En abierto desafío contra el presidente Javier Milei, bloques opositores intentarán voltear un decreto clave para el ministro Luis Caputo.
La relación entre el presidente Javier Milei y el Congreso es compleja y está plagada de signos de desconfianza.
En un nuevo desafío al presidente Javier Milei, un amplio abanico opositor en la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una sesión especial para el martes próximo con dos objetivos: limitar el uso constitucional del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y rechazar el decreto por el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende ampliar sus facultades para canjear deuda en moneda extranjera.
De los dos temas incluidos para el debate, el que más preocupa al Gobierno es el último, ya que sería letal para la estrategia financiera de Caputo. Si ambas cámaras del Congreso voltean el DNU 846/2024 el Poder Ejecutivo nada podrá hacer, salvo publicarlo en el Boletín Oficial.
En cambio, si los legisladores eventualmente sancionan la ley para restringir el uso de los decretos presidenciales –lo que resulta improbable, ya que no alcanza lo que resta del año parlamentario para que el Senado lo apruebe–, el Poder Ejecutivo podrá vetarla.
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Quienes convocaron a la sesión especial –Encuentro Federal, Unión por la Patria y los 12 diputados radicales críticos del oficialismo– descuentan que tendrán quorum, aunque admiten que los votos están justos, sobre todo para rechazar el decreto 846.
La oposición advierte que el decreto en cuestión le otorga “superpoderes” al ministro Caputo para los futuros canjes de deuda, ya que lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso, sostienen.
La preocupación de los opositores es que, con el decreto, el Gobierno estaría habilitado, por ejemplo, a estirar los plazos de vencimiento de la deuda –por la debilidad de las reservas– ofreciendo títulos con mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de la deuda reestructurada.
El Gobierno ya accionó todas las alarmas para boicotear la ofensiva opositora. Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les mandó un mensaje a los gobernadores “aliados”: si sus legisladores apoyan el rechazo del DNU, las modificaciones que esperan incorporar en el presupuesto 2025 serán ignoradas.
En rigor de verdad, el Gobierno se limitó hasta ahora a escuchar las demandas de los mandatarios provinciales dialoguistas, pero no se comprometió a conceder nada todavía. Es más, a casi dos meses de la presentación del proyecto de presupuesto 2025 por parte del presidente Milei, el oficialismo no convocó para discutir el dictamen y, menos aún, fijó fecha de tratamiento en el recinto.
A solo tres semanas del fin del año parlamentario, esta parsimonia que demuestra el Gobierno no hace otra cosa abonar las sospechas de buena parte de la oposición de que, en rigor, Milei preferiría finalizar el año sin ley de presupuesto –con la excusa de que el Congreso pretende modificárselo– para luego manejar las partidas del gasto a su entera discreción por medio de decretos presidenciales.
Desde la presidencia de la Cámara de Diputados niegan estas sospechas y enfatizan que su prioridad es la sanción del presupuesto 2025. Los opositores dudan y por eso pretenden ir con esta doble estrategia: limitar el uso de los DNU –para evitar que el Gobierno maneje el gasto a discreción– y, en paralelo, voltear el decreto 846, para quitarle discrecionalidad a Caputo en la renegociación de la deuda.
El proyecto para restringir la utilización de los decretos presidenciales cuenta con el aval de la mayoría de la oposición. En líneas generales, la reforma busca eliminar la aprobación tácita de los DNU, proponiendo un plazo de 90 días corridos a partir de su publicación para que ambas cámaras del Congreso lo discutan. Si no fuesen aprobados dentro de ese lapso, los DNU perderían vigencia de manera automática.
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Además, establece que, si alguna de las cámaras del Congreso rechaza un DNU, este queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la actualidad, la ley exige el rechazo expreso de ambas cámaras para su derogación.
Tanto los libertarios como sus aliados del PRO rechazarán esta reforma con el argumento de que la oposición pretende ponerle palos en la rueda a la gestión de Milei. “Es un gobierno con minorías parlamentarias; no es oportuno limitar ahora el uso de los decretos”, sostienen.
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