En abierto desafío al Congresom Nacional, el presidente Javier Milei presentó un vasto y por demás ambicioso proyecto de Ley Ómnibus por el cual pretende que los legisladores deleguen en el Poder Ejecutivo facultades para tomar medidas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El mega proyecto de Javier Milei propone reformas profundas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalEl proyecto propone que esa delegación legislativa perdure durante todo su mandato, lo que implicaría un virtual cierre del Congreso, tal como advierten desde la oposición.
Junto al mega decreto que dictó la semana pasada, de 366 artículos, el presidente libertario aspira a una importante concentración de poder para desregular la economía, administrar los bienes del Estado, reformular el sistema electoral, modificar alícuotas de impuestos, endurecer las sanciones contra las manifestaciones e intervenir en infinidad de aspectos de la vida cotidiana de los argentinos.
Para ello, exhibe como apoyo el respaldo popular que recibió en las urnas en noviembre pasado. A sabiendas de que ese crédito social es finito, el jefe de Estado pretende que el Congreso apruebe en tiempo récord sus reformas.
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Sin embargo, los legisladores no parecen dispuestos a consentirlo. Desde las distintas bancadas se levantaron voces críticas contra el mega proyecto por la cantidad de facultades que busca arrogarse el primer mandatario. Es muy difícil que el proyecto prospere tal como está planteado.
El proyecto está dividido en varios capítulos y abarca una infinidad de temáticas.
Reformulación del sistema político y electoral
Además de la derogación de la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), propone un sistema de circunscripciones uninominales –que serán definidas por el Poder Ejecutivo– para la elección de los diputados nacionales, en reemplazo del actual sistema plurinominal.
Esto significa que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.
Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria
Si bien el Poder Ejecutivo “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, el proyecto no indica cuál sería la periodicidad.
Además, el Gobierno quiere que se lo faculte a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.
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Hay más en materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Anses. Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76 mil millones de dólares.
Blanqueo de capitales
Se incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.
Moratoria impositiva
Contemplará deudas contraídas por particulares y empresas por obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En todos los casos se habla de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y establece un periodo de adhesión voluntaria de hasta 150 días corridos desde la sanción de la norma.
Privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal
El capítulo del proyecto que refiere a la privatización de empresas y sociedades del Estado apunta, entre otras, a YPF, la Administración General de Puertos S.E., Aerolíneas Argentinas, Arsat, AySA, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., la Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Argentina, Enarsa, Ferrocarriles Argentinos, Operadora Ferroviaria y diversos medios públicos.
Deuda pública
Se deroga el artículo primero de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a solicitar autorización al Congreso para emitir bonos en dólares por encima de lo establecido en el presupuesto.
Impuestos
Contempla un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Asimismo, se dispone una suba en las retenciones agropecuarias: los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%.
En el caso de la soja, el grano sigue con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite.
Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.
Seguridad
Incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones y agrava las penas por los cortes de calle. Tanto que a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte lo castiga con hasta tres años y medio de cárcel; es decir que, de aprobarse esta reforma, el piquete puede tener un castigo de prisión efectiva.
Hoy, el máximo de ese delito es de dos años. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse. Establece también la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación” toda “reunión o manifestación”.
Justicia
Se dispone el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad en un plazo de tres años y, además, instaura el régimen de Juicio por Jurados para que sean juzgados por este sistema todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los 5 años de prisión o reclusión.
Educación
En materia de educación, se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país.
Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
Reorganización del Estado
El Gobierno reclama facultades para “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferir a las provincias, en los casos que corresponda, previo y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente”.
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