Este miércoles en Córdoba, el expresidente Mauricio Macri criticó al Gobierno nacional por impulsar una reforma del Ministerio Público Fiscal, acusó al kirchnerismo de practicar lawfare contra él y se refirió a la posibilidad de ir preso en una entrevista con el diario La Voz del Interior: “Estoy preocupado, no tengo miedo y me estoy ocupando”, sostuvo el líder del PRO.
Esta jueves, en declaraciones a radio Mitre, aseguró: “Si ellos llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional. Cualquiera que diga algo contrario a lo que haga al gobierno… ahora los fiscales van a instruir, van a ser más importante que el juez”.
“Yo he rechazado los fueros. Podemos habernos equivocado con la macro, tendríamos que haber tenido una actitud más agresiva en la baja del déficit, más coherencia con la política cambiaria, pero nadie puede decir que nuestro gobierno no fue correcto. No hemos tenido bolsos ni esas paparruchadas que hemos visto. hemos sido un gobierno que se ha preocupado por rendir cuentas”, expresó Macri.
El exjefe de Estado se defendió de las acusaciones del oficialismo y dijo que es “mentira” que haya existido una mesa judicial para impulsar causas contra funcionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner durante el Gobierno de Cambiemos. “Ahora dicen que todas las hice yo, es todo mentira; la mesa judicial es todo mentira, los que practican el lawfare son ellos persiguiéndome a mí, a mi familia”, sostuvo.
Pedido de captura
El diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los cerebros de la estrategia jurídica del gobierno de Mauricio Macri, fue declarado en rebeldía y ya pesa sobre él una orden de captura internacional en la causa que investiga supuestas presiones de la gestión de Cambiemos sobre el Grupo Indalo y sus accionistas.
Sobre la decisión de Rodríguez Simón de refugiarse en Uruguay, Macri dijo no estar de acuerdo, aunque afirmó que lo entiende.
La orden de captura fue librada por la jueza federal María Romilda Servini luego de que el dirigente macrista la notificara, a través de un escrito, presentado por su abogado, Gustavo de Urquieta, que se acogió al régimen de Asilo como Refugiado Político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, según pudo reconstruir Télam.
La magistrada consideró que la estrategia adoptada por el imputado lo colocó en posición de quien intenta sustraerse del accionar de la Justicia, por lo que ordenó su “captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria” y dispuso la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus productos bancarios.
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