La Dirección Nacional de Vialidad funcionaba como un ente descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
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Durante décadas, su misión fue planificar, construir, conservar y fiscalizar más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, asegurando la conectividad territorial y el acceso a regiones productivas, turísticas y remotas de la Argentina.
Entre sus funciones más destacadas se encontraban:
- Diseño y mantenimiento de rutas nacionales asfaltadas y de ripio.
- Planificación de autopistas y obras viales en zonas de alto tránsito.
- Colocación de señalización, defensas, rotondas y puentes.
- Atención de emergencias viales por nieve, inundaciones o derrumbes.
- Coordinación de obras junto a provincias y municipios.
- Facilitación del acceso a destinos turísticos como Bariloche, Cafayate, Ushuaia o Puerto Iguazú.
Con una estructura federal y equipos técnicos distribuidos en todo el país, la DNV fue clave en el desarrollo de la infraestructura vial y el turismo interno.
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La administración Milei argumenta que Vialidad Nacional presentaba superposición de funciones con otros organismos, bajo un esquema que calificaron de “ineficiente” y “costoso”. Además, se indicó que el crecimiento del personal en entes descentralizados fue exponencial: de 35.481 agentes en 2010 a más de 88.000 en 2024.
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A partir de ahora, sus competencias pasarán a la recientemente creada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, una nueva estructura que tendrá como objetivo auditar contratos y controlar concesiones viales, pero ya no ejecutar obras directamente.
Además, el Ministerio de Economía absorberá parte de sus funciones operativas y de planificación, mientras que los activos físicos (inmuebles, vehículos y equipos) pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su redistribución o venta.
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Aunque el Gobierno sostiene que esta decisión permitirá “optimizar recursos”, sectores técnicos y sindicales expresaron preocupación por la pérdida de capacidades estatales para gestionar obras estratégicas en rutas nacionales. También alertaron sobre la posible privatización de servicios esenciales y la desarticulación de equipos técnicos con décadas de experiencia.
Así, la disolución de Vialidad Nacional marca un cambio de paradigma: del Estado constructor al Estado regulador, en un área clave para el desarrollo y la integración territorial de la Argentina.