Para beneplácito del gobierno de Javier Milei, los problemas económicos, políticos y sociales más urgentes quedaron en segundo plano.
El ocaso de Alberto Fernández tras la denuncia de su ex pareja Fabiola Yañez.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La difusión de las escalofriantes fotos de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, severamente golpeada presuntamente por el expresidente Alberto Fernández, y de chats en los que ambos se refieren explícitamente a la cuestión –sin que el acusado desmienta los hechos– dominan el escenario político por estos días.
Para beneplácito del presidente Javier Milei, los problemas económicos, políticos y sociales más urgentes quedaron en un enésimo plano en la opinión pública, lo que no significa que resurjan con más intensidad más temprano que tarde.
Ratificada la primera denuncia, ahora Fabiola Yáñez prepara la ampliación de su demanda judicial contra Alberto Fernández por violencia de género; espera, para ello, la llegada de Mariana Gallegos, la abogada que recientemente asumió su defensa, quien viajará a Madrid, donde la exprimera dama reside junto a su hijo Francisco y su madre.
Mientras tanto, Alberto Fernández continúa encerrado en el departamento donde vive, en Puerto Madero. Solo un puñado de allegados tienen contacto con él.
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El kirchnerismo, si bien repudió el hecho y buscó tomar rápidamente distancia del expresidente, quedó en estado de shock. No solo por el episodio violento que tiene como lamentables protagonistas a la expareja presidencial, sino también por las eventuales derivaciones que tendría la causa madre que disparó este escándalo, la que investiga la Justicia sobre el presunto tráfico de influencias de Fernández a favor de ciertos brokers de seguros.
Esta investigación se aceleró a partir de la revelación de diferentes intercambios que surgieron del peritaje judicial al teléfono de la secretaria del expresidente, María Cantero, con su marido Héctor Martínez Sosa, un empresario del rubro.
En los chats se menciona a diferentes funcionarios a los que Martínez Sosa querría convencer para que contrataran a su aseguradora, entre ellos los exministros Gabriel Katopodis, Sergio Massa, el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, entre otros. El peronismo está en alerta.
Mientras tanto, el Gobierno se regodea frente a las penurias que atraviesan sus adversarios políticos. “La Justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente, si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo. Apelamos a que sea así. Que la Justicia investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia”, adoctrinó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Lo resonante del escándalo le permite al Gobierno poner por debajo del radar de la opinión pública los problemas que aquejan a su propia gestión. Uno de ellos es la relación con Mauricio Macri y el PRO, actualmente en un estado de fragilidad extrema.
A las críticas que el expresidente le propinó al “entorno” de Javier Milei (léase Santiago Caputo y Karina Milei) le sucedieron, esta semana, las réplicas por parte del Gobierno. En efecto, se anunció que de ahora en más la Nación dejará de subsidiar las 31 líneas de colectivos que circulan por la Capital, medida que se suma a la restricción, dispuesta por el Ministerio de Economía, en las transferencias por coparticipación a las arcas porteñas, pese a que el jefe del área, Luis Caputo, había accedido a respetar el fallo de la Corte Suprema.
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El Gobierno también afrontará una semana difícil en el Congreso. La oposición en el Senado planea convocar a una sesión especial –posiblemente este jueves– para darle sanción definitiva al proyecto de actualización de los haberes jubilatorios, iniciativa que incluye el pago de las transferencias adeudadas a las cajas previsionales provinciales. Un mazazo al equilibrio fiscal que pregona el Gobierno, que hizo de la licuación de los ingresos jubilatorios el mayor ahorro en su afán de alcanzar el déficit cero.
En paralelo, en la Cámara de Diputados el arco opositor se apresta a rechazar el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Poder Ejecutivo aumentó en 100 mil millones de pesos los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Un decreto muy cuestionado en medio del severo ajuste impartido por la gestión libertaria.
Esta ofensiva opositora pondrá una vez más en evidencia la fragilidad de una gestión que, pese a mantener su imagen positiva, no logra anudar acuerdos estables con sectores de “la casta” que ya empiezan, de reojo, a intentar limar al Gobierno en el camino a las elecciones legislativas del año próximo.
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