Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes aparecen en registros oficiales como prestamistas en una operación inmobiliaria vinculada al funcionario.
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De acuerdo con la documentación, la compraventa de un departamento en Caballito se realizó en noviembre de 2025 por un total de US$230.000.
En ese mismo acto se registró una hipoteca no bancaria por US$200.000, en la que Viegas y Sbabo figuran como acreedoras en partes iguales, lo que implica que habrían financiado casi el 90% de la operación.
Sin embargo, ambas mujeres aseguraron no conocer a Adorni, lo que generó interrogantes sobre el origen y la estructura del financiamiento.
Crecen las dudas sobre su patrimonio
El caso se suma a la polémica que rodea la evolución patrimonial del funcionario. Días atrás, Adorni afirmó públicamente que su patrimonio fue construido en el ámbito privado y que “no tenía nada que esconder”, aunque evitó dar detalles sobre operaciones recientes.
La aparición de estos datos volvió a poner el foco en sus declaraciones y en la falta de precisiones sobre sus movimientos financieros.
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El tema se desarrolla en un contexto de creciente presión política y judicial. Según trascendió, la Justicia analiza la situación patrimonial de Adorni, mientras el funcionario no respondió consultas específicas sobre la compra del inmueble y el esquema de financiamiento registrado.
El caso abre nuevos interrogantes y mantiene el tema en agenda, en medio de un escenario de alta exposición pública.