El gobierno de Santa Fe mantiene su postura de no involucrarse directamente en el debate sobre la reforma constitucional.
La idea del Gobierno es no involucrarse y dejar que los bloques políticos desanden la discusión.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El Gobierno de Santa Fe –con el gobernador Maximiliano Pullaro a la cabeza– trata de mantenerse al margen del debate sobre la reforma constitucional y deja la discusión en manos del Poder Legislativo.
Es que, cuando resta poco más de un mes para que finalice el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, hay varias iniciativas en danza en la Cámara de Diputados, pero lo que no están definidos son los acuerdos y consensos políticos.
En ese escenario, la idea de Pullaro y del Gobierno es no involucrarse y dejar que los bloques políticos desanden la discusión.
Antes de ingresar a una reunión interministerial, el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, habló con la prensa y dijo que “la Legislatura lo está debatiendo. Hay proyectos ingresados y la mirada del Ejecutivo es de espectador. Por ahora, es una discusión de la Legislatura”.
“Si las Cámaras entienden que hacen falta herramientas de fondo para avanzar, se podrá seguir adelante”, detalló el funcionario.
Por otro lado, AIRE consultó a Cándido sobre si la reforma de la Corte Suprema de Justicia podría salir por un decreto del gobierno o tras la sanción de una ley de la Legislatura. Al respecto, aseguró que “apostamos a modernización integral de la justicia y esperamos que sea con un consenso entre todas las partes”.
En la agenda parlamentaria del oficialismo quedan temas de relevancia que, hasta el momento, no cuentan con los acuerdos políticos necesarios para avanzar.
De acá al 30 de noviembre, Unidos para Cambiar Santa Fe deberá buscar los consensos necesarios que le permitan ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, avanzar con la declaración de la necesidad de la reforma constitucional y sancionar el presupuesto 2025 con su correspondiente ley tributaria.
Después de casi un año en el que el gobierno de Maximiliano Pullaro casi no tuvo traspiés políticos en la Legislatura, y tras la controvertida sanción de la reforma jubilatoria, el escenario asoma más complejo de lo esperado para los intereses del oficialismo.
Fuentes legislativas del oficialismo admitieron a AIRE que, en materia de prioridades, la idea es avanzar en primera instancia con la ampliación del máximo tribunal de justicia de la provincia y luego con la declaración de la necesidad de reformar la Carta Magna.
“Estamos con los tiempos bastante apretados”, reconocen desde Unidos y advierten que “si queremos que el gobernador Maximiliano Pullaro no se vea expuesto a enviar un proyecto legislativo, tenemos que trabajar dentro de las sesiones ordinarias, por lo que tenemos tiempo hasta fines de noviembre”.
En ese contexto, la iniciativa que pareciera tener mayor nivel de acuerdo dentro del bloque de la coalición de gobierno es la de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de seis a siete miembros.
Respecto a la salida política del conflicto suscitado entre el gobierno y el máximo tribunal, las fuentes de Unidos son más que cautas. “(Eduardo) Spuler está a punto de definir su jubilación. Si es así, quedan (Daniel) Erbetta, (Roberto) Falistocco y (Rafael) Gutiérrez. Ahí veremos qué definición toma el gobernador”, precisaron.
Consultados sobre qué medidas podría tomar Pullaro, fuentes legislativas destacaron que “por momentos, parece que hará la modificación por decreto y por momentos pareciera que busca acuerdos que no generen conflictos”.
En la misma línea, el objetivo es ir a una Corte de siete miembros. “No tiene lógica una Corte con seis integrantes que no permite resolver los temas”, reconocen. De cualquier forma, resaltan que “es un tema que hay que acelerar”.
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Por otro lado, la reforma de la Constitución provincial es una cuestión que todavía no terminó de acordarse puertas adentro de la coalición de gobierno. La falta de un acuerdo político se da entre las dos principales fuerzas de Unidos: la UCR y el PS.
“El acuerdo más difícil es con el socialismo. Está empantanado”, admitieron desde el radicalismo, aunque conservan el optimismo.
“Cuando se destrabe eso, empieza a caminar el proceso de reforma”, aseguran. Según confiaron a AIRE las fuentes legislativas, las diferencias entre los dos bloques están relacionadas con la reelección del gobernador. “Es una negociación política”, definieron.
Al ser consultadas sobre los contactos de Unidos con las demás fuerzas políticas de la Legislatura, las fuentes opinaron que “las charlas debieran ser más fluidas con el PJ y los sueltos. El bloque de (Amalia) Granata (Somos Vida) asumió un rol mucho más confrontativo y de oposición rígida”.
“Vamos a tener un presupuesto chiquito. El de Nación tiene muy subestimada la pauta inflacionaria y lógicamente tenés que respetar esos números y eso generará que te encuentres con recursos que no tengan asignación específica”, explicaron las fuentes de Unidos.
Según precisaron, tras algunas charlas con el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se acordó que no habrá creación de impuestos o incrementos por encima de la inflación real. Además, confiaron que en el proyecto de ley tributaria podría incluirse la adhesión al blanqueo y al RIGI.
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