El feriado "extralarge" envolvió a la clase política santafesina en una novela teñida de un escándalo de corrupción, que eclosionó el viernes pasado a la tarde con la declaración del fiscal destituido y detenido Gustavo Ponce Asahad, que introdujo al senador Armando Traferri –mencionó a otros dirigentes también- como parte del engranaje que había montado una supuesta red de protección en la justicia para resguardar la actividad ilegal de Leonardo Peiti, el empresario que manejaba el juego clandestino en el sur de Santa FE, que admitió haber pagado coimas al propio exfuncionario del MPA y al fiscal regional Patricio Serjal.
El fiscal Gustavo Ponce Asahad no está dispuesto a caer solo: en sucesivas declaraciones ha involucrado a personajes de la política, la policía y del mundo empresario en actividades ilícitas vinculadas al juego clandestino.
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Pero no fue sólo Traferri, como ya reveló Aire de Santa Fe, el destinatario de las acusaciones del exfiscal, que admitió ahora haber cobrado sobres con dinero oscuro. En una parte de la extensa declaración de Ponce Asahad, uno de los fiscales le pregunta por los supuestos vínculos de la Policía Federal con esta organización de juego clandestino.
El exfiscal, que tiró varias veces el vasito de plástico con agua del escritorio donde se apoyaba, aseguró que había “un policía federal que operaba en San Nicolás. Era su protector (de Peiti), su datero”. Pero la memoria de Ponce Asahad o las ganas de profundizar se perdieron en un ir y venir de cuestiones intrascendentes, que obligaban a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery a intentar reconducir su declaración que se iba por las ramas, sobre todo con cuestiones personales que no tenían ningún interés para la causa. El otro expolicía que mencionó en su declaración fue Daniel Corbellini, el extitular de la Policía de Investigaciones, que estuvo en ese cargo hasta diciembre de 2018, cuando el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro lo desplazó del mando de la PDI, con otras medidas que incluyeron el relevo de la cúpula de la Unidad Regional II Departamento Rosario (URII) integrada por Juan Pablo Bengoechea y Claudio Romano.
Ponce dijo que el abogado Aníbal Porri le contó que “Peiti tributaba a Corbellini y él a su vez a otros actores”. Porri fue asesor legal de la Guardia Urbana Municipal de Rosario y actualmente es asesor legal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario. Ponce Asahad mencionó que Peiti “le entregaba” –supuestamente dinero- al ex titular de la PDI en un bar de Mendoza y Avenida Francia, donde describió que es un lugar conocido por las picadas de milanesa. Pero no se explayó sobre esos supuestos encuentros, ni tampoco los fiscales le pidieron más precisiones.
En las próximas audiencias que se llevarán adelante esta semana y la próxima se verá si los fiscales profundizan sobre las fuertes declaraciones que hizo Ponce Asahad, quien no declaró como arrepentido, sino que fue reimputado en la causa, y trasladado a un lugar de detención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como solicitó.
El próximo paso de los investigadores apuntaría a llamarlo a declarar a Darío Scataglini, el exasesor de la Legislatura que renunció en agosto pasado, luego de que su nombre apareció en el legajo de la imputación contra Ponce Asahad, quien fue detenido el 4 de agosto. El exdiputado provincial aparece mencionado en la causa, cuando llama a la secretaria del empresario Peiti y se anuncia diciendo que habla de parte de Traferri. En ese momento, el empresario había apagado sus teléfonos personales, según la causa, porque Nelson Ugolini, empleado en la fiscalía, le había avisado que lo estaban investigando.
Otro nombre que aparece mencionado por Ponce Asahad en su declaración es el del exministro de Gobierno de la gestión de Carlos Reutemann, Carlos Carranza. La acusación del exfiscal es fuerte porque señala que este exfuncionario habría recibido de manera irregular “un tercer” auto Toyota. Dos recibió Serjal y uno este abogado, según el exfiscal.
Fue el primer caso que puso en la mira de la Legislatura al ahora exfiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, sospechado de archivar una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
La raíz de la sospecha es una causa judicial por delitos económicos que fue iniciada por Omar Santero, de carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, actual titular de Auto Rosario, que comercializa la marca Toyota. La causa fue favorable a González por una resolución con la firma de los fiscales de grado David Carizza y Natalia Benvenutto y fue después confirmada por Serjal.
Un mes después de esta decisión, Serjal adquirió dos autos cero kilómetro en Auto Rosario. Según Ponce Asahad un tercero habría ido a parar a este abogado que pasó por el Ejecutivo durante la gestión de Carlos Reuteman.
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