El presidente Javier Milei envía su paquete de medidas al Congreso y enfrenta su primer test de gobernabilidad.
NA: MARCELO CAPECE
Tras el anuncio de las medidas de ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, se le abre un escenario complejo al gobierno de Javier Milei en el Congreso, donde él y sus colaboradores deberán exhibir sus mejores dotes de negociación para lograr que sean aprobadas por la oposición.
El Gobierno remitirá el paquete de iniciativas la semana próxima a ambas cámaras parlamentarias. El objetivo es alcanzar en 2024 un déficit cero en las cuentas públicas. Salvo el kirchnerismo y la izquierda, los restantes bloques opositores se muestran predispuestos a colaborar con el nuevo gobierno, pero ya anticiparon sus reparos a por lo menos dos de las iniciativas: la derogación de la ley de movilidad jubilatoria y la restitución del impuesto a las Ganancias.
“Estamos de acuerdo con el rumbo que trazó el Gobierno hacia un déficit cero, pero no hay una única manera de lograrlo. Discutir esto no implica discutir el rumbo, sino poner sobre la mesa distintas soluciones fiscales posibles, que pueden tocar otros sectores, para que el esfuerzo de la carga sea más equitativo y no recaiga solo sobre los sectores asalariados de la clase media”, sintetiza el diputado Nicolás Massot en nombre de la mayoría de los legisladores que comprometieron su colaboración al Gobierno.
La gravedad de la crisis económica y el peligro de que el país sucumba en una hiperinflación colocan al oficialismo en una posición de relativa ventaja en la pulseada, pero incluso los bloques más afines advierten que no librarán cheques en blanco. En otras palabras, no concederán delegaciones legislativas extraordinarias al Poder Ejecutivo en nombre de la emergencia, por más grave que sea.
El presidente Milei convocó para el martes próximo a todos los gobernadores a la Casa Rosada. El tema ineludible, según los sondeos previos, será el reclamo de las provincias por la caída en la coparticipación que provocó la reforma en el impuesto a las ganancias que se votó durante la campaña presidencial y que la mayoría de los mandatarios provinciales apoyó.
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“Es cierto que la eliminación del impuesto a las Ganancias provoca una merma importante en los ingresos por coparticipación de las provincias. En la mía se prevé una caída de $70.000 millones –admite un legislador peronista oriundo de una provincia del norte–. Pero la solución no es restablecer el impuesto, sino que la Nación compense a las provincias con la coparticipación de la mitad de la recaudación del impuesto al cheque, que es la propuesta que firmamos todos los gobernadores, incluso los de Juntos por el Cambio.”
En la Casa Rosada esperan que los mandatarios provinciales se pongan en sintonía con el diagnóstico acuciante que hace Milei de la situación económica actual cuando habla de la necesidad de “evitar una hiperinflación”. Confían en que asista el pleno de los gobernadores –varios ya confirmaron– y si bien hay dudas sobre los peronistas filo kirchneristas –como el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela, el tucumano Osvaldo Jaldo y el fueguino Gustavo Melella– descuentan que serán pragmáticos como corresponde a su rol, principalmente por necesidad.
Varios gobernadores manifestaron que tendrán dificultad para pagar los sueldos y los aguinaldos de los empleados públicos en diciembre. Otros, en cambio, ya se alinearon con la agenda del ajuste. El flamante gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dijo que su distrito sufre una “crisis financiera” y anunció que los trabajadores estatales locales cobrarán los sueldos de diciembre y enero en dos cuotas.
El otro tema que promete debate es la derogación de la ley de movilidad jubilatoria. La intención de los funcionarios es otorgar reajustes a los ingresos por la vía de decretos. Es difícil que esta iniciativa prospere en el Congreso así como está planteada: los bloques opositores temen que esos reajustes en los haberes corran por detrás de la inflación que, según las estimaciones, podría rondar el 130% en los cuatro primeros meses de 2024.
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