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Política Vialidad Nacional | Gobierno nacional | Javier Milei

Qué era Vialidad Nacional y por qué el Gobierno nacional decidió cerrarla

El organismo encargado de planificar y mantener rutas nacionales dejará de existir. El Ejecutivo argumenta duplicación de funciones y prioriza una nueva agencia de control.

El Gobierno nacional oficializó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una decisión que marca el fin de uno de los organismos técnicos más históricos de la Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por la administración de Javier Milei, con el objetivo de reducir el gasto público y “eliminar organismos innecesarios o superpuestos”.

La Dirección Nacional de Vialidad funcionaba como un ente descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

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Durante décadas, su misión fue planificar, construir, conservar y fiscalizar más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, asegurando la conectividad territorial y el acceso a regiones productivas, turísticas y remotas de la Argentina.

Entre sus funciones más destacadas se encontraban:

  • Diseño y mantenimiento de rutas nacionales asfaltadas y de ripio.
  • Planificación de autopistas y obras viales en zonas de alto tránsito.
  • Colocación de señalización, defensas, rotondas y puentes.
  • Atención de emergencias viales por nieve, inundaciones o derrumbes.
  • Coordinación de obras junto a provincias y municipios.
  • Facilitación del acceso a destinos turísticos como Bariloche, Cafayate, Ushuaia o Puerto Iguazú.

Con una estructura federal y equipos técnicos distribuidos en todo el país, la DNV fue clave en el desarrollo de la infraestructura vial y el turismo interno.

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Qué era Vialidad Nacional y para qué servía

Qué era Vialidad Nacional y para qué servía

Por qué el Gobierno decidió cerrar Vialidad Nacional

La administración Milei argumenta que Vialidad Nacional presentaba superposición de funciones con otros organismos, bajo un esquema que calificaron de “ineficiente” y “costoso”. Además, se indicó que el crecimiento del personal en entes descentralizados fue exponencial: de 35.481 agentes en 2010 a más de 88.000 en 2024.

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A partir de ahora, sus competencias pasarán a la recientemente creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, una nueva estructura que tendrá como objetivo auditar contratos y controlar concesiones viales, pero ya no ejecutar obras directamente.

Además, el Ministerio de Economía absorberá parte de sus funciones operativas y de planificación, mientras que los activos físicos (inmuebles, vehículos y equipos) pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su redistribución o venta.

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Aunque el Gobierno sostiene que esta decisión permitirá “optimizar recursos”, sectores técnicos y sindicales expresaron preocupación por la pérdida de capacidades estatales para gestionar obras estratégicas en rutas nacionales. También alertaron sobre la posible privatización de servicios esenciales y la desarticulación de equipos técnicos con décadas de experiencia.

Así, la disolución de Vialidad Nacional marca un cambio de paradigma: del Estado constructor al Estado regulador, en un área clave para el desarrollo y la integración territorial de la Argentina.