miércoles 8 de abril de 2020
Política | Impuestos |

Santa Fe, Buenos Aires y el país ponen en revisión su estructura de impuestos e ingresos

Hoy las legislaturas de las dos provincias discuten cambios en sus porcentajes de tributos. El escenario es el de una profunda distorsión, donde en Argentina pagan más los impuestos al consumo, como el IVA que pagan todos, que al patrimonio, de los que tienen mayor capacidad contributiva. En la provincia vuelve el debate de las jubilaciones de privilegio.

La profunda crisis económica del país dispara a todo nivel en las autoridades que acaban de asumir revisiones sobre los esquemas de ingresos y tributos. Hoy el gobierno de Omar Perotti en Santa Fe intentará un aumento del 2% en ingresos brutos para las exportadoras de granos y unificar en un 7% el que grava a entidades financieras. En la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof aspira a que la Legislatura bonaerense le apruebe una ley impositiva con importantes subas para el inmobiliario rural marcados por la progresividad, es decir, más leves para los propietarios de menores extensiones y en alza paulatina para los mayores.

El común denominador de estos ajustes son dos. El primero es un panorama de emergencia donde se reconoce como piso que el 40% de la población vive bajo la acechanza de la pobreza, lo que es una dimensión inédita en Argentina. Pero el segundo es el hecho de una distorsión histórica en donde las cargas tributarias en el país recaen más fuerte sobre sectores de menor capacidad contributiva.

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Lo que produce esta situación mantenida es no solamente una injusticia que castiga más fuerte a los que menos tienen sino que genera, como peligroso residuo, un descrédito hacia el sistema político. En tanto la democracia consagra y sostiene privilegios para las minorías, en las mayorías maduran resistencias hacia un sistema que propone la igualdad entre los ciudadanos, pero que en los hechos no la garantiza.

Hoy en Argentina los sectores de mayor rentabilidad como los bancos, las grandes exportadoras agrarias pagan proporcionalmente menos, medida su capacidad de generar ingresos, que los asalariados medios.

En un país en emergencia alimentaria, con necesidad de implementar planes sociales para paliar la elemental necesidad de dos raciones diarias para un 15% de su población indigente, las asimetrías en el sistema tributario son insostenibles. Los sectores de mayor rentabilidad son proporcionalmente los que aportan menos.

El estudio de la recaudación tributaria sobre el PBI, que es el total de bienes y servicios de la economía, determina algo de viabilidad imposible. El Estado argentino recauda mucho por impuestos al consumo (como el IVA, pagado por todos) y poco, a veces hasta lo irrisorio, por impuestos al patrimonio (pagado por aquellos que tienen más capacidad contributiva).

Hoy en Argentina los sectores de mayor rentabilidad como los bancos, las grandes exportadoras agrarias pagan proporcionalmente menos, medida su capacidad de generar ingresos, que los asalariados medios.

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Con el anticipo de que sobre final de año Argentina llegaría al 40% de pobreza, una cifra que no genera debates que se correspondan con su mayúscula significación social, el politólogo José Nun, especializado en temas de exclusión social, hizo una serie de interesantes reflexiones en TN. Dijo allí que hablar de desigualdad exige imponer políticas públicas que modifiquen de raíz una matriz impositiva heredada de la dictadura militar y que es profundamente regresiva, porque en Argentina los pobres pagan más que los ricos.

Nun señalaba que el impuesto más progresivo, vale decir equitativo, es el impuesto a las ganancias. “En EE.UU. el impuesto a las ganancias equivale al 14% del PBI. En nuestro país se recauda ahora mismo el 5% del PBI y nunca más del 6%. Si uno tiene en cuenta la distancia entre el 5 y 14 se da cuenta que Argentina podría tener, yendo al 9 o 10 por ciento para no ser tan extremos, 30.000 millones de dólares extra por año. No habríamos tenido que recurrir al FMI”, le dijo al periodista Diego Leuco.

Para Nun otro tributo progresivo distorsionado es el inmobiliario rural. “En EE.UU., Canadá y Australia equivale al 3% del PBI. En Argentina equivale al 0,3%. Habría que preguntarles a los gobernadores provinciales qué hacen sus latifundistas. A cambio de no tocar esto aumentan exponencialmente el impuesto a los ingresos brutos, que ha pasado de 1 a 5%, y que es un impuesto que recae proporcionalmente sobre los más pobres”.

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Las recientes revueltas en países de América Latina tuvieron como lugar común el ataque a un régimen político que profundizaba la desigualdad al mismo tiempo que se pregona igualitario. En Chile, como en Ecuador, como antes en Puerto Rico, quienes explotaron en movilizaciones masivas fueron personas comunes que un día visibilizaron, repentinamente, el agobio de años y años de aguantar vivir endeudados para hacer frente a sus consumos elementales. Ese ahogo estalló contra la clase política prácticamente sin distinciones y también contra los estamentos del Estado o del sector privado que viven con ingresos del primer mundo en sociedades del tercero.

Modificar las jubilaciones de privilegio o bajar las dietas de los concejales no son medidas que compensan la distorsión estructural del sistema de ingresos del Estado. Pero tienen un significado simbólico importante para una democracia que pierde legitimidad social.

El mes próximo en el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional tratarán de derogar las jubilaciones de privilegio de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Servicio Exterior. En octubre pasado Aire digital informó que en Santa Fe, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia pagaba en septiembre a los beneficiarios de haberes más altos hasta 431.000 pesos por mes. El listado de los cien mayores favorecidos incluye a personas que trabajaron en el Poder Judicial, con ingresos en orden ascendente desde 347.559 pesos hasta 431.309 pesos.

La magnitud de esos haberes abruma por la desproporción con una masiva base de aportantes que cobran una jubilación mínima, hace tres meses, de 16.883 pesos. Esos jubilados que más recibían en la provincia estaban entonces unas 25 veces por encima de los que menos.

En Rosario los concejales acaban de bajarse un 30% los salarios como gesto de austeridad, en un momento en que el intendente Pablo Javkin propone en el presupuesto 2020 toda una serie de aumentos para el funcionamiento de los servicios que recaen en la mayoría de la población.

Esas quitas merecen una discusión. El necesario gasto del funcionamiento de las instituciones políticas no puede menoscabarse. Para que un secretario de Hacienda o de Obras Públicas acepte el cargo renunciando a los beneficios de su actividad privada no se puede esperar, más frente a las responsabilidades afrontadas, que viva con un ingreso bajo. La actividad del Estado requiere de sostén financiero. Pero soportar remuneraciones desmesuradas, que no guardan ninguna lógica defendible, sólo puede generar ese profundo descrédito que un día, inevitablemente, estalla como acaba de pasar en Chile.

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Modificar las jubilaciones de privilegio o bajar las dietas de los concejales no son medidas que compensan la distorsión estructural del sistema de ingresos del Estado. Pero tienen un significado simbólico importante para una democracia que pierde legitimidad social mientras sustenta desigualdades imposibles de explicar. Lo que, lo estamos viendo, muchas veces deriva hacia experiencias políticas de líderes excéntricos como Jair Bolsonaro en Brasil, o Matteo Salvini en Italia, que tocan cuerdas de tentaciones autoritarias, que se vuelven contra las mayorías.

En Santa Fe los subsidios para senadores son difíciles de explicar. Tanto como que un poder Judicial que no paga ganancias tenga en muchos magistrados de segunda instancia sueldos mayores que el gobernador de la provincia. Alberto Fernández acaba de decir que los ministros de la Corte ganan hasta cuatro veces lo que cobra el presidente.

Pero lo más significativo es, como decía Nun, que los grandes propietarios de tierras, las empresas exportadoras de cereales o los bancos no contribuyan en una proporción razonable a sus posiciones de beneficio. En un país que no termina de acostumbrarse en incremento a las imágenes cotidianas de gente revolviendo, y comiendo, de los contenedores de basura. Es un gran momento de reflexión y una gran oportunidad para definir cuán apegados seguimos a ese triste trauma.

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