El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se refirió este viernes al uso de la fuerza policial en el marco de las protestas sociales, luego de que se produjeran incidentes en manifestaciones en diferentes puntos del país como, por ejemplo, la ciudad de Córdoba.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se refirió este viernes al uso de la fuerza policial en el marco de las protestas sociales.
El mandatario santafesino aseguró que respetará la protesta social, pero remarcó que, si se producen desmanes, accionará la policía.
En rueda de prensa, Pullaro sostuvo que “la protesta social, siempre y cuando no cruce los límites, se respete el orden, el tránsito y que no se rompa el mobiliario, bajo ningún concepto la vamos a reprimir, pero cuando hay desbordes el uso de la fuerza está legitimado y la vamos a utilizar”.
En la misma línea, el gobernador señaló que “nunca vamos a reprimir, pero no voy a permitir que me bloquen empresas, puertos y rutas y que cuatro personas me corten arterias”, y explicó que “si hay 10 mil personas cortando una calle, no tenés posibilidad. En ese caso, hay que trabajar para ordenarlo. Vamos a trabajar para que se pueda transitar y que se pueda manifestar”.
Las consultas al mandatario surgieron a raíz de la presentación de un protocolo antipiquetes por parte del gobierno nacional y de la idea de elaborar un proyecto de ley similar en el ámbito de la provincia de Santa Fe.
Nación dijo que les cobrará 60 millones de pesos a 14 organizaciones sociales por los costos del protocolo antipiquetes
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno de Javier Milei les cobrará $60 millones a 14 organizaciones sociales que identificaron como los que convocaron a marchar el pasado miércoles 20 de diciembre. Además, indicó que se realizó una denuncia judicial que por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" en relación con el manejo de planes sociales tras las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134.
“Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales de acuerdo al protocolo de orden público”, afirmó Adorni.
Se identificaron las siguientes organizaciones sociales: el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, MTR 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el FOL, Barrios de Pie, Torres, el MTE y el Movimiento Patria Justa, según el vocero presidencial.
En el mismo sentido, Adorni precisó que en la línea 134, que fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas, “se recibieron 16.150 llamadas, de las cuales hay 1.200 que se encuadraban dentro de la tipología señalada” en la presentación judicial. Hasta el momento hay 32 personas denunciadas y el gobierno nacional asegura que tiene el detalle de “quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan”.
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