Según explicó, actualmente existe una brecha significativa entre el costo laboral y lo que finalmente percibe el trabajador en su recibo de sueldo.
“Nosotros desde CADAM lo que estamos pidiendo es ir a una transparencia total, que dejemos de esconder determinados aportes detrás de un recibo de sueldo y que de la cuenta sueldo se descuente absolutamente todo lo que genera con su trabajo un trabajador”, afirmó Farina en el programa Una Tarde a la Vez.
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En ese sentido, detalló que por un empleado de comercio “se trasladan un millón quinientos cincuenta mil pesos a precio”, pero el trabajador recibe “entre novecientos cincuenta y novecientos setenta mil pesos”.
El dirigente señaló que esa diferencia responde a “cargas sociales, aportes jubilatorios, afiliaciones sindicales compulsivas, capacitaciones que después el empleado no accede”, y propuso que todo lo que el trabajador genera se deposite primero en su cuenta sueldo: “A partir de ahí que se debite la jubilación, la obra social, si corresponde o no la afiliación sindical, si corresponde o no la asesoría legal, si corresponde o no la capacitación”, sostuvo.
Así, advirtió sobre el riesgo de “costos ocultos” y de retenciones indebidas que el trabajador descubre recién al jubilarse o al usar la obra social.
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Farina también se refirió al impacto de la litigiosidad laboral y reclamó reglas previsibles para evitar fallos que, según dijo, terminan fundiendo a pequeñas empresas. “Tiene que ser muy claro el índice de actualización que se va a aplicar para una supuesta demanda laboral”, planteó, y advirtió sobre sentencias de “70, 80 millones de pesos” que provocan el cierre de comercios sin que el trabajador llegue a cobrar efectivamente su demanda.
Desde CADAM remarcaron que no está en discusión la indemnización por año trabajado. “El trabajador tiene que saber perfectamente que en la nueva ley no se está discutiendo el mes de indemnización por cada año laboral”, afirmó Farina, y subrayó que lo que se cuestiona son “los métodos de indexación que se están aplicando en las demandas laborales”, ya que “no hay un criterio” y “cada juzgado dictamina en el fallo lo que se le ocurre”.
Finalmente, el vicepresidente de la cámara mayorista sostuvo que el empresariado no debe ser “agente de retención en favor de ninguna entidad” y llamó a una legislación laboral más clara y adaptable a las realidades productivas. También alertó sobre el problema estructural del empleo informal: “El gran problema son los 11, 12 millones de trabajadores que no están amparados por ninguna legislación laboral y que trabajan en negro”.
