El decreto N° 1104 prorroga por cuarta vez la intervención del Ente Portuario Reconquista.
El gobernador Omar Perotti firmó el 30 de junio pasado el decreto N° 1104 por el que prorrogó por cuarta vez la intervención del Ente Portuario Reconquista (EAPRe), por 180 días, con lo cual se reafirma nuevamente la decisión tomada en junio de 2020 tras un explosivo informe del actual titular de ese puerto, Martín Deltin.
El decisorio, al que tuvo acceso AIRE, recuerda en efecto que el 24 de enero de 2020, Deltin fue designado representante del Poder Ejecutivo en el EAPRe. Como ya se dijo, en el sexto mes de ese año se intervino el ente y el 24 de diciembre se firmó la primera prórroga. En 2021 hubo dos decretos similares y ahora “mediante nota de fecha 22 de junio de 2022 el Sr. Secretario de Empresas y Servicios Públicos solicita se proceda a una nueva prórroga dada la importancia de continuar con las tareas que se encuentran en curso en pos del desarrollo de la reestrucutruración de la infraestructura del puerto”, se precisa en los considerandos.
Y agrega: “Asimismo manifiesta la necesidad de garantizar la normalización de la funcionalidad del Puerto Reconquista de acuerdo a la Ley N° 11.229 por lo que sugiere extender la intervención por el término de 180 (ciento ochenta) días desde su vencimiento”.
Para encontrar la explicación de este proceso hay que remontarse al decreto N° 574 del 29 de junio de 2020. Antes de ingresar al contenido de aquel documento es necesario tener en cuenta un dato relevante: en 1999 una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA. Vueltas de la vida: cuando Perotti tomó aquella decisión, el presidente de Vicentin SAIC era Daniel Buyatti, casado con la hija del fundador del gigante empresario.
Según ese decreto, el 14 de febrero de 2020 “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”, en el que primeramente se revela un hecho insólito: “La Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.
En el mismo sentido, se indicaba que “ello es así porque Terminal A no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”.
En ese contexto, el gobernador apuntó a Ríos del Norte SA pero también a los directivos de la entidad: “esta situación no sólo representa un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.
Sin embargo, luego advertía que Deltin había denunciado ante Prefectura el 26 de mayo de este año “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”. La duda saltaba a la vista: ¿no hubo actividad en 16 años o la hubo en negro?
Por otra parte, el decreto de Perotti de 2020 señalaba que “la Terminal B utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya”, que “el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías, como el estacionamiento destinado a la aduana, parte de la Terminal A utilizada como playa de automóviles e ingreso a la mencionada guardería” y que “los depósitos pertenecientes al EAPRe, uno de ellos incorporado a la guardería Costa Norte, primero como préstamo de uso, luego como mayor superficie concesionada, son hoy depósito de lanchas, mientras que el depósito (dentro del área concesionada a Río del Norte SA), con balanzas a los laterales y rampas de carga en proximidad, es hoy también depósito de lanchas y yates”.
Ante esa situación, el gobernador sentenciaba: “Por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley en su artículo 1°: ‘Funciones de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial al momento de la creación del ente portuario’ y en su artículo 8°: ‘queda vedado a los entes el otorgamiento de autorizaciones, permisos y/o concesiones que constituyan monopolios a favor de permisionarios o concesionarios’”.
Eso no era todo: “Según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.
En ese aspecto, en el decisorio se revelaron negocios particulares con el EAPRe. Allí se afirmaba que había un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control (…) no respetándose el esquema de auditoría externa, y siendo el Síndico en ejercicio quien oficiara de contador del Ente, confeccionara, suscribiera y a la vez desempeñara el rol de auditor externo de los Estados contables, y asimismo su estudio contable llevara la administración económico-financiera del Ente”, lo cual “presenta un evidente incumplimiento de la fiscalización y control que implica una auditoría externa, una incompatibilidad ética y confusión de roles”. Y añadía que “se suma la situación de que uno de los directores fue designado apoderado legal del Ente”.
“Todo ello deriva en que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable fundadamente por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos, entre los que cabe resaltar el apego a normas éticas y al accionar transparente y que amerita ser rectificado”, disparaba.
Pero había más. El informe Deltin, citado en el decreto de Perotti de 2020, aseguró que “a la primera reunión del Directorio que se convocó en sede del municipio, con excepción del representante del municipio y de los trabajadores en el Directorio, las notas de las empresas y/o entidades privadas que acreditan la designación de sus representantes en el mismo, con correlato en el Libro de Actas y demás documentación obrante en el ente, corroboran que todos los nombramientos se encuentran vencidos”.
Asimismo, se aseveró que “no existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de Diciembre de cada año, confeccionado en un plazo de ciento veinte (120) días corridos al cierre y aprobado dentro de los treinta (30) días subsiguientes, ni tampoco obran en el Ejecutivo Provincial constancias del cumplimiento de esta disposición”.
En este marco, y “ante la gravedad de los hechos detallados”, Perotti ordenó intervenir por 180 días el EAPRe con Martín Deltin a la cabeza, a quien se le requirió finalizado el plazo “un informe circunstanciado de las medidas adoptadas y a adoptar para dar cumplimiento a los fines perseguidos con el presente decreto”, como así también se encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del ente (…) con facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.
Dos años después, esta historia aún no terminó.
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