Media sanción juicio por jurados
Te podría interesar
El jurado popular es MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA.
Es mucho más que una forma de dirimir una contienda judicial; entraña una concepción de administración de justicia que permite la participación directa del ciudadano, esto es una verdadera democratización de la justicia, un abandono de posiciones conservadoras que desde siempre han reservado ciertos asuntos públicos a las corporaciones.
Es una escuela de democracia porque enseña que con la deliberación y el debate en un mismo pie de igualdad se deben alcanzar los consensos para tomar decisiones trascendentes que importan a toda la comunidad.
Como lo expresara Jurgen Habermas, la legitimidad de un gobierno depende de nuestra capacidad para razonar y debatir colectivamente los méritos de sus acciones, y el jurado pone ese derecho de los ciudadanos en el corazón del proceso legal y les permite no sólo meramente testear su legitimidad, sino asumir una verdadera responsabilidad al emitir sus veredictos.
Uno de los más afamados defensores de esta institución, Alexis de Tocqueville, dijo que: “El juicio por jurados no sólo es el medio más enérgico de hacer reinar al pueblo, sino también el modo más eficaz de enseñarle a reinar”; es de esta forma en que el pueblo se relaciona con el único poder que no resulta de una elección directa de éste, legitimando al mismo tiempo su propio accionar.
Pero no sólo entraña más democracia sino también MÁS Y MEJOR REPÚBLICA porque hace bien visible cómo se administra justicia, transparenta la toma de decisiones estatales e involucra a la ciudadanía en asuntos que son de su incumbencia, es una forma de organizar la cosa pública; contribuye a debilitar la burocracia y el corporativismo, se reduce la posibilidad de injerencias indebidas sobre jueces abogados que son generalmente elegidos por otros abogados.
Este proyecto va a terminar de CONSAGRAR EL SISTEMA ACUSATORIO Y ADVERSARIAL que ya esta misma Legislatura aprobó por unanimidad en el año 2006 cuando, además, consignó en los arts. 4 y 44 del Código procesal penal que instauraría el juicio por jurados en una ley especial; y esto es así porque sólo puede haber juicio por jurados si hay un juicio oral y público, con igualdad de partes, transparencia e inmediación; es decir, instaurar el jurado es coronar un proceso de reforma procesal penal del que esta Provincia puede enorgullecerse a nivel latinoamericano.
Con el juicio por jurados vamos a REVALORIZAR LA FUNCIÓN JUDICIAL actualmente en crisis, la desconfianza a los jueces puede ser remediada a través de la participación directa del ciudadano en la administración de justicia; todos los estudios indican que sólo poniéndose en los zapatos de un juez se puede comprender lo que implica juzgar a otro ser humano; sólo atravesando la experiencia de juzgar se puede empatizar con los hombres y mujeres que tienen la función de juzgar y así mejorar su imagen de la administración de justicia;
Lo que vamos a hacer es RELEGITIMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA, y no es un dato menor, un sistema sufrido, con crisis fuertes de legitimidad, con el jurado ayudamos a proteger a nuestros jueces porque son un apoyo para absorber las críticas y las dudas que puedan surgir luego de un veredicto impopular. El veredicto del jurado es portador de una legitimidad que la decisión del juez, como empleado del Estado, difícilmente pueda tener.
Este proyecto permitirá acercar al ciudadano común a la justicia porque DESMITIFICA EL DERECHO que es visto como una ciencia que solamente pueden y deben manejar los abogados, desmitifica a la ley como un dispositivo inextricable que no puede comprender el ciudadano común; si el ciudadano no lo puede comprender, cómo es entonces que le exigimos que lo entienda y si no lo cumple lo juzgamos y condenamos? El jurado obliga a los operadores del sistema de justicia a modificar su lenguaje para que pueda ser entendido por el imputado, por la víctima, por el testigo, por los medios de comunicación y por el vecino de a pie; dejemos el cripticismo de los abogados de lado, garanticemos la publicidad y la transparencia, revaloricemos el acto de juzgar como un hecho comunicacional efectivo.
Proponemos el sistema del jurado popular clásico, el que se integra por ciudadanos comunes con exclusión de aquellos que tengan conocimientos de derecho o tengan potencial injerencia sobre la voluntad y decisión de los demás; es el modelo que mejor garantiza la participación ciudadana en la resolución del proceso; es un sistema en el que el jurado tiene por cometido dar veredicto acerca de la existencia del hecho delictivo y también acerca de si el acusado es o no culpable, dejando en manos del juez letrado la calificación jurídica del hecho, y en su caso, la cuantificación de la pena.
Planteamos un jurado con 12 integrantes porque la historia y el derecho comparado han demostrado que se trata del número óptimo que garantiza su funcionamiento y evita decisiones apresuradas; que respeta la igualdad de género, 6 hombres y 6 mujeres, porque la visión masculina y femenina aumentan el nivel de imparcialidad necesario y ahuyenta decisiones sexistas o machistas;
Proponemos juzgar hechos graves y trascendentes con jurados, hubo consenso entre variadas propuestas de muchos integrantes de esta Honorable Cámara y llegamos a la conclusión que no todos los delitos deben ser juzgados con esta metodología, sino los que pueden ser considerados “crímenes” en la terminología constitucional;
Consideramos que se trata de una metodología de juzgamiento impuesta por la constitución para casos graves y no tan sólo de un derecho del imputado, por eso la realización de un juicio por jurados no depende de la voluntad del imputado sino de una decisión de la que deben participar el acusador, la víctima, el imputado y el juez;
Hemos recogido en el articulado la experiencia de otras provincias argentinas que ya han dado este paso trascedente al que se sumará la Provincia de Santa Fe. El primer antecedente lo ha constituido la provincia de Córdoba que instituyó un sistema de jurados escabinado en el año 2004. En el año 2011, en el marco de un proceso de reforma integral del sistema de justicia penal provincial, Neuquén sancionó una ley con un modelo de jurados legos. Le siguió luego la Provincia de Buenos Aires. Ambos casos contagiaron a otras provincias argentinas, Chaco y Río Negro recientemente sancionaron sus respectivas leyes, todas bajos los términos de un sistema de jurado clásico.
Muchos temores hubo previo a la implementación del juicio por jurados que persisten y reaparecen cada vez que se inicia un proceso de debate como el que estamos llevando adelante pero justamente la experiencias de estas otras provincias cercanas han despejado todas las dudas y temores. Las preguntas por la capacidad de la ciudadanía para cumplir con su función, por los temores a que sea un jurado influenciable por los medios de comunicación o por los propios abogados; el temor de que el jurado sea presionado; y también el temor de que tengamos un jurado punitivista que “haga justicia por mano propia”, no son más que prejuicios que se han caído como un castillo de naipes.
Los jurados neuquinos y bonaerenses han demostrado ser jurados capaces de llevar adelante esta tarea, han demostrado poder juzgar conforme a las pruebas que se presentan en un juicio y sólo conforme a ello. Las investigaciones que se han realizado en ambas provincias dan cuenta de un jurado absolutamente comprometido y responsable con el análisis del caso; los jueces, fiscales y defensores entrevistados han señalado que el jurado ha llegado a decisiones “racionales” y “ajustadas a derecho”. Pero no sólo eso. Las investigaciones también muestran que no hubo casos de presiones sobre los jurados, y que lejos de la imagen que algunos de nosotros podíamos tener de un ciudadano que condenara anticipadamente por lo que veía en la televisión, los jurados han sido muy sensatos a la hora de determinar la culpabilidad o no de un acusado. Las investigaciones muestran también que arriba de un 77% los jueces coincidieron con los veredictos que emitieron los jurados.
No hay ya argumentos para sostener que la sociedad no está preparada para juzgar. Lo está demostrando día a día, caso a caso. No hay diferencias entre neuquinos, bonaerenses y santafecinos. No tengamos miedo en confiar en los santafecinos, no tengamos miedo de devolverles el poder de juzgar que les venimos vedando desde hace tantos años. Ahora es nuestro turno, es nuestra hora de dejarle a nuestros hijos la forma más democrática y republicana de resolver sus conflictos.
