El exministro de Seguridad de Santa Fe confirmó que asistirá a la citación hecha por la Comisión Bicameral de Acuerdos donde avanza una causa en su contra por presunto proselitismo.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La figura de Marcelo Sain, director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), volverá a estar en el centro de la escena política de la provincia cuando concurra a la Legislatura provincial para afrontar otro proceso disciplinario en su contra.
El exministro de Seguridad de Santa Fe confirmó que asistirá a la citación hecha por la Comisión Bicameral de Acuerdos donde avanza una investigación en su contra por presunto proselitismo, en referencia a sus publicaciones políticas en redes sociales y a las declaraciones realizadas en distintas entrevistas periodísticas. El proceso fue impulsado por el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico.
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Mediante una nota que será presentada este lunes ante la Comisión Bicameral de Acuerdos por los abogados de Sain, se hará un planteo de incompetencia de dicha comisión para aplicar sanciones disciplinarias a miembros del MPA “por la manifiesta inconstitucionalidad de la ley 14.016 (incompatibilidades de funcionarios del MPA) que vulnera la separación de poderes prevista en la Constitución de la provincia de Santa Fe”.
Asimismo, el funcionario del MPA sostiene que la acción de la comisión constituye una intromisión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Ante ello, advierte que “mi asistencia no puede tomarse como consentimiento o aceptación del trámite que pretende llevarse adelante”.
A su vez, el director del OI asegura que la Comisión Bicameral de Acuerdos carece de competencia para reglamentar la ley 13.013 (orgánica del MPA) por vía de resolución interna. “La resolución N° 803/2018 tiene naturaleza jurídica de reglamento autónomo mediante el cual la comisión puede sistematizar su funcionamiento, pero no tiene aptitud alguna para regular el procedimiento disciplinario administrativo de un funcionario público”. Sobre este aspecto, agregó que la regulación de los procedimientos es potestad exclusiva y excluyente de la Legislatura.
Por otro lado, Sain se refirió a la necesidad de unanimidad permanente de los miembros del Tribunal mientras duren los actos de procedimiento. Al respecto, vale indicar que el artículo 3 de la resolución dispone la posibilidad de iniciar la reunión con quórum reglamentario, con posibilidad de debatir sin la presencia de dicho quórum. “Tal disposición se opone abiertamente a la función que cumple la comisión en los presentes, que, apreciada a la luz de la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se reputa como materialmente jurisdiccional al juzgar la responsabilidad política de las autoridades que la Constitución determina y, en ese sentido —y con las particularidades que más adelante se señalan—, ésta es equiparable a un Tribunal Judicial, aunque no lo es en sentido propiamente dicho”.
Por otra parte, Sain remarcó que la audiencia debe ser ante los miembros de la Cámara Legislativa reunidos en sesión conjunta. El artículo 8 de la resolución Nº 803/2018 establece la elaboración de un dictamen que la Comisión confecciona para poner a consideración de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta, que podrá decidir la destitución del cargo por voto de mayoría absoluta (art. 9). “De ello se deduce que la audiencia del interesado debe ser ante los miembros de la Cámara Legislativa reunidos en sesión conjunta, y no mediante la presentación de un Dictamen de Comisión”, destacó.
En la nota que presentará este lunes en la Legislatura, Marcelo Sain adelantará que en defensa de sus derechos planteará la acción correspondiente en sede judicial solicitando cautelarmente se ordene a la Comisión de Acuerdos Legislativos que se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria o precautoria sobre su persona.
Por último, Sain confirmó que asistirá el 27 de octubre a declarar ante la comisión, pero solicitó algunas medidas concretas: vista de la totalidad del expediente administrativo, que la audiencia se realice ante las cámaras en sesión conjunta, se proceda al registro en audio y video de la audiencia, presencia irrestricta de la prensa y la presencia de sus letrados patrocinantes.
La semana pasada se cerró la etapa de elaboración de pruebas. El senador acusador, Lisandro Enrico, presentó sus pruebas y se resolvió convocar al funcionario investigado para que ejercite su derecho a defensa.
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La Comisión Bicameral de Acuerdos avanzó con la denuncia y el pedido de investigación que había presentado, en agosto, el senador del departamento General López. En la audiencia, los legisladores analizaron las pruebas recolectadas durante esta primera etapa, que concluyó con la acusación presentada por Enrico.
El legislador sostuvo que hay incompatibilidades entre el cargo actual de Marcelo Sain –director del Organismo de Investigaciones del MPA– con sus expresiones de contenido político y proselitista publicadas en sus redes sociales y en su blog personal.
Según manifestó Enrico en el pedido de investigación, la solicitud está basada en “motivos y hechos que se vienen desarrollando desde que se reincorporó a su función y que colisionan directamente con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución provincial”.
La nota del senador provincial sostiene que Sain “una vez reintegrado (al OI) continuó desplegando la actividad de proselitismo partidario que siempre lo caracterizó” pero advierte que “ahora dedicada a agraviar a las instituciones democráticas de la provincia y a los funcionarios y representantes electos por los santafesinos”.
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