La radiografía del microtráfico en Santa Fe: miles de denuncias, allanamientos y condenas en dos años
Un informe oficial reveló el alcance de la política contra el microtráfico, con fuerte participación de denuncias ciudadanas en la provincia de Santa Fe.
Desde el oficialismo sostienen que los resultados obtenidos son consecuencia de una transformación institucional impulsada por el Ejecutivo provincial.
A dos años de la entrada en vigencia de la Ley 14.239 de Desfederalización Parcial de Delitos Vinculados al Narcomenudeo, Santa Fe presentó el primer balance integral de una política que modificó de manera sustancial la persecución penal del microtráfico. Los números reflejan la magnitud de la intervención estatal: 24.843 causas ingresadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), 2.616 allanamientos, 658 armas secuestradas, 490 condenas y 100 puntos de venta de droga desactivados.
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El informe fue elaborado de manera conjunta por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad, y aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en cumplimiento del artículo 11 de la ley, que obliga a realizar una evaluación a los 24 meses de su implementación para determinar la continuidad del régimen.
Un cambio de paradigma en la persecución penal en la provincia de Santa Fe
La adhesión a la ley implicó una modificación profunda en la investigación de los delitos vinculados al microtráfico. Hasta entonces, las causas quedaban bajo la órbita de la Justicia Federal y, según sostiene el informe, muchas investigaciones terminaban concentradas en vendedores minoristas sin una estrategia integral sobre los mercados ilegales.
Con la desfederalización, el Ministerio Público de la Acusación asumió la conducción de la política criminal en la materia y comenzó a trabajar sobre análisis previos de mercados de venta, organizaciones involucradas y niveles de violencia asociados a la comercialización de estupefacientes.
En paralelo, se crearon estructuras específicas para abordar el fenómeno. Entre ellas aparecen la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFE-MT), la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, el Dispositivo de Producción de Información sobre Comercialización, Acopio y Consumo de Estupefacientes (DIPROCACE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).
Más denuncias, más allanamientos y más condenas
Uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento sostenido de las denuncias ciudadanas. Durante los dos años analizados se registraron 18.409 llamados al 911 reportando presuntos puntos de venta de droga.
La demanda social para intervenir sobre estos lugares mostró un incremento constante: las denuncias crecieron un 153% entre 2023 y 2024 y volvieron a aumentar un 24,7% entre 2024 y 2025.
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Ese flujo de información derivó en una intensa actividad investigativa. El MPA registró 24.843 ingresos por causas de microtráfico, con un promedio de 33 nuevas investigaciones por día. A partir de esas actuaciones se concretaron 2.616 allanamientos en toda la provincia, aunque el 74% de ellos se concentró en Rosario, la ciudad con mayor volumen de intervenciones.
Las investigaciones también permitieron secuestrar 658 armas de fuego, un dato que para las autoridades refleja la estrecha relación entre la venta minorista de drogas y las economías delictivas violentas.
Los derribos de bunkers y la intervención territorial
Uno de los aspectos más visibles de la política de microtráfico fue la inactivación de puntos de venta de droga. Durante estos dos años se autorizaron 105 procedimientos de cese del estado antijurídico y se ejecutaron 100 intervenciones, entre derribos de bunkers e inutilización de inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes.
Rosario encabezó la estadística con 64 derribos. Sin embargo, el informe destaca especialmente el caso de Frontera, donde se registraron nueve intervenciones que representan una tasa de 89,19 derribos cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la provincia en relación con su población.
El balance también muestra que 644 personas quedaron privadas de la libertad por delitos vinculados al microtráfico y que se dictaron 490 condenas en el período analizado.
La inversión detrás de la política de microtráfico
Desde el oficialismo sostienen que los resultados obtenidos son consecuencia de una transformación institucional impulsada por el Ejecutivo provincial y acompañada por el Ministerio Público de la Acusación.
Según los datos incorporados al informe, el Ministerio de Justicia y Seguridad ejecutó más de $116.000 millones durante 2024 y otros $129.000 millones durante 2025 para sostener la estructura vinculada a la lucha contra el microtráfico. A ello se suman inversiones por más de $117 millones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación en infraestructura y equipamiento.