La aprobación de la Ley de Protección de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos y sus familiares prevista para este jueves tendrá que esperar hasta la próxima sesión, ya que se aprobó en Senadores pero recibió modificaciones y volvió a la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí tiene preferencia para ser tratada y aprobada durante la próxima sesión.
La iniciativa del diputado Oscar "Cachi" Martínez busca, entre otros objetivos, que el Estado brinde un servicio de representación judicial gratuita para que las víctimas puedan participar activamente del proceso penal a los autores de los delitos. Los senadores, en tanto, introdujeron cambios importantes y enriquecieron el proyecto.
En este sentido, el senador Lisandro Enrico explicó que “es la ley más importante que hemos votado este año. Agregamos cambios importantes y podemos decir que ninguna provincia tiene las disposiciones que tiene esta norma. El proyecto de Diputados tenía 10 artículos y el Senado lo devolvió con 30 artículos”.
Familiares de víctimas en la Legislatura
Catalina Narvaez, la abuela de un adolescente de 14 años que mataron en un hecho de inseguridad, estuvo el jueves en la Legislatura para acompañar el tratamiento del proyecto. En este sentido dijo que “es un logro que finalmente pueda tratarse esta iniciativa porque es una lucha que tenemos desde hace cinco gobiernos”.
En relación a los años lucha, señaló que “ya son 16” y añadió: “No tuve justicia. A mi nieto lo mataron por error, y fue el Estado, porque el arma era del Estado. Nunca tuve justicia y creo que merezco respeto”.
Por su parte, otro familiar presente en el hall de la Legislatura expresó que ninguno de ellos “eligió estar acá”, pero valoró el hecho de que por primera vez su voz sea escuchada. “Esta es una ley para poder empoderar a los familiares”, concluyó.
Cuándo fue la media sanción de la ley en Diputados
El proyecto tuvo media sanción en noviembre de 2021, y previo a ello, por iniciativas de los diputados Martínez, Pablo Farías y Julián Galdeano, se convocó a Audiencias Públicas que se realizaron en las cinco ciudades más importantes de la provincia. En ellas hubo más de 300 participantes y 80 oradores entre funcionarios de los tres poderes del Estado, representantes de Universidades, Colegios de Profesionales, Asociaciones y familiares de víctimas.
Del aporte de todos ellos surgió buena parte del contenido del texto del proyecto de ley, y fundamentalmente la necesidad de construir consensos para que la provincia de Santa Fe tenga una Ley de Víctimas propia.
A esas audiencias se sumaron múltiples convenios firmados con Colegios de Abogados de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela; con la Municipalidad de Rosario y otros Municipios y Comunas. Además de las audiencias se llevaron a cabo conversatorios sobre tipos específicos de delitos, que tienen como consecuencia tipos específicos de víctimas, como ser las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia institucional, las víctimas de delitos de viales, entre otras.
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