El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó: “Es fundamental que Santa Fe avance hacia una Constitución que esté en sintonía con las demandas del siglo XXI. Esto implica reconocer el ambiente como un eje transversal en las políticas públicas y como un derecho que no puede estar sujeto a retrocesos”.
El listado de principios que podrían incorporarse busca adaptar y profundizar lo ya reconocido a nivel nacional e internacional. Entre ellos figuran el derecho al ambiente sano, la prohibición del retroceso en materia de protección ambiental (conocido como principio de no regresividad), la responsabilidad de quienes generan daños, la necesidad de ordenamiento territorial con criterios ambientales -que promueve una planificación urbana inclusiva, el acceso a un hábitat digno y la movilidad sostenible-, y la promoción de la educación y el acceso a la información en esta materia.
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Sobre el reconocimiento del cambio climático, Estévez expresó: “Es un desafío que nos atraviesa a todos, y no incluirlo en la Constitución sería ignorar una realidad que ya está afectando nuestra forma de vida y nuestra economía. El Estado tiene el deber de liderar con políticas claras de mitigación y adaptación”.
Santa Fe viene dando algunos pasos en esta dirección: la actualización de sus planes de conservación de biodiversidad, los avances en el cierre de basurales a cielo abierto, la planificación ambiental en torno a cuencas y la incorporación de nuevas tecnologías para el monitoreo del agua y el suelo, la modernización de los procesos administrativos y la optimización de recursos para mejorar la capacidad de control. Sin embargo, desde el propio gobierno reconocen que sin una base constitucional sólida, muchas de estas políticas quedan sujetas a los vaivenes de coyunturas políticas o presupuestarias.
El ministro enfatizó que “con una Constitución que contemple principios ambientales, podemos garantizar que estas políticas sean permanentes y efectivas, sin depender de la coyuntura política. Es un compromiso que debemos asumir con las generaciones futuras”.
Derechos básicos
Además de los principios ambientales, la reforma constitucional podría integrar otros derechos y garantías que se vinculan estrechamente con la sostenibilidad. Entre ellos, el derecho al agua, garantizando el acceso equitativo a este recurso esencial y, también, integrar mecanismos de democracia participativa, que fortalezcan el control ciudadano sobre las decisiones que afectan el ambiente y el territorio.
“Incluir principios ambientales en la Constitución no implica detallar programas ni fijar metas numéricas. Significa reconocer derechos, deberes y orientaciones claras que guíen al Estado y a la ciudadanía en el cuidado del ambiente como patrimonio común. Con la reforma en marcha, Santa Fe tiene la oportunidad de alinearse con los estándares del siglo XXI y dar una señal concreta de compromiso con las generaciones presentes y futuras”, concluyó Estevez.
