El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, firmaron el 18 de diciembre pasado el decreto Nº 132 mediante el cual otorgaron a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, comandada por Juan Pablo Poletti, un aporte no reintegrable por $ 446.981.661,74 para la obra de urbanización del barrio Jesuitas, ubicado en el norte de la ciudad.
La decisión no sólo es subrayable en tanto implica la primera transferencia de fondos hacia el municipio por fuera de los recursos automáticos como la coparticipación, sino también que también se hace a través del Plan Incluir, creado durante el gobierno de Omar Perotti, y que fue objeto de agudas polémicas por la presunta discriminación a la hora de distribuirse y por ser el reemplazo del Plan Abre.
De hecho, el primer párrafo de los considerandos del decreto, al que accedió AIRE, señala que “el 29 de octubre del 2020 se crea el ‘Plan Incluir’, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a luz y agua seguras".
Y continúa: "Fortalecer las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal; impulsar la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde autoridades locales y provinciales interactúen con las y los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los problemas a resolver; abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales”.
Recuerda, asimismo, que “la autoridad de aplicación del Plan es el ex Ministerio de Gestión Pública -actual Ministerio de Gobierno e Innovación Pública-, el cual tiene la responsabilidad primaria de su desarrollo integral y ejercerá además las funciones de coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación de su ejecución”. De allí, la firma de Bastía.
Ya en relación a los trabajos en sí, el decisorio del gobernador indica que el proyecto en 2020 ya contó con el informe de viabilidad técnica de la dirección general de Infraestructura de la provincial, como así también del aval de la secretaría de Municipios y Comunas.
Al año siguiente, el Concejo deliberante de Santa Fe adhirió “en todos sus términos al plan” y autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a “gestionar los recursos, memoria técnica del proyecto, cómputo y presupuesto, localización de la obra proyectada, planimetría y fotografías actuales de los sectores a intervenir”.
En 2022, otorgó su respaldo el Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Públicas. Más puntualmente sobre las tareas a llevar adelante en, el decreto precisa que “con el fin de brindar una mejor calidad de vida a las familias del barrio mencionado, mediante la generación de la obra de infraestructura, la cual plantea el acceso a la red de agua potable, alumbrado público, ejecución de red vial y desagües pluviales”.
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