Las universidades de todo el país realizan un paro de 72 horas en reclamo de salarios
La Conadu Histórica dispuso un paro de actividades desde este miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre en reclamo de mejoras salariales. Los docentes de la UTN se suman al paro de 72 horas.
Las universidades de todo el país realizan un paro de 72 horas por mejoras salariales.
Las medidas de fuerza serán desde este miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada por el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica, que se reunió el pasado 30 de octubre con la participación de 84 representantes de asociaciones de base de todo el país.
El paro de los docentes universitarios también tendrá impacto en Santa Fe.
“Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expresaron en un comunicado.
Los docentes de la UTN se suman al paro de 72 horas
La federación nacional que representa a los docentes de la UTN (FAGDUT) informó que se suman al paro de 72 horas de protesta activa. Por un lado, el miércoles 12 realizará una medida de fuerza en todo el país, mientras que el jueves 13 y viernes 14 llevará adelante jornadas de visibilización de la problemática universitaria con clases públicas, asambleas, abrazos solidarios, y toda acción tendiente a mostrar la desidia que padece la universidad pública.
De esta manera, la jornada de protesta comenzará con un paro nacional este miércoles, por lo que no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que tiene la UTN a lo largo y ancho del país ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también dependiente de esta casa de estudios.
"Seguimos insistiendo por salarios dignos e inversión universitaria", enfatizó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, quien dijo que "el Gobierno se equivoca si piensa que en las elecciones la ciudadanía le dió un cheque en blanco para hacer lo que quiera".
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El jueves 13 y viernes 14 llevará adelante jornadas de visibilización de la problemática universitaria con clases públicas, asambleas, abrazos solidarios.
A su vez, el dirigente aseguró que "el sentimiento identitario de la sociedad a favor de la universidad pública sigue intacto", y dijo que eso se demostró con las tres marchas federales que se llevaron adelante.
Desde FAGDUT, además, esta semana recurrirán a la vía legal, ya que presentarán una Carta Documento para que el Ejecutivo convoque a paritarias. En este sentido, el titular del sindicato, Mozzi, contó que debido a estas políticas de "ajuste terminal" muchos docentes de la UTN deciden migrar al sector privado.
"El Gobierno tiene una mirada reduccionista y cortoplacista", señaló el docente tecnológico, y explicó que "cualquier país que tenga mirada estratégica y de futuro tiene que invertir en sus universidades".
Por último, los dirigentes se mostraron "muy preocupados" por la reforma laboral que tracciona el Ejecutivo, porque "lejos de ser una modernización, que es lo que necesitamos, será un avasallamiento contra los derechos de los trabajadores", señalaron.
La decisión de Javier Milei sobre el presupuesto universitario
El conflicto con el Gobierno Nacional se reavivó luego de que Javier Milei promulgara la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, pero decidiera suspender su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
La normativa —sancionada con amplio consenso legislativo y cuyo veto presidencial fue rechazado por dos tercios de ambas cámaras— busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. Además, obliga a que el presupuesto se actualice automáticamente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
El decreto presidencial que frenó la aplicación de la ley estimó que entre mayo y diciembre de 2024 la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional de más de $123 mil millones para el ejercicio actual. Para 2025, el gasto proyectado asciende a $1,06 billones, y para 2026, a $2,008 billones.
