Cuando asumió el 12 de diciembre de 2019, el gobernador Omar Perotti sorprendió con un discurso con una fuerte intensidad política. En ese momento afirmó que había que “cortar los vínculos con el delito”. Se refería a la relación del Estado con sectores mafiosos. En su último discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura, el mandatario provincial insistió con ese concepto. “Vamos a continuar poniendo el foco donde lo pusimos desde el primer día: en cortar todo vínculo con el delito”, repitió.
Seguridad, una las principales problemáticas que afectó al gobierno de Perotti.
Perotti enumeró que 122 policías y agentes penitenciarios de la provincia fueron desplazados tras investigaciones de la Agencia de Control Policial y de la Justicia. La complicidad de las fuerzas de seguridad de la provincia con grupos narcos es cada vez mayor. En la mayoría de las causas donde aparece una estructura solventada por el crimen organizado aflora una pata policial. Es lo que aporta sofisticación, información y amparo a los grupos rústicos, pero extremadamente violentos, que llevaron a que en Rosario el año pasado se rompiera el récord histórico de la estadística de homicidios dolosos, con 288 personas asesinadas.
Perotti había sugerido en aquel discurso inaugural en 2019, cuando Marcelo Sain era ministro de Seguridad, que había grupos mafiosos y narcos habían tejido relaciones con el poder político y también judicial, además, del foco que había puesto en la policía. Esa hipótesis tenía sentido y aportaba argumentos para demostrar porqué había crecido tanto la violencia y el narcotráfico en Rosario.
La investigación del homicidio del gerente bancario Enrique Encino, que ocurrió en enero de 2020 en el casino de Rosario, logró escalar no sólo hasta los autores materiales –miembros de la banda de Los Monos-, sino hasta una estructura corrupta que funcionaba en la fiscalía de Rosario, donde el entonces jefe de los fiscales Patricio Serjal y otro funcionario del MPA Gustavo Ponce Asahad cobraban sobornos de un empresario de juego clandestino, llamado Leonardo Peiti, que utilizaba, según la investigación que realizaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al senador Armando Traferri como negociador o intermediario entre ese sector corrupto del Poder Judicial y la política. Peiti declaró como arrepentido y reveló que había pagado más de 200.000 dólares a Traferri y que ese dinero iba –según su presunción- a financiar campañas políticas.
La investigación de Schiappa Pietra y Edery aún sigue en pie, a pesar de que el Senado de Santa Fe rechazó en diciembre de 2021 retirar los fueros que protegían a Traferri. Se unió gran parte de la corporación política para protegerlo. Hubo un intento del propio legislador por abrir una investigación en la Legislatura contra los propios investigadores, que finalmente se cayó.
En los últimos años, la justicia avanzó, con el respaldo del gobierno, contra los primeros síntomas que graficaban que el problema era más profundo y que la causa de juego clandestino era solo un ejemplo de las infecciones que supuraban en el Estado. Nadie, por comodidad y complicidad, quería verlo.
Este caso y varias torpezas políticas lograron que Sain renunciara a su cargo. La causa de espionaje en su contra nunca avanzó, aunque mostró procedimientos poco transparentes en el manejo del área. Empezó un desfile de ministros en ese puesto que agudizaron la crisis que azotaba a Rosario, con un crecimiento de la violencia y bandas criminales cada vez más fortalecidas, en parte, con el apoyo de sectores corruptos de la policía. Por lejos, el que enfrentó mayores problemas fue Rubén Rimoldi, cuyo nombramiento nunca terminó de comprenderse. Un excomisario alejado de la función, sin preparación y con escasa cintura política.
Desde que empezó a pretender ser gobernador en 2011, Perotti se enfocó en el problema de la seguridad. Lo advirtió en el discurso en la Legislatura, cuando afirmó: “Desde 2011 vengo hablando de esto. Se me acusaba de temas que no existían. Ojalá hubiera estado equivocado”. Los cambios permanentes en materia de seguridad evidenciaron que el gobernador no había construido un equipo y un plan para enfrentar un problema que superó los márgenes de la provincia.
Perotti centró su mirada en reclamar mayor presencia de fuerzas federales. Se concretó un refuerzo de gendarmes y policías federales recién en marzo pasado, después del impacto que tuvo el ataque contra el supermercado del suegro de Lionel Messi. Los reclamos que llevaba hasta ese momento al gobierno nacional eran subestimados, tanto durante la gestión de Sabina Frederic como de Alberto Fernández. Recién en los últimos dos meses se concretaron inversiones de la administración nacional, sobre todo en áreas de pericias y tecnológicas, y también de parte del gobierno provincial, que transitó los tres años bajo la llamada emergencia en seguridad.
“Apostamos a equipar, modernizar y robustecer el sistema de seguridad y penitenciario para sacarlo del retraso en el que estaba en materia logística, tecnológica y de infraestructura. Para ello primero tuvimos que revertir un proceso en donde se iban más policías de los que ingresaban. Algo inadmisible”, señaló el gobernador.
“Con una inversión de más de 35 millones de dólares, estamos dando un importante salto tecnológico para reemplazar el anterior 911 por un sistema de emergencia moderno, con tecnología de última generación en comunicación, videovigilancia e inteligencia criminal”, explicó.
Los reclamos de la oposición se centraron en este último tiempo en las demoras para concretar este tipo de inversiones centrales, como las de tecnología, que mejoran el desempeño y la intervención ante un hecho delictivo.
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