Malfesi reingresó el proyecto para terminar con el monopolio bancario y garantizar la libre elección a los empleados públicos

La diputada provincial Silvia Malfesi reingresó en la Legislatura el proyecto de ley que consagra la libre elección de la entidad bancaria para todos los agentes de la administración pública provincial. Fue luego de los reiterados reclamos al Banco de Santa Fe.

Silvia Malfesi, diputada provincial.

Silvia Malfesi, diputada provincial.

Frente a los crecientes reclamos de los trabajadores estatales por las fallas operativas y los arbitrarios cambios en las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito por parte del Banco de Santa Fe, la diputada provincial Silvia Malfesi reingresó en la Legislatura el proyecto de ley que consagra la libre elección de la entidad bancaria para todos los agentes de la administración pública provincial.

La iniciativa, acompañada por los legisladores Alicia Azanza y Emiliano Peralta del bloque Somos Vida, busca poner fin al cautiverio financiero de los empleados de los tres poderes del Estado, entes autárquicos y descentralizados.

La propuesta ya había sido presentada por la legisladora en 2024, pero perdió estado parlamentario tras permanecer sin tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El proyecto establece el derecho de cada agente público a decidir en qué banco o entidad financiera prefiere percibir su remuneración.  

El proyecto establece el derecho de cada agente público a decidir en qué banco o entidad financiera prefiere percibir su remuneración.

Al respecto, la diputada libertaria señaló que las deficiencias recurrentes en la prestación del servicio son el resultado directo de la ausencia de competencia.

Al mantener a miles de estatales cautivos por norma de un único prestador, el banco carece de incentivos para mejorar la atención, derivando en distorsiones que terminan afectando el bolsillo de los trabajadores cuando los vencimientos de los servicios no coinciden con el cronograma oficial de pagos de haberes.

El proyecto establece el derecho de cada agente público a decidir, en cualquier momento de su carrera y mediante una simple notificación, en qué banco o entidad financiera prefiere percibir su remuneración, manteniendo la opción de permanecer en la entidad actual si así lo deseara.

Malfesi remarcó que obligar coactivamente a un trabajador a cobrar su salario en un banco determinado vulnera la libertad de contratación consagrada en la Constitución Nacional.

Desde la bancada impulsora sostienen que la apertura del mercado generará competencia real entre las entidades bancarias, forzándolas a ofrecer mejores beneficios, tasas de interés más competitivas y una atención de mayor calidad para atraer y conservar a los usuarios estatales.

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