Representantes de los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario expondrán sus posturas durante un nuevo encuentro de la Comisión de Análisis del Sistema Previsional.
El encuentro por las jubilaciones será en la Legislatura, en la Cámara de Diputados.
Maiquel Torcatt/Aire DigitalEl debate por las jubilaciones continúa este martes cuando la Comisión de Análisis del Sistema Previsional reciba en la Legislatura provincial a los representantes de los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario.
El encuentro está programado para las 10.30 en la Cámara de Diputados y se da días después de las dos primeras reuniones que tuvo la comisión, donde sindicatos y gremios debatieron con funcionarios del Ejecutivo y representantes legislativos; mientras que representantes de magistrados, empleados judiciales y docentes privados de Santa Fe hicieron lo propio.
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Los diputados y senadores escucharán a los representantes del Colegio de Abogados de Rosario y luego a los de Santa Fe. Según pudo saber AIRE, los planteos que cada uno llevará a la Comisión se trabajaron de forma separada con el objetivo de tener mayor volumen.
El Colegio de Abogados de Santa Fe designó a Verónica Barcarolo como representante y encargada de exponer ante los diputados y senadores. Llegará con un documento donde buscará dejar asentado al menos cinco ejes centrales.
El texto de la norma que creó la comisión –que salió de la Cámara de Senadores, luego modificó Diputados y convalidó la Cámara alta– refiere a la "necesidad de abordar el análisis del régimen previsional, garantizando la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Prensiones en la órbita del Estado Provincial y su carácter solidario".
Entre las funciones, la comisión podrá requerir informes de entes públicos o privados, citar funcionarios públicos de cualquier rango, como así también convocar a toda persona o asociación que por su conocimiento sobre la materia que pueda realizar aportes que permitan un mejor desarrollo de la tarea.
A su vez, la Comisión deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo en un plazo de hasta 45 días, que regirán “a partir de la fecha de su publicación”. Según indica el nuevo texto, las autoridades de la Comisión están facultadas a prorrogar el plazo establecido.
