Presentan una demanda ambiental y soberana contra petroleras por la explotación ilícita en las Islas Malvinas
El CECIM La Plata y ambientalistas llevaron a la Justicia de Río Grande el proyecto "León Marino" para frenar las obras y congelar su financiamiento.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) presentaron una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
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La demanda, radicada en el Juzgado Federal de Río Grande bajo el expediente FCR 13706/2026, busca paralizar las actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Estado argentino en la plataforma continental soberana usurpadamente concesionadas por el gobierno colonial británico.
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El eje central del planteo judicial se articula bajo el principio de "tutela ambiental soberana", el cual sostiene que el ambiente y la soberanía constituyen bienes jurídicos colectivos e indivisibles. La presentación argumenta que las compañías operan en territorio argentino sin contar con la Evaluación de Impacto Ambiental ni con el Certificado de Aptitud Ambiental requeridos por la legislación nacional. Asimismo, señalan que el proyecto viola la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la Argentina y al Reino Unido a no introducir modificaciones unilaterales en la zona mientras continúe la disputa de soberanía.
La iniciativa comercial, denominada "León Marino", equivale en escala a un "Vaca Muerta 2" en el Mar Argentino. La documentación incorporada al expediente detalla la proyección de 23 pozos —16 productores de petróleo, 6 de inyección de agua y uno de gas— articulados mediante una unidad flotante FPSO con capacidad para procesar 120.000 barriles diarios de crudo y 140 millones de pies cúbicos de gas al día.
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A nivel ambiental, la demanda alerta sobre la emisión de 9 millones de toneladas de CO durante la etapa de desarrollo y más de 100 millones de toneladas por la quema del petróleo extraído, sumado a los riesgos sobre la fauna marina, el fondo oceánico y el peligro de derrames que, impulsados por la Corriente de Malvinas hacia el norte, podrían propagar contaminantes a grandes distancias.
Ante la jueza federal Mariel Borruto, los demandantes solicitaron una medida cautelar de no innovar para frenar de inmediato la ejecución de perforaciones, movimientos en el lecho marino y el tendido de infraestructura. En simultáneo, requirieron un bloqueo financiero para impedir nuevos contratos, desembolsos, garantías o transferencias destinadas al proyecto, junto con la notificación judicial a organismos de contralor y mercados bursátiles como la Financial Conduct Authority, la London Stock Exchange, la Israel Securities Authority, la Tel Aviv Stock Exchange y la New York Stock Exchange. La elección de la jurisdicción de Río Grande responde al marco legal de las leyes 23.775, 26.552 y 24.400, que integran las Islas Malvinas a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
