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¿Menos por más? En busca de la reforma laboral progresista

Una vieja idea del joven Recalde (Mariano no, el otro) va ganando espacio y carnadura en medio de la crisis laboral imperante. Con auspicios que van de Moroni a Del Caño, para que haya trabajo decente, para redistribuir los empleos disponibles o garantizar el pleno empleo en coyuntura pobre, una discusión compleja que ya está madura y merece ser abordada.

Descontemos lo obvio y de entrada, ni la UIA ni CAME (la diferencia más significativa entre las cúpulas dirigenciales de grandes y medianos suele ser el tamaño de sus empresas) bancaron ni bancarán una medida que implique una reducción horaria que afecta sus logísticas particulares y que según Daniel Funes de Rioja “es una facultad empresarial según la Ley de Contrato de Trabajo” y es cierto si nos remitimos al artículo 197 del Capítulo 1.

Pero también es cierto –sin contradecir a un abogado experto pero que no distingue un tornillo de una tuerca, como Funes de Rioja- que el artículo siguiente establece que “la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan disposiciones nacionales reglamentarias de la materia”, que es en lo que estamos, o en lo que parece estar el Frente de Todes según palabras del mismísimo ministro Moroni y que podría sumarse a un paquete de leyes con trámite parlamentario que buscan mejorar las condiciones generales de les trabajadores, al margen de las dificultades para logara que las paritarias le ganen a la inflación, para lo cual no basta con liberarlas sino que hay que controlar efectivamente a los precios y ante todo, a las causas que la generan y no responden centralmente a la emisión monetaria.

Para los que aún buscan consensos amplios y transversales a través del diálogo social tripartito impulsado por la OIT, y no repetir errores o gastarse en cruzadas muertas antes de nacer, habrá que consignar lo siguiente: desde el inicio de la pandemia las cúpulas empresariales representadas en asociaciones empresarias varias (AEA, ADEBA, UIA y subsidiarias menores) se opusieron a las indemnizaciones dobles, a la prohibición de despidos por causas de pandemia, a discutir sus estructuras de costos y rentabilidades, al aporte solidario de las grandes fortunas, a la fiscalización de sus operaciones de comercio exterior, a la reglamentación de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad, a la ampliación de licencias por paternidad y maternidad y a la reducción de jornadas laborales. Incluso se opusieron tenazmente a la Ley de Teletrabajo y –demoledor lobby mediante- lograron que se reglamenten sólo 11 de 20 artículos, los que menos les afectaban por supuesto.

Este articulista que cree que el alfonsinismo como proyecto cultural capaz de refundar la cultura política argentina fracasó estrepitosamente, digamos que por contradicciones internas y porque como suele sostener el modo peronista de conducir la diversidad “las transformaciones se hacen con y partir de lo realmente existente”. La vocación de dialogar hasta el paroxismo debería reparar en que uno no tiene ni la oposición, ni los empresarios, ni las centrales obreras que quisiera, sino los que efectivamente existen y que por lo general conforman eso que denominamos “las restricciones externas”. El mismísimo general Perón acuñó un aforismo –entre cientos inolvidables y ocurrentes- que decía que “un radical es alguien que cree que los problemas se terminan cuando se le acaba la saliva”, nada más será dicho al respecto, a menos que el presidente persista en un modelo de construcción de consensos transversales que no le dio resultados significativos hasta el momento.

El único aporte que la UIA hizo a la gestión de la coyuntura tramada por la pandemia, es una que –como casi todas las que enarbola- viene repitiendo desde hace 40 años en los coloquios de IDEA y que increíblemente no pudo imponer durante el mayor de sus fracasos, la pandemia macrista: eliminar las indemnizaciones por despido y suplirlo por un fondo conformado por aportes hechos por los mismos trabajadores. Roberto Lavagna, un socio díscolo del Frente de Todos, operador a cara descubierta de la central empresaria y que el presidente suele tasar por encima de lo que realmente vale o aporta, fue el encargado de instalar el tema a mediados del año pasado, con un diseño abiertamente violatorio de las garantías y derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y –de nuevo!- en la Ley de Contrato del Trabajo que define el sistema de “estabilidad relativa impropia”. De allí no puede esperarse mucho más, habrá que tomar decisiones políticas, dar el debate parlamentario, resistir presiones y operaciones y reglamentar la ley como corresponde.

Entre la realidad y el deseo…entre la audacia y la resignación

La jornada de 8 horas –en épocas donde estaban permitidas y hasta legisladas entre 14 y 18 horas- es una de las conquistas más emblemáticas y que mayor cantidad de vidas costó hasta su implementación hacia principios del siglo pasado. Las luchas obreras y no pocos estudios sobre el rendimiento de las horas hombre en EEUU y Reino Unido, demolieron una santa sede del sistema de producción esclavizante capitalista, comprobándose con datos en vez de opiniones o prejuicios ideológicos que a medida que descendía la cantidad de horas trabajadas por semana de incrementaba la productividad del trabajo con el consecuente impacto en el PIB.

Como la economía es una ciencia social que emplea formulaciones técnicas para resolver problemas humanos y reales y los fenómenos sociales no son sino multicausales, habrá que decir que la variable interviniente “tecnificación de puestos y procesos de trabajo” tiene un impacto decisivo en ése derrotero, no sólo la reducción de la jornada. Y por supuesto que esta decisión no puede prescindir del contexto socio económico, del mercado laboral en que planea ejecutarse. No es lo mismo una economía desarrollada, con condiciones de “pleno empleo” o donde las condiciones de empleabilidad no convierte a la desocupación en un drama y un lugar de reserva permanente, que una en donde la devastación económica producida por dos pandemias sucesivas (macrismo + Covid 19) impone números tales como una desocupación del 10,2% (casi dos millones de personas), 4,6 millones de trabajadores no registrados, un 38% de trabajadores por debajo de la línea de pobreza y una situación de pauperización tal que posibilita que un hogar con dos salarios mínimos y dos AUH no logre superar la línea de pobreza y se acerque peligrosamente a la de indigencia.

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  Héctor Recalde fue uno de los pioneros y Sergio Palazzo uno de los actuales impulsores de la reducción de la jornada laboral.

Héctor Recalde fue uno de los pioneros y Sergio Palazzo uno de los actuales impulsores de la reducción de la jornada laboral.

El joven Héctor Recalde (en tanto una persona tiene la edad de sus ideas y prejuicios) es uno de los especialistas en derecho laboral más prestigiados y con mayor experiencia práctica en el país. Consultado por AIRE asegura que “la reducción de la jornada de trabajo –y se lo digo a los empresarios que contestan con el bolsillo- que está demostrado científica y empíricamente que la reducción de la jornada mejora la productividad y baja notablemente los accidentes del trabajo (…) si cada uno de los 6,5 millones de hombres y mujeres que tienen empleo trabajaran una hora menos por día, estaríamos –no creando empleo- pero sí estaríamos distribuyendo empleos entre personas que no lo tienen”.

Recalde simplemente asume un comportamiento básico del mercado laboral de los últimos 6 años, la dificultad para crear empleo de calidad del complejo industrial (muy acentuado en la agroindustria) sin importar si los ciclos económicos son expansivos o recesivos; de hecho al finalizar la década kirchnerista el desempleo estaba en su tasa más baja en 28 años (5,9%) con la creación de 150.000 empleos formales, pero el empleo no registrado alcanzaba el 35% y la inversión privada representaba alrededor de un 40% de la inversión total, mientras la inversión pública traccionaba un modelo que ya había agotado su fase más dinámica.

Es cierto que la legislación que define la actual jornada tiene casi 100 años, la Ley 11.544 es de 1929, pero debería aggiornarse para mejorar las condiciones laborales más allá de coyunturas adversas y de los modelos de país que encarnen gobiernos neoliberales o populistas y de inclusión social. Sobre la cantidad de horas semanales de labor, los proyectos en danza y el que estudia el Ministerio de Trabajo nacional oscilan entre 30 y 45, pero Recalde sostiene que “lo ideal serían 32 horas como en Francia e incluso podría discutirse un día menos a la semana de labor como tiene España para algunas ramas de actividad, hay que abrir el debate y ver cómo resolvemos los efectos negativos, la clase empresaria argentina está en contra del gobierno pero deberían exponer sus argumentos públicamente para acordar o para que el rey quede desnudo”.

Precisamente en Francia y para mantener los salarios de los trabajadores con jornadas reducidas, sin aumentos en “el costo laboral” ni pérdida en la competitividad de las ramas que lo implementen, se asume que la reducción del tiempo de trabajo “se autofinancia” parcialmente (el desempleo no es gratuito para el Estado aunque beneficioso para empresarios extorsivos que especulan con el “ejército de reserva”) y el resto se obtiene de otro punto sensible para los empresarios argentinos: una reducción de los dividendos distribuidos entre accionistas. Precisamente Recalde fue el primero en presentar un proyecto para aumentar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas afectando los dividendos repartidos, y jamás tuvo tratamiento parlamentario. El ex asaesor de la CGT y redactor de parte de la plataforma laboral del peronismo en 1983, lo recuerda y ensaya una autocrítica: “Fui 12 años diputado nacional y 10 presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y no pude imponer ese proyecto, presenté 934 proyectos de ley y obtuve sanción de más de 40, nada mal pero siento lo mismo que con el proyecto para reducir la jornada, que la peor lucha es la que se abandona”.

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El Ministro Moroni aseguró que “no está en la agenda del gobierno una reforma laboral” pero que la reducción de la jornada puede implementarse por sector de actividad.

El Ministro Moroni aseguró que “no está en la agenda del gobierno una reforma laboral” pero que la reducción de la jornada puede implementarse por sector de actividad.

Recalde no está solo, la diputada nacional Fernanda Vallejos se prendió en la iniciativa, también la Corriente Federal Sindical, el ex ministro Carlos Tomada, luego Mara Ruiz Malec (Ministra de Trabajo de Axel Kiciloff) y recientemente Claudio Moroni remarcó que “se crea empleo con desarrollo, no con leyes, pero aplicar una semana laboral de 4 días para algunos sectores, puede ser una respuesta para la capacidad limitada de generar empleo”. Para el laboralista señalado como mafioso por Mauricio que es Blanco Villegas más que Macri, habrá llegado el tiempo de cosechar?

Las leyes buenas son más buenas con control de los trabajadores

Cualquiera de los formatos que asuma una iniciativa que aún no tiene un borrador oficial conocido y sobre el cual discutir y efectuar correcciones, debería incluir el control de los asalariados y sus organizaciones representativas sobre la puesta en práctica de la medida. Sobre la creación efectiva de nuevos empleos no precarios, los niveles salariales ajustados a la legislación vigente y los convenios colectivos y sobre las aplicaciones diferenciadas por sector de actividad, ya sean reducciones diarias, semanales, anuales o plurianuales como ya se negocian en Europa.

Fuentes gubernamentales consultadas por AIRE aseguran que las prioridades de coyuntura –aparte de las PASO y las complejidades que reviste la interna santafesina en particular- serán el proyecto para ampliar licencias laborales por maternidad y paternidad y la creación por ley de Comités Mixtos en todo el territorio nacional y obligatorios para el Estado y los privados; pero que la reducción de la jornada laboral puede integrarse a un racimo de leyes progresivas que se contrapone con la “reforma laboral” flexibilizadora que podría exigir el FMI entre las condicionalidades para el mejor acuerdo posible hasta el momento: el de prorratear los pagos de deuda hasta 2026 y liberar fondos frescos para financiar una rápida recuperación económica.

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