hábiles y juicios colectivos para los consumidores.

Santa Fe impulsa una Ley de Derechos del Consumidor a partir de un trabajo de articulación institucional.

Santa Fe impulsa una Ley de Derechos del Consumidor a partir de un trabajo de articulación institucional.

El Gobierno de Santa Fe presentó en la Legislatura un proyecto de Ley de Implementación de los Derechos de la Persona Consumidora, que busca establecer un nuevo marco de protección para quienes compran productos o contratan servicios en la provincia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, reglamenta el artículo 32 de la Constitución Provincial, reformada en 2025, y contempla cambios en los mecanismos de prevención, reclamo y acceso a la Justicia.

El proyecto está compuesto por 90 artículos y propone agilizar los trámites administrativos mediante audiencias de conciliación, que podrán realizarse de manera virtual y deberán concretarse dentro de los 15 días hábiles. También incorpora por primera vez en Santa Fe los procesos judiciales colectivos vinculados a conflictos de consumo.

La iniciativa apunta, además, a reforzar la protección de los consumidores en entornos digitales, promover el crédito responsable y establecer reglas de transparencia en el uso de algoritmos durante la atención al cliente.

Qué cambia con el proyecto de Ley de Defensa del Consumidor en Santa Fe

El secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, explicó que la propuesta se organiza en tres ejes: prevención, resolución administrativa de conflictos y acceso a la Justicia.

El primero contempla acciones de educación para el consumo en las escuelas, la promoción del crédito responsable y herramientas de asistencia para personas que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.

El segundo apunta a simplificar los reclamos administrativos. Para eso, se prevé un sistema que permita gestionar los conflictos de manera digital y realizar audiencias de conciliación virtuales dentro de los 15 días hábiles.

Según explicó Cándido, el objetivo es facilitar los acuerdos entre consumidores y empresas y reducir la cantidad de conflictos que llegan a los tribunales. En ese sentido, señaló que actualmente más del 60% de las causas de derecho civil y comercial están vinculadas al consumo.

El tercer eje busca mejorar el acceso a la Justicia para las personas afectadas por relaciones de consumo. En ese marco, el proyecto incorpora los procesos colectivos, una herramienta que permitirá abordar judicialmente conflictos que afectan a múltiples consumidores y evitar la repetición de demandas por situaciones similares.

Protección para compras digitales y nuevas reglas para las empresas

La propuesta también incorpora disposiciones específicas para los entornos digitales y el uso de inteligencia artificial. Entre otros puntos, establece criterios de transparencia para los algoritmos utilizados en los sistemas de atención al cliente.

Además, plantea una diferenciación entre pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes compañías, con el objetivo de establecer reglas previsibles y sanciones proporcionales.

Otro aspecto central es la participación de los municipios en las tareas de prevención y defensa de los derechos de los consumidores. El proyecto prevé una red provincial de trabajo coordinado y mecanismos de rendición anual de cuentas sobre multas y acuerdos.

La directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, destacó que la iniciativa busca ofrecer un procedimiento claro, rápido y gratuito para realizar reclamos, al mismo tiempo que establece condiciones previsibles para las empresas.

Cómo se elaboró el proyecto de ley

La propuesta surgió de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Económico y Social (CEyS), con la participación de universidades, organizaciones de defensa del consumidor y representantes del sector asociativo.

La comisión especial se conformó a partir de una decisión de la Asamblea Plenaria del CEyS del 30 de marzo de 2026 y trabajó durante tres meses en la elaboración y discusión de los 90 artículos.

Participaron especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Católica Argentina (UCA), además de representantes de la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (APRECO), Consumidores de la Era Digital (CED) y el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.

Cándido sostuvo que la presentación del proyecto responde a una deuda normativa de la provincia, que hasta ahora no contaba con una ley propia de implementación de los derechos de las personas consumidoras.

La iniciativa ya fue elevada a la Legislatura y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores.

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