Por la amenaza de la llegada de la variante Delta, más contagiosa, es prioritario acelerar el plan de vacunación.
La gestión de la pandemia y la campaña de vacunación contra el covid-19, dos banderas que el Gobierno pretendía ostentar en la campaña electoral, podrían convertirse –por mala praxis- en el talón de Aquiles del oficialismo en los próximos comicios legislativos.
La lentitud en la aplicación de las vacunas, sobre todo en Buenos Aires –el mayor distrito electoral del país-; la inexplicable demora en el arribo de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V; la situación dramática de los varados en el exterior por el cupo en los vuelos impuesto por el Gobierno y la demora en acordar con el laboratorio Pfizer la provisión de vacunas norteamericanas configuran un cuadro de situación que no deja de acarrearle fuertes dolores de cabeza al oficialismo. Todo esto en medio de la tragedia por las muertes ocasionadas por el virus desde que estalló la pandemia –en los próximos días alcanzarán las 100.000- y la amenaza de la llegada de la variante Delta, aún más contagiosa.
La oposición busca sacar su tajada electoral en medio de las idas y vueltas del Gobierno. El jueves pasado tres diputados de Juntos por el Cambio solicitaron, en el recinto, que se debata su proyecto para modificar la actual ley de vacunas y destrabar, así, las negociaciones con el laboratorio Pfizer. Lo reclamaron en nombre de más de 100.000 niños y adolescentes con enfermedades graves que necesitan ser inmunizados para salir del aislamiento al cual están sometidos hace un año y medio; la vacuna Pfizer es la única autorizada en el mundo –por ahora- para menores de 18 años.
Lo cierto es que el Gobierno tenía avanzadas las negociaciones con Pfizer, aunque a partir de lo ocurrido en Diputados anunció, anoche, que dictaría un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley de vacunas y cerrar el contrato con el laboratorio norteamericano. El Gobierno calibró que los costos políticos de demorar todavía más el acuerdo –que empezó a negociarse en junio del año pasado con la promesa de 13,2 millones de dosis- ya eran insostenibles; además, por no destrabar la ley, iba a quedar al descubierto que la Argentina iba a ser el único país de América Latina en no recibir la donación de millones de dosis provenientes de Estados Unidos por no adecuar su marco legal.
De todas maneras, resulta cuanto menos insólito que el Poder Ejecutivo apele a un DNU para modificar la ley de vacunas. El Congreso no solo está en pleno funcionamiento, sino que la oposición ha anticipado su predisposición a discutir cualquier modificación a la norma que facilite la provisión de dosis de distintos laboratorios.
Está claro que para el Gobierno es más fácil –y menos costoso políticamente que un debate en el Congreso- recurrir al atajo del decreto para esquivar las críticas de la oposición en el recinto. Sin ir más lejos, desde que asumió el gobierno, el presidente Alberto Fernández emitió más de 100 DNU, el triple de proyectos de ley que envió, en el mismo período, al Congreso.
Más allá de estas cuestiones formales, lo cierto es que el Gobierno corre contrarreloj para acelerar la campaña de vacunación. El Ministerio de Salud confirmó que se detectaron dos nuevos casos de la variante Delta del covid-19; con ellos, ya suman cinco los registrados en el país. Estos casos le servirán al Gobierno para justificar el cierre casi total de la frontera aérea y los cupos para el regreso de los argentinos varados en el exterior; sin embargo, aún no puede explicar por qué marcha tan lenta la vacunación en nuestro país, cuando según los datos oficiales ya suman 5 millones las dosis distribuidas en todo el país pero aún no han sido aplicadas.
Esta demora se cobra en vidas, y Alberto Fernández, que pretendía erigirse en el guardián sanitario de los argentinos, hoy se siente acosado por una pesadilla que no parece tener fin.
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