La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, apunta a fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción en la relación entre el sector público y privado.
Ficha limpia para contrataciones
El proyecto establece que todas las personas humanas o jurídicas —incluidas mutuales, cooperativas o uniones transitorias de empresas— que se presenten como oferentes en procesos licitatorios u otras contrataciones estatales, deberán acreditar la inexistencia de antecedentes penales. La exigencia alcanza tanto a los representantes legales como a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de dichas entidades.
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La norma detalla que se excluirá de los procesos de adjudicación a quienes tengan condenas por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad o el orden constitucional. La información deberá ser verificada por el Estado antes de adjudicar cualquier contratación, ya sea de bienes, servicios u obras.
Evitar la corrupción
Durante el debate en el recinto, la diputada Lionela Cattalini expresó: “Este proyecto apunta a terminar con la joda. Hay que tener ficha limpia para los políticos, pero también hay que privilegiar a los empresarios y pymes honestos por sobre el resto”.
Además, remarcó que la propuesta “es un mensaje claro para la ciudadanía: hay que terminar con la corrupción y legislar herramientas concretas que lo permitan. Las compras de alimentos, patrulleros, obras públicas o cualquier contratación del Estado deben estar libres de vínculos con personas condenadas por delitos graves”.
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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que propone la aplicación del principio de ficha limpia en todas las contrataciones del Estado provincial.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
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Para Cattalini, la norma también busca reivindicar a quienes “hacen las cosas bien, que no lucran a partir de un contacto y quieren trabajar de manera honesta”.
El texto faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de colaboración para implementar el sistema y a dictar las disposiciones necesarias para su puesta en marcha. También exige la presentación del certificado de antecedentes emitido por el Registro Nacional de Reincidencia como condición para ser adjudicatario.
