Tras el rechazo del senado al DNU, el gobierno abrió el diálogo con los bloques amigos de la Cámara de Diputados para tratar de conseguir la sanción de la Ley Bases en su formato reducido.
Contrario a lo que muchos temían, Javier Milei no dinamitó su anunciado Pacto de Mayo tras el revés que sufrió el oficialismo en el Senado con el rechazo del DNU 70/23. Por el contrario, un día después de la derrota, la Casa Rosada aceleró las negociaciones con representantes de la “oposición dialoguista” con el objetivo de que la Cámara de Diputados le dé media sanción a la Ley Bases en su versión acotada, a más tardar, a mediados de abril.
La primera cita fue el viernes por la mañana con un grupo de diputados del PRO, encabezados por Cristian Ritondo. Luego fue el turno de los representantes del bloque radical, liderados por Rodrigo De Loredo.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, anfitrión de ambos encuentros, se llevó el apoyo de ambas bancadas, aunque tomó nota de que tanto la nueva Ley Bases como el paquete fiscal –que la complementaría como iniciativa aparte– sufrirán modificaciones en dos de los capítulos más conflictivos: la reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la fórmula para actualizar los haberes jubilatorios.
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Con el nuevo esquema de Ganancias propuesto por el Gobierno alrededor de 1,5 millón de trabajadores hoy exentos volverían al tributar el impuesto. Esto sería así porque fijó el mínimo no imponible en $1,1 millón de sueldo neto para solteros y $1,5 millón neto para contribuyentes casados con dos hijos. En el caso de los trabajadores autónomos, el mínimo no imponible es más bajo y equivale a $885.310, para un soltero sin hijos, mientras que es de $1.253.700 para un casado con 2 hijos.
Si bien la iniciativa establece alícuotas progresivas que van del 5% al 35% según la magnitud del salario a ser actualizadas trimestralmente por el índice de inflación, plantea la eliminación de una serie de exenciones y conceptos que no estaban alcanzados por la alícuota de Ganancias. Entre ellas, por caso, el aguinaldo, bonos por productividad, horas extras, gastos de movilidad y remuneraciones percibidas por guardias obligatorias.
La bancada del PRO, aliada al Gobierno, no discutirá el valor del piso mínimo no imponible del impuesto aunque sí reclamará que se mantengan algunas de las exenciones, como los ingresos percibidos por guardias médicas o del personal de seguridad.
El radicalismo, en una postura más dura que sus ex aliados de Juntos por el Cambio, sostiene que es demasiado bajo el piso salarial a partir del cual se propone aplicar el impuesto. Hay voces, como la de Martín Tetaz, que advierten que no están dispuestos a votar la reversión del tributo en un contexto de fuerte caída en los ingresos si, en paralelo, no se aborda una reforma tributaria integral.
Con respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria, ambos bloques le reclamaron celeridad al ministro en el abordaje de este problema. El Gobierno propone que, a partir de abril, los haberes jubilatorios se actualicen de manera mensual (actualmente es trimestral) con el índice de inflación.
Ese mes los jubilados y pensionados cobrarían, además, un adicional de 10 puntos porcentuales en concepto de recomposición por la inflación de enero que, en rigor, trepó al 20,6%. Es decir que el Ministerio de Economía compensaría la mitad de lo que los beneficiarios perdieron por efecto de la inflación el primer mes del año.
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En la oposición dialoguista son contestes de las urgencias fiscales del Estado y, por tal motivo, acompañarán una nueva fórmula indexatoria por inflación a partir de abril. Sin embargo, no aceptarán esta compensación parcial propuesta por el Gobierno por el período de enero.
Tanto el proyecto de la Coalición Cívica y como el que presentó el PRO –impulsado por la diputada María Eugenia Vidal– insisten en que cualquier fórmula ajustable a la inflación que se aplique de ahora en adelante debe contemplar una compensación íntegra por la pérdida del poder de compra de los jubilados y pensionados por la suba inflacionaria de enero.
El ministro del Interior tomó nota del reclamo aunque evitó dar una respuesta. “Acceder a una compensación completa por enero implicaría una erogación de 2600 millones de dólares por parte del fisco”, se sinceran desde el oficialismo. La disputa está abierta.
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