Los 58 votos que logró la ley fueron aportados 34 por los peronistas, 12 radicales, 2 de por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal; 2 del Pro, dos de por el Frente Renovador de la Concordia Social, 1 por Juntos por Rio Negro, Despierta Chubut, Por la Justicia Social y el Movimiento Popular Neuquino.
Otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
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Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
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Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
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A la decena de rechazos, además de los seis libertarios, se plegaron dos senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y formoseño Francisco Paoltroni (Formosa).
Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).