Volvió días atrás el Plan Abre, cuyo lanzamiento original fue en 2014. Había sido discontinuado durante el gobierno de Omar Perotti, luego de que se le impusiera una ley para quitarle su control. El Plan Incluir, su sucesor y ahora su conviviente.
El Plan Abre y el Plan Incluir van a convivir con una incidencia presupuestaria diferente.
La vuelta del Plan Abre, oficializada el lunes pasado por decreto del gobernador Maximiliano Pullaro, constituye un nuevo episodio en una saga que comenzó hace 10 años, con la creación de este programa, y que en su transcurso fue eje de intensas disputas políticas por su control, incluida una etapa de metamorfosis y cambio de nombre.
En 2014, el gobierno de Antonio Bonfatti lanzó el Plan Abre para ejecutar intervenciones integrales en los barrios más calientes de Rosario y Santa Fe.
Según un informe oficial de noviembre de 2018, este programa nació cuando “en el año 2013 en el marco del Gabinete Social, a partir de una concepción multidimensional e interrelacionada, se identificaron un conjunto de barrios que se destacaban por el incremento de la violencia interpersonal, el retraimiento de la participación ciudadana, la escasez de espacios públicos, el debilitamiento de los lazos sociales, problemas de infraestructura y dificultad en el acceso a los servicios públicos”.
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“El Plan Abre surge para integrar las intervenciones fragmentadas, y a veces superpuestas, que diferentes áreas y niveles del Estado realizan en los barrios para alcanzar los impactos deseados sobre la ciudadanía y las familias”, añade el estudio.
La idea y su ejecución lograron buenos resultados. En la ciudad de Santa Fe, el caso de Alto Verde fue paradigmático. El Plan Abre comenzó a multiplicarse en los barrios de los dos grandes centros urbanos de la provincia y posteriormente llegó a sus áreas metropolitanas: Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez. Más tarde, al cierre del gobierno de Lifschitz, se incorporaron Granadero Baigorria y Pérez.
La oposición peronista, si bien manifestó su respaldo al programa, advirtió que las intervenciones se concretaban casi exclusivamente en municipios gobernados por el entonces Frente Progresista.
Ya en 2014, el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, presentó un proyecto para distribuir proporcionalmente el Plan Abre en las ciudades de las áreas metropolitanas. Perdió estado parlamentario. En 2016 lo intentó nuevamente y logró la aprobación en la Cámara Alta, pero fue bloqueada en Diputados.
Finalmente, Traferri tuvo éxito en 2019, claro que en un contexto político completamente distinto. Omar Perotti ya había ganado las elecciones y se alistaba para tomar el mando en la Casa Gris, mientras se desarrollaba un tumultuoso proceso de transición.
A los tironeos con el gobierno saliente se le sumó la ruptura interna con el senador sanlorencino, por motivos que aún hoy se discuten. El resultado: el Frente Progresista y un sector de legisladores justicialistas le impusieron a la gestión entrante el presupuesto 2020 y la nueva modalidad del Plan Abre.
En la letra de la ley Traferri se explica todo. Dispone que los fondos del programa “se deben distribuir entre los municipios de la Provincia conforme se distribuye la recaudación en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.
Además, crea una “Comisión Especial de Seguimiento” que será “constituida por tres (3) Senadores, tres (3) Diputados y seis (6) representantes designados por el Poder Ejecutivo, que debe analizar los proyectos presentados por los municipios y se debe expedir respecto a la compatibilidad de los mismos con lo dispuesto en la presente ley”.
Es decir: no solamente le quitaba a Perotti la discrecionalidad plena para decidir montos y destinos de las intervenciones sino que además lo obligaba a negociar con una Legislatura hostil, de acuerdo a la conformación parlamentaria surgida de las elecciones en 2019.
La respuesta del rafaelino llegaría un año después, el 29 de octubre de 2020. A partir de un pedido de la comuna de Gobernador Crespo, departamento San Justo, para que se declare inconstitucional la ley del Plan Abre porque marginaba a las poblaciones más pequeñas, Perotti decretó que la normativa era “inaplicable”.
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En los argumentos del decisorio, el entonces gobernador consideró que “el trato desigual estaría en excluir a las Comunas del acceso a la financiación de diferentes proyectos a través del ‘Programa de Intervención Integral de Barrios’, lo que resulta discriminatorio y perjudicial para los habitantes de poblaciones que se organizan como Comunas y sin base en el principio de solidaridad financiera, que se verían impedidos, sin fundamentos que lo justifiquen, de acceder a obras de infraestructura que optimicen la accesibilidad barrial, la urbanización, la disponibilidad de equipamiento social y su calidad habitacional; de lograr mejoras en obras de saneamiento, agua potable, cloacas, tratamiento de residuos y construcción de unidades habitacionales, entre otros no menos importantes beneficios”.
Además, sentenció que “si bien las normas habilitan establecer políticas públicas de infraestructura diferenciadas para los Municipios y Comunas, lo que no resulta jurídicamente posible es consagrar una flagrante asimetría entre unos y otras”.
También aseveró que “el modelo de gestión” de la ley del Plan Abre “no se adecua a las premisas constitucionales sobre relaciones intergubernamentales, en tanto instituye una particular descentralización territorial, controlada o fiscalizada, por una comisión parlamentaria; y dejando de lado -sin fundamentación alguna- a la totalidad de las Comunas existentes en la Provincia”.
Y agregó que “como está diseñada, la ley priva al Poder Ejecutivo de ejercitar la función administrativa necesaria”, cuyos artículos “consagran un cercenamiento de potestades constitucionales y de ponderación del Poder Ejecutivo”.
Por todo ello, concluyó, la ley del Plan Abre “no supera la prueba de constitucionalidad que toda norma necesita para su concreta aplicación; por lo que corresponde al Poder Ejecutivo tomar las medidas necesarias para preservar la vigencia de la legalidad”.
Esas acciones fueron, como ya se dijo, declarar inaplicable la normativa y, en el mismo decreto, crear el programa de reemplazo: el Plan Incluir.
Al conocerse la noticia, el entonces diputado provincial y hoy secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, siempre filoso en la red social X, posteó: “Fujimorazo”. La oposición pasaría el resto del mandato de Perotti denunciando discriminación en la asignación de fondos para obras en el marco del Plan Incluir.
Durante la campaña electoral de 2023, Maximiliano Pullaro prometió que en su gobierno volvería el Plan Abre. Ya en la Casa Gris, a principios de este año se hizo el anuncio oficial junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, cuya cartera sería la autoridad de aplicación del programa como cabeza del Gabinete Social.
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Debieron pasar unos cuantos meses hasta que, el lunes pasado, finalmente salió el decreto de refundación.
En la argumentación oficial se “considera prioritario implementar el abordaje desde un gabinete social que cuente con un accionar interministerial, intergubernamental e interinstitucional, retomando una política iniciada en el año 2008 y, en igual sentido, reimplantar una política pública iniciada en el año 2014 y abandonada en los últimos años, como fue el Programa de Intervención Integral en Barrios priorizados, denominado ‘Plan Abre’”.
Asimismo, el decisorio establece que “el plan Abre tendrá una asignación presupuestaria anual específica, como fuente principal de recursos, que permitirá ejecutar programas, proyectos y obras priorizados, y que para el presente ejercicio será instrumentada a través de modificaciones presupuestarias compensadas mediante reducción de la partida Transferencias del programa ‘Plan Incluir’”.
De esta manera, la vuelta del Plan Abre contará con 10 mil millones de pesos para 2024, que saldrán de los 52.700 millones de pesos previstos para el Plan Incluir, hoy a cargo del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía. Eso significa que ambos programas van a convivir, si bien con una incidencia presupuestaria diferente.
La experiencia de estos 10 años permite arriesgar que este episodio no será el último de la saga.
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