Si lo que se avecina son –como anunció el presidente electo Javier Milei– de 18 a 24 meses de estancamiento económico, con caída de la actividad industrial y el empleo, salarios de ajuste e inflación de dos dígitos que los voceros económicos de La Libertad Avanza elevan al 20% mensual y el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) lleva hasta el 30%, está claro que al ajuste no lo va a pagar la casta sino todes les argentines.
La casta –supongamos que se trata de les que viven desde hace décadas de cargos públicos y tienen la vida resuelta por dos o tres generaciones, de izquierda o derecha– va a sobrevivir con holgura a la restauración menemista que impulsa el nuevo gobierno, el problema será la gente, todes: los que no votaron a Milei y les que lo votaron también.
Presentemos algunas cifras básicas para entender cuál es la magnitud del ajuste que (ahora sí) votó el 55,65% de les argentines y tanto entusiasmó en campaña, aunque estimamos que cada votante libertario supuso que el ajuste era para otros o tal vez un sacrificio indispensable para arrasar con el populismo.
Milei anunció un recorte en dos tramos: primero, uno del 5% cuando se conozca la nueva Ley de Ministerios con la orgánica ajustada, se eliminen subsidios a las tarifas de luz y gas, se eliminen partidas para universidades públicas y los aportes al PAMI, a Aerolíneas, AYSA y los ramales ferroviarios, se privaticen los medios públicos y se disuelva el INCAA; inmediatamente después, el ajuste apuntará al 15% e incluiría recortes a jubilaciones y pensiones, programas sociales y salarios, entre otros componentes del gasto público.
La fascinación de los votantes de La Libertad Avanza por el ajuste de la política, habrá que decir, es inversamente proporcional del peso que toda la estructura de cargos superiores tiene en el PBI, estamos hablando del 0,9% del PBI considerando todos los cargos superiores de los tres poderes del Estado.
Ya pagó la política y faltan (según la antiutopía libertaria) un 14,1% del tamaño declarado –hay mercado y utilidades en negro– de las riquezas que genera el país anualmente. Es decir, hay que seguir recortando, pero ¿dónde?
Veamos una presentación esquemática de los ítems que componen el gasto público y el volumen real de cada uno de ellos, con dos referencias numéricas preliminares para dimensionar los datos del gasto, aunque ni los lectores de AIRE ni sus redactores deben haber visto o tenido tanto dinero junto: el PBI argentino al segundo trimestre 2023 fue de $735.428 millones, por lo que cada punto equivale e $7.354,28 millones.
Pasando en limpio estas cifras, para ajustar lo que Milei propone ajustar, es decir 15 puntos del PBI, implica reducir en un 68% las herramientas de intervención económica y social del Estado y dejar la cobertura que proporciona el módico estado de bienestar argentino en el 30% de su tamaño actual.
Esto afecta todos los ítems listados en el cuadro anterior y nos pone en la disyuntiva de siempre: mejorar educación, salud, seguridad, planes de viviendas y obras públicas y la asistencia a colectivos vulnerables o empeorarlos vía ajuste, esperando que el mercado haga lo que nunca hizo antes (no por malo sino por capitalista).
Otro ítem de un relato que fascinó en campaña fue la eliminación de Ministerios improductivos o estériles: Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mujeres, Género y Diversidad, Cultura, Turismo y Deportes. Malas noticias nuevamente, no está ahí la fuga de recursos que servirían para castigar la burocracia que alimenta la casta: todos esos Ministerios insumen el 0,93% del PBI.
La única forma de alcanzar un ajuste de 15 puntos (16,1 en realidad) es arrasar con todos los ministerios y secretarías de la Administración Pública Nacional, incluidos los que Milei tiene previstos e intervenidos con una multitud de ex funcionarios macristas, que vuelven por la segunda etapa del modelo que fue castigado en las urnas en 2019.
Pues bien, lo sepan o no, 14 millones de argentines votaron como solución la fórmula menemista “menos Estado y más mercado”, contra toda evidencia empírica y sin chequear –por ejemplo– de dónde salió ese dato de que los países libres (¿cuáles?, ¿libres de qué?) son ocho veces más felices (¿qué es la felicidad? ¿por qué 8 y no 8,5 veces?).
Disculpen lo aguafiestas, pero Papá Noel son los padres y el índice de felicidad libertario es en realidad el Índice de Libertad Económica y seguramente el top 12 del ránking de la Fundación Héritage, que evalúa qué países poseen un formato eficaz de “Estado limitado”… limitado a los servicios y prestaciones que tiene que garantizar en el marco de un capitalismo que no planee suicidarse, sino seguir siendo el único (no el más eficaz) sistema de producción y distribución de riquezas del planeta.
¡Felices los nórdicos! Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega califican alto pues, gracias a una fuerte intervención estatal y niveles de presión fiscal (43,1% en promedio), muy superiores a la Argentina (29,1%), poseen altos niveles de educación, salud, seguridad y existencia de infraestructuras.
Todas cifras verificables en la web oficial del FMI. Es cierto que los Estados Unidos posee una presión fiscal casi tres puntos inferior a la Argentina y Chile hasta siete puntos del PBI, pero que sean felices en los términos que supone Milei es discutible y si consideramos el ranking elaborado por el portal DatosMacro, tampoco rankean entre los 10 primeros.
Pero, como todes sabemos, googlear antes de votar y repreguntar periodísticamente cuando un dato hace ruido o no es respaldado por una referencia de peso, arruga la ropa y no se estila en este país que hoy se ubica en el primer puesto del ránking de las naciones que toman más decisiones en base a corazonadas, actos de fe o golpes de péndulo (lo que puede chequearse en alguna parte que no importa, pero ustedes seguramente creen).
El país violeta: militar el ajuste para cortar al peronismo
Antes del balotaje decíamos que lo que se votaba era el tamaño del ajuste, dos variantes de posneoliberalismo en el marco de los parámetros establecidos con el FMI. Con Sergio Massa era el menor ajuste posible y con Milei cinco veces el exigido por el Fondo, con un Estado mínimo, con sueldos a la baja constante y apenas resto para pagar prestaciones previsionales también bajas.
En lo que hace a los recursos transferidos a las provincias, contabilizando los automáticos y los discrecionales, el gobierno saliente siempre mostró una evolución real (descontada la inflación) positiva.
De punta a punta los giros automáticos crecieron un 3,27% y los discrecionales cayeron un 1,12% y las provincias más favorecidas fueron Entre Ríos, Catamarca, La Pampa, San Juan y Formosa y Chaco.
Santa Fe tuvo un incremento de recursos en los cuatro años del Frente de Todos del 6,3%, al igual que Córdoba, y está entre las seis con menores transferencias. Hay que consignar además que si bien Santa Fe posee una considerable dependencia de los recursos tributarios nacionales para solventar su funcionamiento (el 53,1% proviene por esa vía), está muy por debajo de provincias con menores ingresos por la posesión y explotación de comoditties (cereales y oleaginosas, gas y petróleo, minerales) compensados por el “sistema tributario solidario” que suele compensar esas asimetrías. 19 de las 24 provincias argentinas exhibieron un incremento real de recursos de origen nacional y en setiembre de 2023 todas experimentaron incrementos en materia de coparticipación.
Pero exceptuando Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, todo el mapa se pintó de violeta, incluso con la promesa libertaria de un fuerte ajuste en materia de transferencias no automáticas o discrecionales. Cortar al peronismo fue más fuerte y ahora apuestan todo a que Mauricio Macri (que defraudó a Miguel Lifschitz y a todos los gobernadores a los que les prometió recursos, financiarles el déficit de las cajas previsionales y obras a cambio de adherir al Pacto Fiscal de 2017) convenza Milei de que no puede asfixiar a las provincias ajustando la partida de transferencias no automáticas.
Definitivamente, la admiración de Milei por Carlos Menem se demuestra también en los dos proyectos que pretende llevar a extraordinarias: una reforma drástica en la estructura del Estado y una ley de emergencia económica que le permita privatizar y ajustar todo lo que prometió en campaña. Pero cuando Menem impulsó estas reformas tenía 120 diputados y 32 senadores, contra 38 y siete de Milei, y tenía 17 gobernadores contra ninguno de Milei, además del movimiento obrero.
Está claro que necesitará de la “colaboración” de gobernadores y sus legisladores para un programa que tendrá costos sociales muy altos, tal como pasó durante el macrismo, cuando el “peronismo razonable” y los movimientos sociales pactaron con Cambiemos más promesas que recursos a cambio de gobernabilidad y con el pretexto de la “reducción de daños”. Dicen que ya hay cajas navideñas libertarias y que Kristalina Georgieva se apresta a ser el límite sensible ante semejante programa.
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