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Saluden al acuerdo con el FMI que se va...

Cristina dice que Guzmán miente y que Alberto no lee. Alberto, que Cristina rompe lo que puede conducir. Tres de las metas acordadas con el FMI ya son incumplibles y está cantado el primer waiver. Una buena: aún hay dos años para torcer el rumbo.

Tal como anticipamos en AIRE (información y no opinión), el presidente Alberto Fernández no alentará ni la conformación del albertismo ni la segregación de La Cámpora. Tampoco pedirá los cargos que posee el kirchnerismo en el gabinete, ni las “cajas” (como la ANSeS y el PAMI) que controlan. Tal vez mirando los resultados del “caso Santa Fe”, donde presidente y vice no unificaron estrategia, el perottismo y el rossismo se enfrentaron con crudeza y sin escatimar improperios, perdieron con claridad, incluso sumados, y el ganador de la interna desplazó al otro de los cargos y las decisiones.

Entre tanta declaración desafortunada y a tiro de memes, ese fue un gesto de madurez política de parte del presidente de la Nación. Que las segundas y terceras líneas se acusen públicamente de las peores cosas importa, que se operen a través de medios oficialistas y opositores –incluso especulando que hablan por sus jefes políticos– es una práctica que debería cesar de inmediato. Pero el presidente y su vice no pueden decir cualquier cosa. Alberto rescató en Tucumán la unidad del peronismo en medio de una fractura inédita y Cristina –por ahora– sólo gesticula en sus pocas apariciones públicas, no escribe cartas ni tuitea. Es un piso bajo, pero piso al fin para empezar de nuevo, porque de eso se trata: de construir lo que nunca se construyó ni funciona. Si quieren, si se trata de algo más que desmarcarse para perfilar candidaturas, si hay un modo de compensar un gobierno donde sobran reuniones fallidas, donde deciden los que no tienen los votos y los que los tienen ven con bronca y hartazgo (es el sentimiento que embarga a Cristina) cómo se gobierna con un programa que, empeñado en “no repetir errores de la etapa kirchnerista”, la niega casi por completo, descarta sus herramientas históricas.

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Esto último explica por qué el Frente de Todos, ya en diciembre de 2019 y a 11 días de asumir, se autolimitó (según el artículo 52 de la Ley 27.541) para incrementar alícuotas de retenciones para la soja, productos agroindustriales, hidrocarburíferos y mineros. Por qué desde entonces ha retrocedido en el 94% de sus posiciones arancelarias totales y ahora –en medio de una guerra que además de balas dispara el precio de los alimentos y la energía– prefiere fideicomisos, cupos o cepos a imponer la herramienta más directa y eficaz para desacoplar el precio externo en dólares del interno en pesos.

Y que nadie se ofenda con el asunto de los votos: no es una chicana ni un lugar común y aquí no hablamos ni operamos a nadie. Hay dos encuestas sólidamente construidas, ninguna para operar, que aseguran que ni Alberto Fernández ni Sergio Massa tienen chances de retener el gobierno sin el aporte del kirchnerismo, algo que podía suponerse a priori pero que sitúan la opción FDT-K con un 28% de intención de voto si Massa es el candidato y un 23% si lo es Alberto, que tiene una imagen negativa que empata la positiva y pierde sin duda tanto con Macri (sí, con Macri) como con Larreta.

Pero a Cristina tampoco le cierran las cuentas, por eso reiteramos modestamente la propuesta de la nota anterior referida al arreglo que profundizó la fractura entre dos modelos políticos y económicos atados por conveniencia. El default diferido ya ha sido votado y será ratificado por el Directorio del FMI antes del 22 de marzo, a reunificarse alrededor de un discurso que bien podría ser “evitamos el desastre inmediato con un mal acuerdo, que no podremos pagar más temprano que tarde, pero haremos todo lo posible para sobrevivirlo y que a ningún argentino le falte pan y trabajo, para cumplir con la promesa original de que lo paguen los que se aprovecharon de él y las clases con mayor capacidad contributiva”. No parece tan difícil.

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La cláusula Ucrania

La letra del memorándum del que se despegó la oposición para inaugurar un doble condicionamiento para la soberanía política y económica del gobierno (con el FMI y la oposición), establece el acceso a un crédito fuertemente condicionado a una serie de metas concentradas en tres puntos: la reducción del déficit fiscal primario, la baja en la emisión monetaria y una acumulación creciente de reservas en moneda dura para garantizar el repago de casi 45.000 millones de dólares de capital.

Antes de concentrarnos en las dificultades que tornan de imposible cumplimiento las metas de reducción del déficit al 2,5%, de su financiamiento en pesos a través del Banco Central hasta llegar al 1% y de acumulación de reservas disponibles y suficientes para pagar compromisos con organismos internacionales y financiar el desarrollo productivo, mencionaremos que el memorándum tiene condicionalidades que desarman el poder de fuego del FDT, poco difundidas: evitar el impuesto a transacciones financieras, no intensificar restricciones cambiarias, no introducir o modificar prácticas de múltiples monedas, crear un ámbito de análisis conjunto entre el staff del FMI y el gobierno para evaluar la sustentabilidad del sistema previsional, definir el uso de excedentes recaudatorios y optimizar el gasto en la estructura del Estado.

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Sergio Palazzo, secretario general de una aristocracia obrera que cierra una de las mejores paritarias del país, mira al cielo y resopla que “con ésta inflación no hay arreglo que alcance”.

Sergio Palazzo, secretario general de una aristocracia obrera que cierra una de las mejores paritarias del país, mira al cielo y resopla que “con ésta inflación no hay arreglo que alcance”.

La primera meta –déficit fiscal decreciente hasta reducirlo a cero en 2025– quedó completamente desactualizada ya que fue establecida con una inflación estimada en 43%. Hoy, azuzada por la presión de la guerra en Europa del Este y los comportamientos especulativos internos, las previsiones de inflación admitidas por el equipo económico para 2022 rondan el 50% y para consultoras privadas afines al gobierno llegan hasta el 60%. Nada dice el memo acerca del recálculo por cambios en las condiciones externas o internas, tampoco dice nada sobre financiar el déficit previsto con una segunda vuelta del aporte solidario a las grandes fortunas, un impuesto sensato y sostenido a la riqueza o promover la repatriación de los dólares fugados. Si el gobierno decidiese utilizar herramientas de ése estilo, entra en juego –como con el amague de subir retenciones– la oposición, para extorsionar al gobierno y hacer valer su “aporte a la gobernabilidad”.

En el contexto mencionado de suba internacional de precios y con un deterioro del poder adquisitivo del salario previsible para 2022 (con la mejor paritaria 3 puntos por debajo de las previsiones y la peor cerrando en un 33% hasta junio) y que acumulan una pérdida del 36,7% desde noviembre 2019, resulta inimaginable una reducción de subsidios a las tarifas energéticas que lleve ese gasto del 2,2% del PBI del año pasado al 1,6 para el año corriente.

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La segmentación anunciada y que implica un aumento del precio para todos los usuarios del 42% y la eliminación plena de subsidios para el 10% más pudiente, apenas implica el 0,2% del recorte exigido por el FMI, no satisface el apetito de las generadoras y distribuidoras y se choca de frente con un escenario donde la importación de GNL para producir energía eléctrica ha multiplicado su precio por 6, en razón del conflicto bélico ruso-ucraniano. Durante 2021 se importó GNL a 8,4 USD/MBTU, para el período invernal que comienza en nuestro hemisferio el precio se ubicará en torno de los 50/55 USD/MBTU. Y no es sólo el precio sino la cantidad, pues el Ministerio de Desarrollo Productivo estima que éste año el transporte y la industria requerirán más energía que el año pasado.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, lejos de bajar cerca de medio punto del PBI, este año los subsidios podrían incrementarse un 2,3%.

La meta de reservas implica que entre 2022 y 2023 nuestro país debería acumular reservas netas por U$S 9.800 millones, que serían factibles de sostener los niveles de crecimiento actuales, sumado al calce relativo de los desembolsos para cubrir vencimientos de deuda. En el siguiente cuadro puede observarse la relación por cada trimestre de los vencimientos de deuda, los desembolsos y el saldo acumulado de reservas esperable.

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Fuente: CESO

Fuente: CESO

El aumento en el precio para importar energía y los volúmenes necesarios para sostener la demanda de una economía que pretende seguir creciendo no sólo impacta en el frente fiscal, en la meta de reservas también pues se calcula que insumirían unos U$S 8.000 millones extra que –si bien serían parcialmente compensadas hacia fin de año por el aumento de recaudación por exportaciones con precios en alza– podrían generar incumplimientos parciales en el tercer y cuarto trimestre de 2022, incluso “enfriando” el consumo de energías vía tarifas o racionamiento.

El gobierno debería revertir una tendencia inalterable durante los dos años y pico en los que impulsa una reactivación económica: celebrar saldos comerciales favorables sin poder acumular reservas. Una estimación de MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) establece que en enero 2022 el saldo comercial alcanzó los U$S 418 millones pero el pago de deudas e intereses de los sectores privados y público insumió U$S 2.297, es decir que hubo una pérdida de U$S 1.879 millones.

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Fuente: Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)

Fuente: Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)

Por último, la meta de reducción de la emisión para financiar el tesoro tendiente a cero en 2024. Es la más exigente del acuerdo y obliga al gobierno a buscar financiamiento en los mercados de deuda privados externos e internos por el 1,5% del PBI en 2022, 1,3% en 2023 y 0,9% en 2024, siempre considerando una inflación tope del 50% y bajando diez puntos en ése lapso y cumpliendo con la baja prevista del déficit fiscal primario, cuyas complicaciones ya analizamos. Para que se entienda, nuestra economía requiere de una inyección monetaria equivalente al aumento de los precios + la tasa de expansión económica.

En 2021, con una inflación del 51% y una tasa de expansión del 9,8%, las transferencias del BCRA al tesoro acumularon 1,44 billones de pesos, que financiaron un 60% del déficit fiscal primario y representaron un 3,7% del PBI. Bajarlos un 1% en las actuales condiciones macroeconómicas parece improbable. El cumplimiento de ésta meta queda supeditada a la acumulación de reservas netas para monetiza la economía, pero que deberían triplicar la meta establecida en el acuerdo, en un contexto de escasez de divisas y caída del financiamiento del BCRA.

¿Guerra contra la inflación sin shock distributivo?

El gobierno generó una gran expectativa montándose en el hashtag #guerra y apuntando a la inflación como enemigo central de la gestión. Anunció una guerra que le dio 72 horas a los formadores de precios (como SanCor, La Serenísima, Nestlé y Arcor, Bimbo) para aumentarlos entre un 9 y un 20%, previsionando la llegada de los misiles y batallones anti inflacionarios. Una torpeza inexplicable que además se coronó con un spot grabado y editado de 18 minutos y sin anuncios concretos. Más allá de las acusaciones contra especuladores codiciosos y la promesa de utilizar todas las herramientas disponibles, está claro que hay dos descartadas de plano, aumento de retenciones a los exportables que aportarían los dólares para recomponer reservas y shock distributivo real. En un contexto en donde la inflación acumulada es ya del 8,6%, el aumento de la canasta de alimentos fue de un 9% sólo para febrero, paritarias y aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que –con aumentos y todo– ya se quedan cortos.

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NOTA: Para recuperar el nivel adquisitivo de 2015 y para una pareja con dos hijos menores, el valor actual –a febrero y no a diciembre de 2022– del SMVM debería más que duplicar el aumento establecido por el gobierno, hasta alcanzar los $136.104 que la situarían por encima de la línea de pobreza establecida para enero en casi $80.000.

Incluso mejorando la fiscalización de precios internos y la aplicación de la ley de abastecimientos, con “fondos de estabilización” para intentar subsidiar el costo de los alimentos y sin importar los efectos antiinflacionarios del “ajuste expansivo” acordado con el FMI, será imposible mejorar la vida y el humor social de los argentinos y las argentinas sin un aumento significativo de salarios, jubilaciones y asignaciones. Es en las decisiones de política económica –no en la resiliencia impulsada desde una Secretaría de Estado o la Dirección Nacional de Salud Mental– donde está la clave para para enfrentar un ciclo de frustraciones que aún puede revertirse.

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