El diputado nacional por Santa Fe y jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, será el encargado en el Congreso de impulsar el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Martínez participó este miércoles de una reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para interiorizarse de la solicitud del Poder Ejecutivo.
"Creo que es muy importante la decisión política tomada por el Presidente de la Nación, junto con el grupo de gobernadores, para poder dar un debate a fondo en la Cámara de Diputados a través del mecanismo de juicio político sobre el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina y más específicamente sobre la cabeza del Poder Judicial que la Corte Suprema de Justicia", dijo en diálogo con AIRE el legislador santafesino.
¿Cuáles son las causas para impulsar el juicio político a la Corte Suprema?
Martínez dijo que el pedido de juicio político tiene dos grandes pilares: el avance de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo de la coparticipación que favorece a la ciudad de Buenos Aires. Al momento de brindar argumentos, el jefe de bloque del Frente de Todos aseguró que "la Corte hizo un desbarajuste infernal" en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y apuntó específicamente al presidente del cuerpo Horacio Rosatti.
"El Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la Constitución Nacional, reglamentado por una ley del Congreso que en diciembre del año pasado se declaró inconstitucional. La ley reglamentaria es del año 2006 y se declaró inconstitucional después de 15 años de vigencia. Además se puso un plazo al Congreso para que sancione una nueva ley y se hizo algo más grave aún, que cumplido ese plazo se repuso la vigencia de una ley derogada que tenía su origen en 1997. Por estas decisiones el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que básicamente promueve la incorporación y la remoción de los jueces, está paralizado desde el momento en que Horacio Rosatti se autoimpuso el rol de presidente, no solamente de la Corte Suprema, sino también del Consejo de la Magistratura", argumentó.
"El segundo gran pilar de nuestra acusación tiene que ver con el fallo de la coparticipación que favorece la ciudad de Buenos Aires donde hace tiempo que viene un proceso de traspaso de la policía donde obviamente se han ido dando pasos en el financiamiento todo eso", dijo y continuó: "Pasando por arriba de las capacidades, de las potestades que tiene el Congreso argentino para fijar el presupuesto y pasando por arriba de las competencias específicas que tiene Poder Ejecutivo para la migración financiera cotidiana de los recursos públicos, la Corte indica que hay que sacarle fondos que son para la totalidad de las provincias argentinas y destinárselo exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Luego, el diputado santafesino añadió: "Esas son las dos grandes acusaciones y se le puede agregar un elemento no menor, pero sí secundario, que son estas nuevas revelaciones que indican que hay un entramado entre personas muy afines al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es el caso de Silvio Robles y a personas muy cercanas a Rodríguez Larreta, como el caso de Marcelo D´Alessandro (ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires) donde había un intercambio fluido alrededor del tema del fallo de la Corte por la coparticipación, bueno están absolutamente fundadas las condiciones para que nosotros podamos avanzar con este juicio político".
¿Cómo es el camino que recorrerá el pedido de juicio político a la Corte Suprema?
Al ser consultado sobre cómo es el camino que recorrerá a partir de ahora el pedido de juicio político, Martínez dijo: “La solicitud realizada por el Presidente de la Nación y los gobernadores se va a traducir en un proyecto de resolución que va a ser tratado en la comisión de Juicio Político. Ese tratamiento va a poder empezar a darse cuando se confirme la convocatoria a sesiones extraordinarias”.
"El presidente tiene que sacar un decreto porque esa es una decisión que es exclusiva del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a convocar a la comisión de Juicio Político donde hay una primera etapa en la que se analizan las condiciones objetivas y subjetivas de la denuncia que nosotros realizamos. Eso se aprueba con una mayoría simple hacia el interior de la de la comisión de Juicio Político y se avanza en la etapa probatoria. La comisión de Juicio Político puede invitar, obviamente, a los denunciados, puede invitar a académicos, a testigos, puede ordenar medidas de prueba para poder consolidar la acusación y el carácter probatorio para llegar así a una última instancia que es un dictamen de la comisión de Juicio Político, que también se aprueba con mayoría simple, y que allí pasaría al recinto", explicó respecto a cómo es el proceso de juicio político.
Ante la pregunta por los plazos que tiene la Cámara de Diputados para tratar el pedido de juicio político, Martínez respondió: “En el punto tres del comunicado que envió el Presidente de la Nación y los gobernadores nos indicaron que avancemos con la mayor celeridad posible. Pero yo lo quiero decir con mucha claridad, nosotros queremos hacer un análisis de estas situaciones absolutamente apegados a las normas que tiene la Cámara de Diputados en su reglamento y en el reglamento que tiene la comisión de Juicio Político que vamos a hacer un trámite absolutamente institucional, transparente a la vista de todos que nos permita principalmente dar un debate de fondo que es qué está pasando con la Justicia argentina y especialmente que está pasando con la cabeza el Poder Judicial”.
Acerca de si el Kirchnerismo va a acompañar esta iniciativa, Martínez dijo: “Yo soy kirchnerista y nunca lo he negado, así que yo estoy impulsándolo. Sé que es parte de la tarea periodística puntear quién estuvo, quién firmó, quién no firmó, quién va a estar en las comisiones, quién no va a estar. Pero sinceramente me parece que el tema tiene una escala tal, una envergadura tal, que está muy por encima de cualquiera de las situaciones puntuales que se pueden haber provocado. Aquí no estamos discutiendo si tal o cual el gobernador firmó o no firmó esta solicitud. Me parece que lo importante es que el Presidente de la Nación, junto a un grupo importante de gobernadores, están impulsando un debate que favorece a los 47 millones de argentinos y a todas las jurisdicciones provinciales que se ven afectadas cuando el Consejo de la Magistratura no funciona y cuando la Corte, invadiendo las potestades de otros poderes, avanza en fallos que a mi criterio son lamentables respecto a la cuestión de la coparticipación federal.
“Inclusive cuando se toma esta decisión y se avanza se está pensando en los territorios donde gobiernan aquellos gobernadores que firmaron, pero también los otros. Esto va a favorecer a compañeros y compañeras de nuestro espacio político que no han adherido a esta presentación y también va a favorecer a gobernadores de otros signos políticos porque a nadie le conviene tener una Corte Suprema de Justicia que esté sistemáticamente invadiendo las áreas de competencias específicas de los otros poderes del Estado”, finalizó.
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