La necesidad de concentrase en agendas conjuntas entre los empresarios y los estados subnacionales, es el resultado de una caída industrial del 17% promedio en el primer tramo del año y del 69% interanual también promedio, esencial para apuntalar el superávit fiscal que luce el gobierno nacional.
Pero también flotaban sobre la mesa central, donde acababa de cerrarse la reunión de trabajo, una serie de preguntas que condicionan el devenir industrial y también político para los estados subnacionales: ¿qué puede esperar la industria del gobierno nacional?, ¿alcanzará el financiamiento provincial para ejecutar obras ante el mayor ajuste del gasto nacional en los últimos 31 años?, ¿hasta cuándo será más rentable hacer plata con plata, que hacer plata con trabajo?
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El Ministro Puccini junto al presidente de UIA destacó la importancia de adoptar políticas contra cíclicas para defender la industria y los empleos registrados (Foto: FISFE).
Las tres fueron respondidas en la rueda de prensa y a solicitud de AIRE: “Hace falta más trabajo conjunto y comprensión con el gobierno nacional, ya logramos bajar retenciones para productos industriales, para una Ley PyME no hay condiciones en el corto plazo”, sostuvo Martín Rappallini.
“Nosotros creemos que la oposición debe entender que no estamos pidiendo U$S 1.000 millones para gastos menores o corrientes, es para hacer las obras necesarias y que son parte de la política contra cíclica para sostener la competitividad de nuestras PyMEs, mejorando rutas, construyendo puentes, pero falta mucho más, en la culminación del gasoducto Gran Santa Fe, en la ampliación de la infraestructura eléctrica, porque yo te llevaría a recorrer fábricas del interior para que veas que el reclamo es permanente, faltan estaciones transformadoras de mayor potencia. Lo ideal sería conjugar esfuerzos con el sector privado y que lo financiemos juntos”, confió Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe.
Contra cíclicas es contra una caída industrial que afecta al 35% de ramas industriales y 12.000 empresas menos en el primer año de Milei, con una pérdida de 11.465 puestos de trabajo registrados. “Mucho empleo que se pierde se va al monotributo o al empleo en negro” y es una alarma pese a que la ocupación en la provincia está más de 2 puntos por encima de la media nacional.
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La tercera pregunta es más compleja y nadie arriesga ninguna hipótesis, pero si todos los años son electorales y el deporte predilecto de la política nacional sigue siendo devorarse a los socios y agredir sin límites al adversario, si el dólar es el ancla antiinflacionaria principal para sostener todo el esquema económico, puede que el país industrial de base agropecuaria siga postergado por la República Desunida del Carry Trade.
Paolo Rocca en el gobierno, ¿la industria en el poder?
En la nota sobre la asunción de Martín Rappallini que publicáramos en AIRE a principios de mayo, decíamos que salía un abogado y lobista para el ingreso de un fabricante, un industrial que venía a satisfacer la demanda del entramado PyME ajustando la agenda de la principal entidad patronal del país. También, que tanto a Funes de Rioja como a Rapallini los promovió quien conduce desde hace décadas a los empresarios más importantes y prósperos del país: Paolo Rocca.
El empresario ítalo-argentino es CEO del Grupo Techint, un conglomerado industrial que opera en más de 40 países y tiene 95 mil empleados, pero además fue el principal aportante de campaña en la carrera de Javier Milei a la Presidencia, reconfigura el grupo a través de Tecpetrol hacia el extractivismo de gas y petróleo, y es el principal apoyo empresario del gobierno libertario, con dos canteranos en puestos claves de gobierno: Julio Cordero en la secretaría de Trabajo y Horacio Marín, el actual presidente del Directorio y gerente general de YPF.
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Los Rocca no invierten jamás en armamentos, medios o especulación financiera, aseguró el empresario más importante del país y principal sostén empresario del gobierno nacional.
No era Funes de Rioja el problema central, sino el posicionamiento híbrido de Rocca el que plantea una situación que está aún lejos de resolverse: el apoyo de las patronales empresarias a un modelo que no nombra la industria nacional ni al conglomerado PyME en los discursos oficiales de sus dos principales funcionarios: el presidente y el ministro de Economía Luis Caputo.
Hace pocos días, al recibir el premio “Trayectoria Empresaria 2025” en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Rocca subió el tono para amonestar a la bicicleta y la especulación financiera: “Entre los mandatos que me dejó mi abuelo (fundador del holding), estaban nunca invertir en la fabricación de armamentos, en los medios de comunicación y en actividades financieras”.
Cumplidas las tres con un par de salvedades: en los medios con pautar suele alcanzar y muchos empresarios industriales e incluso agroexportadores perjudicados por la baja de precios internacionales y el dólar barato electoral, hacen carry para compensar pérdidas.
En el libro de no ficción más vendido del momento (El país que quieren los dueños), el economista y comunicador Alejandro Bercovich se hace varias preguntas, pero hay dos que vienen muy a cuento para ésta nota: ¿es Milei el instrumento político que estaban esperando? Y si es así: ¿qué están dispuestos a ceder los empresarios para que los acompañemos en este rumbo?
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No hablamos con Paolo Rocca (no llegamos ahí) pero ya describimos la inserción de Techint en el gobierno, en un modelo sobregirado a la explotación de comoditties, y tenemos un off chequeado por triplicado: “lo vimos como un loco, un personaje de TV, lo apoyamos pero no pensamos que iba a llegar, no era lo que preferíamos y aún no sabemos cómo puede salir, pero es una gran oportunidad”.
Andrés Calamaro, en “Las oportunidades”, arranca cantando “a veces, esperando las oportunidades, no se ven y se tira todo a la marchanta”. Es lo que los sectores empresarios con mayor poder no piensan hacer pese a las reservas con los modos presidenciales.
Dólar, aranceles, impuestos: la discusión es por el Estado
El presidente de UIA en Rosario nos aclaró “tenemos muchas expectativas con la reforma laboral que aún está pendiente, forma parte de los costos que necesitamos manejar para mejorar la competitividad” y a la consulta por el anuncio de Mara Bettiol (UART) del riesgo de quiebra del sistema de riesgos laborales sostuvo que “nosotros estamos muy preocupados, la industria bajó un 70% la siniestralidad es decir que hicimos nuestra parte del trabajo, pero nos aumentaron un 80% los costos de los seguros por aumento de la litigiosidad.
Santa Fe, de hecho, es la tercera provincia con mayor litigiosidad (por debajo de Buenos Aires y CABA y por encima de Córdoba y Mendoza) con un incremento del 5,8%, tenemos que estudiar junto con la provincia cómo resolver esto y es tema central de nuestro Departamento de Políticas Sociales en UIA”.
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Foto general del encuentro la sede del gobierno provincial en Rosario, donde el Pullaro y Rapallini coincidieron en la necesidad de un “nuevo contrato productivo” nacional (Foto FISFE).
Pero más allá del menú de temas que preocupan al empresariado nacional, Bercovich elabora una tesis controversial y desafiante: que lo que los empresarios disputan es centralmente es el control del excedente que resulta del achicamiento estatal, porque no son iguales los recursos disponibles si el Estado es del 43% del PBI como durante la pandemia, del 35% con el kirchnerismo o del 25% como impulsaban e impulsan Macri o Milei. Esa es una coincidencia central entre los libertarios y el empresariado y se verifica en la lucha a brazo partido por el pago de impuestos.
Bercovich sostiene que “como antes lo habían hecho sus primos europeos y estadounidenses, los magnates criollos (como Rocca, Pagani, Bulgheroni, Eurnekián o Galperín) se emanciparon del fisco. Así empezó la demolición silenciosa del Estado, sólo faltaba que alguien viniese a terminar la faena desde adentro”. El asunto parece ser “qué porción de la economía se mantiene bajo el control del capital y cuánto se le escurre” hacia la planificación estatal y el gasto público y social.
Milei llegó para definir esa disputa, tiene aún 31 meses para concretarlo y la tolerancia empresaria deberá seguir debatiendo cuánto hay que perder para ganar.
