El Gobierno de Javier Milei está decidido a jugarse a todo o nada por el ingreso de Ariel Lijo y del catedrático Manuel García Mansilla al máximo tribunal antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias, el 1° de marzo próximo.
La semana pasada dio el primer paso al presentar el dictamen del pliego de Lijo con las nueve firmas correspondientes; lo suscribieron, además del oficialismo y sus aliados, los peronistas Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero). El de García Mansilla, sin embargo, continúa empantanado: el kirchnerismo no avala su postulación.
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Queda solo una semana de sesiones extraordinarias. Si los candidatos del Poder Ejecutivo no consiguen acuerdo del Senado, en la Casa Rosada aseguran que los nombrarán en comisión vía decreto durante la última semana de febrero, que es la única de receso antes de que se inicie la actividad parlamentaria ordinaria.
¿Jueces de la Corte por decreto?
Desde Unión por la Patria echan por tierra toda posibilidad de apoyar a García Mansilla y condicionan cualquier progreso con el pliego de Lijo –al que apoyarían con sus votos– a que se avance en un acuerdo político que incluya la incorporación de una mujer a la Corte Suprema, la ampliación del máximo tribunal, la designación del procurador general de la Nación y de más de un centenar de jueces federales pendientes de aprobación.
Ante la renuencia del Gobierno a ceder a las exigencias del kirchnerismo, el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, José Mayans, advirtió que si el oficialismo concreta su amenaza de nombrar a Lijo y a García Mansilla por decreto, pedirá la destitución de ambos una vez que comiencen las sesiones ordinarias.
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Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los candidatos del gobierno de Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la Casa Rosada relativizan la advertencia. “El Senado no puede voltear un nombramiento por decreto en comisión”, insisten los voceros oficialistas. “Ni el Presidente puede ir para atrás si los designa así: una vez designados por decreto, están nombrados hasta el fin del período legislativo de ese año. No importa lo que pase en el Senado”, aseguran.
En medio de este cruce de amenazas se vislumbra un eventual y gigantesco choque de los tres poderes del Estado si, eventualmente, el Gobierno avanza con el nombramiento de Lijo y de García Mansilla por decreto.
En el Senado, los detractores de ambos postulantes seguramente intentarán destituirlos y podría abrirse un escenario de posible judicialización que pondría al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la difícil disyuntiva de tomarles juramento o no a sus dos eventuales colegas.
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El Gobierno confía en conseguir los votos para suspender las PASO
El otro tema que es de interés para el Gobierno es el de la suspensión de las PASO, un tema que divide al peronismo. El miércoles pasado, cuando el proyecto se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, nadie del bloque de Unión por la Patria firmó el despacho. De todas formas, el oficialismo obtuvo dictamen para llevar el tema al recinto la semana próxima.
“Los votos para suspender las PASO ya están”, aseguraron en la Casa Rosada, confiados en que sumarán el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Catamarca, los mismos que en la Cámara de Diputados dieron luz verde para que la iniciativa avance.