En el marco de la emergencia en seguridad, la Provincia apeló a la modalidad de licitación rápida. Se presentó una sola empresa y se le adjudicó la provisión del equipamiento.
Las compras para equipar al personal que trabaja en las cárceles de la provincia de Santa Fe se hicieron a través del procedimiento acelerado que prevé la emergencia en seguridad.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, firmaron el 19 de julio pasado el decreto Nº 1.065 mediante el cual adjudicaron a la empresa bonaerense Punto de Impacto la licitación acelerada para la compra de tres “escudos balísticos Nivel RB3” y 200 “cascos de protección balística Nivel RB3” por un total de 267.900 dólares.
Ese monto se abonará convertido a moneda argentina “en un todo de conformidad con la cotización” de la divisa estadounidense “billete, tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de emisión de la factura”. A valores de hoy, son más de 253 millones de pesos.
La figura de “licitación acelerada” está prevista en la ley de emergencia en seguridad aprobada por la Legislatura a fines del año pasado y “se caracteriza por un período acotado para la presentación y evaluación de propuestas, destinado a casos que demandan una respuesta pronta, manteniendo un nivel adecuado de competencia entre los posibles proveedores”, según el reglamento de contrataciones previsto para estos casos.
La misma guía indica también que se debe seleccionar el procedimiento “basándose en la urgencia y en el análisis de mercado” para “decidir si proceder con una licitación acelerada o una contratación directa”.
“La decisión debe considerar si la rapidez requerida puede lograrse a través de una competencia acotada (licitación acelerada) o si la situación exige una contratación directa debido a la exclusividad del proveedor”, amplía.
En este contexto, de acuerdo al decreto al que accedió AIRE, la Dirección General del Servicio Penitenciario de Santa Fe, a cargo de la secretaria de Asuntos Penales Lucía Masneri, fue donde se inició la gestión para la compra del equipamiento, siempre en el marco de la ley de emergencia, “a fin de dotar al personal para el correcto desempeño de las funciones asignadas en materia de seguridad”.
Así las cosas, y con “el compromiso preventivo en la partida presupuestaria pertinente”, la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad “instrumenta la convocatoria a la Licitación Acelerada Nº 1/24 (…) constando en las actuaciones los pedidos de cotización con los requisitos a cumplimentar”, los cuales “fueron enviados a los proveedores seleccionados (…) invitándose a firmas comerciales del rubro inscriptas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas”.
Continúa: “a la compulsa se ha presentado la firma Punto de impacto SA”, que resulta ganadora “por única oferta, resultar conveniente, ajustarse técnicamente a lo requerido en la solicitud de presupuesto y los precios resultan razonables a los valores del mercado”, según determina el informe de preadjudicación correspondiente, ratificado por el decreto del gobernador.
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En su página web, la compañía se presenta como “una empresa con 30 años de experiencia en el sector de seguridad, defensa y contramedidas electrónicas de alta tecnología. Especializados en equipamiento policial y penitenciario”. Tiene domicilio en Munro, localidad de Vicente López, en el conurbano bonaerense.
Será esta firma la que proveerá al Servicio Penitenciario de Santa Fe tres “escudos antibalísticos y antifragmentarios Nivel RB 3 con visor y linterna. Marca Blar. Origen Argentina” a un precio por unidad de U$S 9.300 y doscientos “cascos balísticos con Protección Nivel RB 3. Marca: Miguel Caballero. Modelo MICH mesh IIIA. Origen: Colombia. Material: Aramida” a un valor de U$S 1.200 cada uno. Total: U$S 267.000.
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